Las armas que en fotografías exhibían Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpád Magyrosi eran de la policía boliviana, habían sido robadas y la substracción denunciada ante las autoridades, pero el expediente original desapareció, afirmó este martes el abogado defensor Otto Ritter al intervenir en el “juicio del siglo” que involucra acusaciones de terrorismo, alzamiento armado, magnicidio y separatismo.
Las fotografías de los integrantes del grupo que supuestamente encabezaba Rózsa mostrando el armamento fueron inicialmente divulgadas por Ministerio del Interior y circularon profusamente en la internet convertidas en un ícono de la conspiración denunciada por las autoridades con la supuesta finalidad de dividir a Bolivia.
“Pero no hay crimen perfecto: hay copias del expediente perdido y todo será debidamente documentado a lo largo del juicio”, dijo el abogado poco antes de quedar cerrada la segunda jornada de sesiones en el juicio que desde el lunes se lleva a cabo en Santa Cruz. Las armas robadas incluirían las que después fueron encontradas en el pabellón de COTAS en la Feria Exposición de Santa Cruz.
La afirmación de Ritter, a cargo de la defensa del general del ejército Gary Prado Salmón, causó estupefacción en la sala de audiencias del Palacio de Justicia y puede revolver el caso que empezó a desarrollarse en la madrugada del 16 de abril de 2009 con la incursión de una unidad policial de élite tomó el hotel donde estaban cinco miembros de la supuesta banda. En la operación fueron acribillados Rózsa, Dwyer y Magyarosi. Los gobiernos de Irlanda y de Hungría no comparten la versión oficial boliviana de que el grupo murió un enfrentamiento. “Fue una operación armada por el gobierno”, dijo.
El sangriento episodio ha mantenido en vilo a gran parte de Santa Cruz y angustiado a decenas de familias orientales bolivianas algunos de cuyos miembros acabaron en el exilio.
Ritter dijo que el robo de las armas, algunas de las cuales afirmó que eran de fabricación inglesa, comprometía a una porción de ex soldados de la UTARC, la tropa policial que tomó el hotel y que el abogado dijo que había actuado como un “escuadrón de la muerte”. El abogado atribuyó al capitán Walter Andrade el papel de agente infiltrado en el grupo comandado por Rózsa.
El abogado dijo al capitán policial carecía de autorización judicial para la misión de infiltración y que por eso sus actuaciones eran ilegales y no podrían ser base legal para ninguna de las decisiones que habrían tomado las autoridades.
Este fue uno de los puntos fundamentales para alegar “defecto absoluto” de algunos de los pilares de la acusación que sostiene el gobierno contra 39 personas y demandar la nulidad de todo el proceso.
La sesión fue suspendida a las 19:00 cuando debía empezar la presentación del general Prado Salmón, uno de los platos más fuertes del proceso en curso. El general, recluido en una silla de ruedas desde hace cuatro décadas, deberá exponer su defensa el miércoles por la tarde. La acusación lo considera uno de los cerebros militares del grupo de Rózsa.
En la sesión de la mañana la abogada Verónica Suárez, a cargo de la defensa del ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar, había continuado citando una multitud de deficiencias en el expediente. La multitud de irregularidades, desde correcciones sobrepuestas y borroneadas hasta la utilización de fax papel arrugado también había conducido al planteamiento de nulidad del juicio.
La abogada volvió a preguntar al juez y a las jurados “dónde están las garantías de seguridad jurídica” en el caso que en abril cumplirá cuatro años, más allá de los 36 meses permitidos por ley. La abogada repitió una letanía de errores similar a la que había expuesto en la víspera y que dejaron la sensación de que todo el juicio se aproximaba a un precipicio.
En la mañana no parecía haber más sorpresas en cuanto a fallas en el expediente, pues se creía que todas habían sido enumeradas. Pero la abogada anotó una más: Un salto mayúsculo de numeración de folios que de 12.000 pasó a 132.000. La diferencia, dijo, representaría unos 160 cuerpos procesales. Reclamó por la falta de seriedad en el proceso y subrayó que las que estaban en el banquillo eran personas sobre las que podrían recaer condenas de 15 a 20 años. ¿“Podemos continuar con esta clase de expediente?“, preguntó.
El abogado Gianni Prado, encargado de la defensa de Mario Tádic Astorga (quien, junto a Elod Tóásó, fue uno de los sobrevivientes del episodio Hotel Las Américas) impugnó la tipificación de “terrorismo” presentado desde los inicios del proceso por la acusación. Esa tipificación era, dijo, “una burla” para los países que realmente han sufrido o sufren ese fenómeno de violencia.
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