Para el expresidente de Bolivia y actual representante de la causa marítima ante la comunidad internacional, los comicios a desarrollarse el próximo 12 de octubre carecen de árbitros y reglas “justos”, en ese marco, realiza una dura crítica al desempeño del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A decir de Mesa, el actual proceso electoral “ha puesto en evidencia una realidad muy dura en lo que toca a la institución que lo administra y las reglas que lo conducen”.
Si bien la Constitución Política del Estado (CPE) vigente desde 2009, establece que la República de Bolivia se apoya en cuatro poderes separados, independientes y coordinados entre sí, incorporando al Órgano Electoral y su Tribunal como cuarto poder del Estado, “no parece haber relación de causa y efecto entre esta nueva jerarquía”.
En su artículo titulado “Ni Árbitros ni Reglas Justos” y publicado en su blog, carlosdmesa.com recuerda experiencias dramáticas y traumáticas en la manipulación del voto tras la recuperación de la democracia en 1982.
Con la posesión de la primera Corte Nacional Electoral (CNE) en 1992, “se le dio certeza a los votantes de que su voto era respetado. “Entre 1992, bajo la presidencia de Huáscar Cajías, y 2008, bajo la presidencia de Salvador Romero B., la Corte realizó un trabajo impecable incluyendo la elección de 2005, que llevó a la presidencia a Evo Morales bajo las reglas de la CPE de 2004 y el Código Electoral de lo que el actual gobierno denomina el “periodo neoliberal”. (...) A partir de 2008 esa certeza de transparencia se diluyó hasta casi desaparecer. La razón no es muy difícil de adivinar. Las instituciones democráticas no existen porque estén reconocidas en el papel, existen por una combinación de factores imprescindibles. Que quienes gobiernen crean en ellas, que las respeten y que las fortalezcan garantizando su funcionamiento. Que las personas elegidas para ocuparlas sean honestas, tengan un comportamiento transparente y sean idóneas para el cargo desde el punto de vista profesional. Sin ello, cualquier discurso basado en declaraciones, promesas y afirmaciones puramente retóricas, no sirve nada”.
Según el expresidente de la República, la legitimidad del Tribunal Electoral es el resultado de sus acciones. En ese marco, se repara en el accionar del TSE que evidencia fundadas dudas sobre su independencia.
“El accionar del Tribunal ha sido, cuando menos, errático, dubitativo, discrecional y mucho más subjetivo que objetivo en la aplicación de las normas existentes. Da la sensación de que cada vez que va a emitir un fallo mira de reojo al Poder Ejecutivo para evaluar si sus determinaciones son vistas o no con buenos ojos. Pone en evidencia que cuando se trata de juzgar las violaciones de la norma por parte de la candidatura oficial suaviza la sanción, la hace relativa, o considera sólo parcialmente sus excesos. Navega, en suma, en un mar de gelatina”.
No obstante, considera un engaño creer que ni con la CNE de 1992 o de 2008 las elecciones serían justas “porque las reglas no lo son”.
“El país ha comprado ese absurdo de que los partidos no merecen un financiamiento del Estado porque no lo usan bien. Los partidos en una sociedad democrática deben ser financiados por el Estado, más cuando conseguir respaldo económico ciudadano es tan difícil, más cuando el sistema de partidos está tan malherido, más cuando el partido de gobierno ejerce una hegemonía tan secante”, enfatiza.
Considera que dentro de un modelo constitucional que acepta una segunda reelección, “el gobierno que postula al Presidente para un nuevo periodo tiene demasiadas ventajas” que sólo pueden ser equilibradas “limitando drásticamente el uso de recursos públicos, medios estatales y paraestatales en su favor”, con el estableciendo de parámetros razonables para evitar que la inauguración de obras estatales sea parte abierta de la campaña electoral.
Para Mesa es tiempo de marcar límites universales a las tarifas de los medios privados para propaganda electoral y franjas obligatorias e iguales en todos los medios para todos los partidos en competencia.
Además cataloga como una vulneración de la libertad de expresión, limitar “temporalmente la divulgación de encuestas. Estas sólo deben prohibirse un tiempo corto antes de la propia elección. Es una limitación inaceptable que la campaña electoral dure sólo un mes cuando el gobierno tiene todo el tiempo del mundo para hacer precampaña o campaña abierta ates de ese mes “oficial”. Es imprescindible establecer un mecanismo de fiscalización a los gastos de todos los partidos en lid y del origen de sus fondos, pero lo es también una especial y clara fiscalización administrativa de los gastos gubernamentales en la campaña de quien sea a la vez Presidente y candidato al cargo”, concluye el análisis.
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