Waldo Torres desde OPINION, califica como INAUDITO que las autoridades de Transparencia nieguen que existan delitos como la coima, el soborno, el cohecho, latrocinio. los delitos están ahí sostiene el columnista y la prueba es que transparencia internacional concede "a Bolivia un puesto de honor como muy corrupto". con pleno conocimiento de causa describe la corrupción y sus perniciosos efectos en la Comunidad Nacional.

Autoridades dicen “que el país está libre de corrupción y que son hechos aislados”. Cinismo sin límite. Todo un hito, negar un hecho cotidiano descalifica la ética. No se puede intentar tapar un mal invocando un supuesto y falso bien. Si la autoridad pública “anticorrupción” niega su existencia ¿para qué le sirve el cargo?

Transparencia Internacional nos coloca en los primeros lugares en grado de corrupción en el sector público. La enfermedad no es exclusiva de este Gobierno, pero negar que se ha propagado sería aceptar y admitir la impunidad. La anticorrupción forma parte del decálogo de las promesas históricas de los gobiernos pero el MAS, al colonizar las instituciones ha anulado la indispensable rendición de cuentas a la sociedad. Hoy, el sistema impide hacer las cosas por el camino legal, la línea que separa la legalidad de la ilegalidad se ha hecho flexible y solidaria entre los corruptos y cualquier denuncia al respecto es traducida como una conspiración desestabilizadora. El discurso es de combate a la corrupción, pero nadie se ruboriza, como el caso del “Juez anticorrupción” pillado infraganti. El problema es que la reproducción de estas conductas cotidianas ni siquiera se consideran ilegítimas, mucho menos delictivas. Un ejemplo es también corrupción usar el dinero público para financiar campañas electorales, para comprar votos, o para comprar paz social y voluntades individuales. 

Somos un país de muchas leyes y poco Estado de Derecho. Quienes ocupan el poder se han eximido a sí mismos de la obligación de rendir cuentas y de responder por sus actos. Con el contagio se ha generalizado la impunidad. Y esta es una de las razones para que el régimen busque su perpetuación. Ello no es por ideología sino por supervivencia. Por autoprotección. Fuera del poder, los riesgos son demasiado altos. 

El problema es de fondo. Si el pueblo elige corruptos no es víctima, es cómplice. Ahí la razón del fracaso. Los protagonistas son un reflejo de nuestra sociedad y por error u omisión, somos cómplices del delito por indolencia. Buscamos combatir la corrupción sobre el cimiento de la impunidad: es difícil que un gobierno corrupto imponga sanciones por corrupción y que las mismas se cumplan. 

La corrupción tiene graves consecuencias para la economía del país porque pone trabas a la competencia, impide el desarrollo de las empresas, ahuyenta la llegada de capital extranjero, roba los recursos públicos, genera desigualdades e inseguridad jurídica y hace que aumenten los costos de las obras y de la administración del Estado porque hay que pagar más para conseguir lo mismo. Por eso, mientras no se impongan los controles y sanciones oportunas, jamás existirá transparencia ni rendición de cuentas.