Dos mandatarios latinoamericanos acaban de dar las mejores señales respecto de lo que necesitan los países del continente para convertir a la política en un bien de servicio público. El primero es el colombiano Juan Manuel Santos, autor de una propuesta para eliminar la reelección presidencial y el segundo es el costarricense Luis Guillermo Solís, quien ha prohibido que coloquen su fotografía en las oficinas estatales, para no caer en el clásico culto a la personalidad, un problema patológico del caudillismo en la región.
Mientras eso ocurre en naciones que buscan seguir los pasos de países que ya alcanzaron niveles de desarrollo y de conciencia mucho más cercanos a la racionalidad, como Chile o Uruguay, en Bolivia estamos pegados a viejos vicios como el prorroguismo, conseguido por medio de trampas y artilugios violatorios de las leyes, los estatutos y la constitución.
En nuestro país, los líderes invierten demasiado tiempo y recursos en cuidar el cargo, en mantenerlo el mayor tiempo posible; la estructura política y económica está hecha a la medida de este esquema de mando: centralista y monopólica y las acciones más importantes del Estado son precisamente la seguridad y la protección frente a las amenazas contra el mandamás y su entorno. Lo que sobra, simplemente sirve para pagar lealtades, para la prebenda, el clientelismo, el peguismo y todo lo que bolivianos conocemos muy bien y que sigue degradando la democracia.
El concepto de gestión también se ha bastardeado. Nuestros líderes le ponen rótulo de “estratégico” a todo aquello que es capaz de apuntalar su esquema de poder; las obras que se pueden publicitar fácilmente por la televisión, los elefantes blancos se multiplican y los planes de gobierno se reducen a actos de inauguración llenos de serpentina y bandas de música. Antiguamente, los políticos hacían campaña meses previos a cada elección. Hoy el proselitismo es una condición permanente de autoridades que han sido elegidas para ocuparse de problemas concretos, no para ir de un lado para otro gastando recursos que le pertenecen a la gente.
La alternabilidad en el poder es un requisito básico de la democracia, pues asegura que los políticos se concentren en acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población y no alimentar el bienestar personal y el apetito político de grupos que buscan reproducir las dictaduras del pasado.
Y al referirnos a este aspecto, no sólo estamos hablando de lo que ocurre con el gobierno central, donde ha quedado clara la intención del presidente de quedarse de por vida en el Palacio Quemado. En los gobiernos locales, especialmente en el Municipio de Santa Cruz y en la Gobernación también existe el mismo interés.
En el caso del Gobierno Departamental, las intenciones de reelección indefinida de la máxima autoridad violan de forma flagrante el Estatuto de Santa Cruz aprobado por el 86 por ciento de la población el 4 de mayo de 2008. En el artículo 28, inciso 1 dice: “el gobernador es elegido por voto universal, igual y directo, por un periodo de gobierno de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez, en periodos discontinuos".
Precisamente la propuesta de la autonomía nació para acabar con el caudillismo centralista, profundizar la democracia y eliminar el monopolio del poder. Pero apuntalar un esquema que se propone sumar 13 años en el mando no hace más que contradecir estos principios y emular las autocracias perniciosas que están gobernando en algunos países de América Latina.
En el caso del Gobierno Departamental, las intenciones de reelección indefinida de la máxima autoridad violan de forma flagrante el Estatuto de Santa Cruz aprobado por el 86 por ciento de la población el 4 de mayo de 2008. En el artículo 28, inciso 1 dice: “el gobernador es elegido por voto universal, igual y directo, por un periodo de gobierno de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez, en periodos discontinuos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario