El gobierno brasileño anunció esta tarde que ha concedido asilo al senador pandino Roger Pinto, en una decisión con implicaciones políticas y diplomáticas llamadas a tener repercusiones en Bolivia. En juicio de legisladores de Convergencia Nacional (CN), el partido del legislador asilado, la medida cuestiona la calidad del respeto a los derechos humanos y la independencia de la justicia en Bolivia bajo el Estado Plurinacional y endosa la decisión del legislador de buscar resguardo para sí y su familia. Se ignora si el gobierno del vecino país recibió ya el salvoconducto necesario para el legislador y su familia. Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña estaría en Rio Branco, desde donde el senador sería trasladado a Brasilia junto con su familia quizá durante este fin de semana.
El escueto comunicado de la cancillería del vecino país dice:
El gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Roger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano y con base al artículo cuarto, inciso X de la Constitución Federal.
El artículo cuarto de la CPE de nuestro vecino dice:
La República Federal de Brasil se rioge en sus relaciones internacionales por los siguientes principios:
I – Independencia nacional;
II – Prevalencia de los derechos humanos;
III – Autodeterminación de los pueblos;
IV – No intervención;
V – Igualdad entre los Estados;
VI – Defensa de la paz;
VII – Solución pacífica de los conflictos;
VIII – Repudio al terrorismo y al racismo;
IX – Cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad;
X – Concesión de asilo político.
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Hasta el mediodía, la cancillería aseguraba que no había recibido ningún comunicado oficial de Brasil. Por la tarde predominaba eldesconcierto en las filas del gobierno, en las que al parecer se creía que si el asilo era concedido, eso ocurriría sólo más adelante este mes. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo la decisión brasileña era “una mala señal” pues la protección era extendida a un legislador con más de 20 procesos. Quintín Quispe, otro legislador del partido de gobierno, pareció confundido y dijo que Pinto debía buscar asilo en Estados Unidos. Su colega Roberto Rojas dijo que, a pesar del asilo concedido al senador, los procesos contra éste deben continuar. Ninguno abordó la desconfianza del legislador sobre la aplicación de la justicia en Bolivia y la dependencia que se atribuye a los jueces respecto al Poder Ejecutivo
El cañonazo noticioso en Bolivia partió el jueves del diario paceño Página Siete, que mantuvo firme la solidez de su primicia a pesar de los intentos oficiales por desmentirla.
Hasta la noche se desconocía si habría algún comentario oficial del gobierno plurinacional sobre la decisión brasileña, que lo coloca ahora bajo el escrutinio mundial. Con el antecedente de esta tarde, es posible que muchos de los casos controvertidos, bajo juicio o en proceso, sean puesto ahora bajo la lupa de los juristas. Es posible también que el precedente genere mayor atención alrededor de la marcha en curso del TIPNIS y de la paliza que recibieron los marchistas el año pasado.
En junio de 2009, el vecino país otorgó asilo en masa a 118 ciudadanos que solicitaron protección. La medida fue recibida también con asombro, pero sin mayores estridencias. Brasil consideró que el grupo tenía “razones fundadas” para temer que un eventual proceso no sea justo. Anteriormente, Perú había otorgado la misma protección a dirigentes políticos de oposición, en una decisión que provocó agrias reacciones de las autoridades bolivianas.
El programa “No Mentirás”, de PAT, colocó en la noche frente a frente a opiniones divergentes sobre la decisión brasileña. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, se cuadró al lado de la posición oficial y dijo que el senador Pinto debe responder por los juicios entablados en su contra y que, en todo caso, la decisión de asilo es reversible y que las autoridades se enpeñarán en lograrlo. Dijo que la decisión era “errada”y la atribuyó a “falta de información” de la cancillería del vecino país. “El asilo no corresponde en casos de delitos comunes”. Su colega Roberto Rojas también sostuvo que el asilo es revocable.
En la otra esquina del ring, el analista Carlos Cordero, columnista de varios periódicos, dijo que el asilo era una “mala noticia para el gobierno” que ocurría en el rastro de varios informes sobre la precariedad de los derechos humanos y de la justicia en Bolivia. Citó informes de las Naciones Unidas, de la Iglesia Católica y los reclamos persistentes de los medios informativos sobre prácticas y amenazas contra la libertad de expresión. “Hay persecución, es patente y la he denunciado”, dijo.
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