Marco Chuquimia
El motín policial que se inició el jueves se descontroló ayer con la toma y la destrucción de oficinas policiales y públicas que recientemente pasaron a manos civiles, lo que ocasionó un apuro en el Gobierno para negociar con la dirigencia de los sublevados.
Después de un primer fracaso en las negociaciones, originado por una falta de coordinación, el Gobierno logró anoche sentar en una mesa a la dirigencia de los amotinados y al ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El motín policial que se inició el jueves se descontroló ayer con la toma y la destrucción de oficinas policiales y públicas que recientemente pasaron a manos civiles, lo que ocasionó un apuro en el Gobierno para negociar con la dirigencia de los sublevados.
Después de un primer fracaso en las negociaciones, originado por una falta de coordinación, el Gobierno logró anoche sentar en una mesa a la dirigencia de los amotinados y al ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La autoridad gubernamental adelantó que, de momento, no habrá diálogo directo con el presidente Evo Morales, una de las condiciones que ponían los policías, que aseguran no desistir de sus acciones hasta que el ‘poder político’ ceda.
Pero el conflicto policial no se concentró solo en esta institución; ayer saltó hacia algunos servicios públicos porque la banca y el Servicio General de Identificación Personal (Segip), cerraron sus puertas, por seguridad.
El jueves, pasado el mediodía, las esposas de los policías, acompañadas por algunos efectivos, tomaron la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en La Paz e iniciaron el motín demandando nivelar el trato económico que tienen los militares, como el salario, la jubilación, los servicios de salud y la elaboración de una ley que los beneficie y no los perjudique.
Desde la noche de ese día, las autoridades de Gobierno iniciaron la negociación con la dirigencia, a la que no fueron convocadas las esposas de los policías. Guadalupe Cárdenas, que encabezó este movimiento, desconocía si había una reunión con el Órgano Ejecutivo.
Ayer por la mañana las esposas se ‘desayunaron’ la noticia de que se dialogó durante toda la noche y que de ese encuentro salió la propuesta de incrementar Bs 200 al salario que recibe la tropa; planteamiento que se rechazó de inmediato y avivó el enojo.
Agentes vestidos de civil se sumaron a sus camaradas en la UTOP y empezaron a entonar estribillos contra el comandante de la Policía y contra el Gobierno por no atender sus demandas.
El enojo llevó a la primera marcha alrededor de la plaza Murillo, pero los manifestantes desviaron su curso y se fueron hasta las oficinas de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) y de la Interpol; en el lugar se produjo el primer desmán cuando quemaron todo el equipo y la documentación de estas oficinas.
No fue todo, los policías, que protestan por la entrega de Identificación a una administración civil, y luego de recibir informes desde Oruro donde los amotinados tomaron las oficinas del Segip, imitaron a sus colegas y organizaron otra marcha que se fue hasta esas oficinas. Una vez en el lugar también procedieron a destruir el mobiliario, lo que llevó a la protesta de su principal autoridad, Antonio Costas, que anunció un proceso contra los responsables de la destrucción.
Pero el cierre de oficinas se produjo en medio de la protesta de los ciudadanos, a los que se negó la atención, cuando se anoticiaron del ‘asalto’ a las oficinas en Oruro; casi enseguida, los funcionarios dejaron sus oficinas y se llevaron los datos de seguridad.
Los amotinados reclamaban la presencia de todos sus camaradas y de ese modo se instruyó que los policías del Batallón de Seguridad Física no fueran a resguardar los bancos, lo que obligó al cierre de las entidades financieras.
El tercer grupo en reaccionar fue el del penal de San Pedro, donde los reos lograron subir a los techos del recinto y los policías dejaron el control externo. Las audiencias fueron suspendidas y solo hubo control interno.
Por la tarde no mejoró la situación en la sede de Gobierno, los policías, que organizaron otra marcha, se dirigieron hasta el Comando Departamental de La Paz, donde expulsaron a los oficiales que se encontraban en el interior del edificio y destrozaron sus vidrios.
Casi enseguida, los marchistas se dirigieron hasta el Comando General de la Policía, donde trataron de ingresar pero fueron repelidos con gases lacrimógenos.
Para cerrar la jornada, los policías sublevados arremetieron contra el Ministerio de Gobierno y luego contra el de Justicia. Apenas llegaron a la plaza Murillo, cerca de las 19:00, iniciaron una caminata alrededor de Palacio de Gobierno y pegaron un cartel en las puertas de Palacio donde se leía: “Evo, no provoques otro ‘febrero negro’”.
Más tarde se supo que el Gobierno ordenó más patrullaje militar en las capitales del país, en el marco del plan de seguridad ciudadana.
Queman documentos de procesos internosAgencias / R. D’AlencarLos policías de baja graduación quemaron documentos de los procesos internos que hay en la institución, acusando que son acciones injustas iniciadas por sus superiores, que vulneran sus derechos y que no les permite defenderse en igualdad de condiciones.
Un grupo de cabos, sargentos y suboficiales explicó que les iniciaron procesos por no saludar adecuadamente, responder de mala manera o por faltar a sus fuentes de trabajo cuando tenían una baja médica emitida por la Caja Nacional de Salud.
Uno de estos casos terminó con la baja definitiva del cabo Martín Chambi, que por denunciar actos de corrupción, supuestamente cometidos por un ex jefe nacional de la Policía, fue procesado y separado de la institución.
Ante este panorama, los policías de baja graduación demandan la eliminación de la Ley 101, por violar lo establecido en la Constitución Política del Estado, y la creación de la Defensoría de la Policía.
La rebelión verde olivo hizo blanco de sus rabias a los lugares donde los oficiales de alto rango y las autoridades de Gobierno tienen sus oficinas: la Dirección General de Investigación Policial (Digipi), donde funciona Interpol y el Tribunal Disciplinario de la Policía.
Este hecho fue repudiado por las autoridades gubernamentales, que aseguraron que esta no era una forma de protesta legítima.
Sobre la quema de documentos de Inteligencia en Digipi, algunos oficiales que no quisieron revelar sus nombres indicaron que esa medida de los manifestantes tuvo el fin de eliminar datos que comprometen a los policías insurrectos, de modo que el Tribunal Disciplinario no pueda establecer responsables.
Otros efectivos señalaron que el ataque a Digipi y al Comando Nacional tiene que ver con una manifestación de rechazo a estar bajo las órdenes del cnel. Maldonado, debido a que la máxima autoridad de la institución no es un oficial de carrera, graduado por la Academia Nacional de Policía (Anapol), sino que proviene de la Escuela de Investigadores de la Policía. “No queremos que un ‘tira’ como Maldonado nos mande”, dijeron.
Una situación similar se vivió en el ataque al Comando Departamental de la Policía en Cochabamba, donde los agentes movilizados sacaron documentación de las oficinas de sus superiores y la llevaron a la calle para quemarla.
Todas estas actitudes fueron descalificadas por la Fiscalía General del Estado, que dijo que se analizará cada uno de los casos para identificar a los instigadores de estas acciones y ver si se iniciarán procesos contra los posibles culpables.
Ante esta actitud de los uniformados amotinados, oficiales policiales sacaron los documentos de algunas de las unidades de la institución que viste el verde olivo, ya que se quiere evitar más saqueos como los ocurridos en La Paz y Cochabamba.
Un grupo de cabos, sargentos y suboficiales explicó que les iniciaron procesos por no saludar adecuadamente, responder de mala manera o por faltar a sus fuentes de trabajo cuando tenían una baja médica emitida por la Caja Nacional de Salud.
Uno de estos casos terminó con la baja definitiva del cabo Martín Chambi, que por denunciar actos de corrupción, supuestamente cometidos por un ex jefe nacional de la Policía, fue procesado y separado de la institución.
Ante este panorama, los policías de baja graduación demandan la eliminación de la Ley 101, por violar lo establecido en la Constitución Política del Estado, y la creación de la Defensoría de la Policía.
La rebelión verde olivo hizo blanco de sus rabias a los lugares donde los oficiales de alto rango y las autoridades de Gobierno tienen sus oficinas: la Dirección General de Investigación Policial (Digipi), donde funciona Interpol y el Tribunal Disciplinario de la Policía.
Este hecho fue repudiado por las autoridades gubernamentales, que aseguraron que esta no era una forma de protesta legítima.
Sobre la quema de documentos de Inteligencia en Digipi, algunos oficiales que no quisieron revelar sus nombres indicaron que esa medida de los manifestantes tuvo el fin de eliminar datos que comprometen a los policías insurrectos, de modo que el Tribunal Disciplinario no pueda establecer responsables.
Otros efectivos señalaron que el ataque a Digipi y al Comando Nacional tiene que ver con una manifestación de rechazo a estar bajo las órdenes del cnel. Maldonado, debido a que la máxima autoridad de la institución no es un oficial de carrera, graduado por la Academia Nacional de Policía (Anapol), sino que proviene de la Escuela de Investigadores de la Policía. “No queremos que un ‘tira’ como Maldonado nos mande”, dijeron.
Una situación similar se vivió en el ataque al Comando Departamental de la Policía en Cochabamba, donde los agentes movilizados sacaron documentación de las oficinas de sus superiores y la llevaron a la calle para quemarla.
Todas estas actitudes fueron descalificadas por la Fiscalía General del Estado, que dijo que se analizará cada uno de los casos para identificar a los instigadores de estas acciones y ver si se iniciarán procesos contra los posibles culpables.
Ante esta actitud de los uniformados amotinados, oficiales policiales sacaron los documentos de algunas de las unidades de la institución que viste el verde olivo, ya que se quiere evitar más saqueos como los ocurridos en La Paz y Cochabamba.
Cronología
6:30. Empiezan a llegar los policías amotinados a la UTOP, vestidos de civil y cubriéndose el rostro. Guadalupe Cárdenas se declara sorprendida porque no fue convocada a dialogar con las autoridades de Gobierno la noche anterior.
9:10. Se inicia la primera marcha de la jornada. Un capitán que se sumó a la marcha grita consignas contra el Digipi y la columna pasa de largo Palacio y se dirige hacia esas oficinas en la calle Colón.
9:35. Empieza el asalto a las oficinas del Digipi, los amotinados arrojan piedras y los escasos oficiales que estaban en su interior salen huyendo.
10:45. Los policías golpean a unos supuestos infiltrados y quitan la cámara al periodista Armando Quispe de la revista Oxigeno.
11:40. El Gobierno ofrece Bs 2.000 de nivelación salarial que se equipara al de los funcionarios públicos y propone iniciar la negociación.
16:00. Carlos Romero espera a los dirigentes de los policías para seguir negociando; pero estos van a la Asamblea de DDHH y el diálogo fracasa.
17:00. Intentan tomar el Comando General, frustrados por la falta de voluntad de diálogo y son gasificados por los oficiales que cuidan el edificio.
20:00. Se inicia la negociación en el Viceministerio de Régimen Interno y Romero pide que se levanten las medidas de presión.
6:30. Empiezan a llegar los policías amotinados a la UTOP, vestidos de civil y cubriéndose el rostro. Guadalupe Cárdenas se declara sorprendida porque no fue convocada a dialogar con las autoridades de Gobierno la noche anterior.
9:10. Se inicia la primera marcha de la jornada. Un capitán que se sumó a la marcha grita consignas contra el Digipi y la columna pasa de largo Palacio y se dirige hacia esas oficinas en la calle Colón.
9:35. Empieza el asalto a las oficinas del Digipi, los amotinados arrojan piedras y los escasos oficiales que estaban en su interior salen huyendo.
10:45. Los policías golpean a unos supuestos infiltrados y quitan la cámara al periodista Armando Quispe de la revista Oxigeno.
11:40. El Gobierno ofrece Bs 2.000 de nivelación salarial que se equipara al de los funcionarios públicos y propone iniciar la negociación.
16:00. Carlos Romero espera a los dirigentes de los policías para seguir negociando; pero estos van a la Asamblea de DDHH y el diálogo fracasa.
17:00. Intentan tomar el Comando General, frustrados por la falta de voluntad de diálogo y son gasificados por los oficiales que cuidan el edificio.
20:00. Se inicia la negociación en el Viceministerio de Régimen Interno y Romero pide que se levanten las medidas de presión.
Detalles
Seguridad. Por la ausencia de los policías en las entidades financieras, ayer se cerraron los bancos. Hoy la reapertura de los bancos está condicionada a la presencia de los agentes del orden.
Pedido. Representantes de la Conferencia Episcopal, de la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos solicitaron a los agentes movilizados no cometer excesos en la lucha por sus demandas, que consideraron justas y necesarias.
Seguridad. Por la ausencia de los policías en las entidades financieras, ayer se cerraron los bancos. Hoy la reapertura de los bancos está condicionada a la presencia de los agentes del orden.
Pedido. Representantes de la Conferencia Episcopal, de la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos solicitaron a los agentes movilizados no cometer excesos en la lucha por sus demandas, que consideraron justas y necesarias.
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