Así llega la verdad, ni adelantada ni atrasada, sobre el laberíntico juicio “Rozsa-Sosa”. Hoy está sumido en su ocaso sin remedio, tras la huída del fiscal Marcelo Sosa principal acusador del gobierno de un delito que jamás existió: el terrorismo-separatismo.
Gracias a una conversación grabada y entregada por la senadora opositora, Carmen Eva González a los medios de prensa, se escucha la voz del fiscal Sosa que desgrana nombre tras nombre a las más altas autoridades del gobierno como los autores intelectuales del complot contra las demandas autonomistas del Oriente boliviano.
Ese juicio-complot hace aguas porque al no existir delito tampoco hay pruebas del mismo, pues las que manejaba el fiscal Sosa, que huyó o lo huyeron, son pruebas falsas, sembradas e inventadas con manipulación de hechos, escenarios y testigos. El objetivo era ‘aplastar’ a Santa Cruz, a los otros departamentos de la Media Luna(1) y a su dirigencia político-cívica autonomista, férrea opositora al proyecto de poder centralista y autoritario del bloque en el poder desde 2006.
Hoy se confirman los nombres -ya sospechados- merced a la autentificación de la voz de Sosa, según el experto brasilero en fonética forense, Ricardo Molina de Figueiredo, quien señala que “por encima de cualquier duda razonable, la voz pertenece a Marcelo Soza Álvarez”. Para ratificarlo, hay estudio de la empresa Graudio de España, especialista en peritajes fonéticos que señala lo mismo tras analizar 4 audios con la voz de Sosa, enviados por el periodista Carlos Valverde Bravo. Esa conclusión apunta a que “las muestras mantienen continuidad, espacio temporal, secuencia lógica, tanto en el plano semántico como expresivo… y corresponden al fiscal Marcelo Sosa”. Existe otro peritaje mantenido en reserva y de procedencia en ingles, que ratifica los dos anteriores.
Triste destino del abogado Marcelo Sosa, pobre de espíritu y carente ética de profesional, que mancilló la administración de justicia para convertirse en servil ejecutor de una trama canalla, tras la que están el ‘Vice’ y su entorno, con conocimiento del presidente Evo Morales, como prueba la grabación de marras. La misma desnuda la mano represiva del poder central, pues no se monta una conjura de tal magnitud sin organización, dirección y ejecución político-económica al más alto nivel gubernamental. En el fondo palpitaba y palpita la punga por el control político, económico, territorial y social, que se debatió desde 2006, entre dos polos: el occidental colectivista, comunitarista y socialista, frente al oriental capitalista, individualista y autonomista.
Si algún apresto hubo en la Media Luna, fueron los aprestos por conquistar la autonomía administrativa y política, vieja demanda tildada siempre de regionalista o separatista desde el centralismo de cualquier signo político, que atribuye a la autonomía el intento de dividir al país, cuando en realidad, lo que divide es al poder central. El complot contra la Media Luna, pero fundamentalmente contra Santa Cruz, por las características detalladas en el pie de página, se planificó mucho antes de iniciado el proceso hace 4 años. Ese juicio a todas luces injusto, arrastra 39 imputados, unos presos, otros perseguidos, varios en el exilio, amén de las violaciones a los Derechos Humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, entre otras muchas irregularidades.
¿Seguirá el ‘Vice’ calificando lo dicho por Sosa en la grabación de marras como declaración ‘absurda’, aunque esté autentificada por tres fuentes que confirman los nombres de los autores intelectuales y materiales de la conjura, y además los de la red de extorsionadores que esquilmaron a las familias de los imputados? ¿Se ratificará el ‘Vice’ en la temeraria descalificación de que “la derecha no tiene cerebro”? Es otra más de sus desafortunadas declaraciones, cuando ya está demostrado que si algo de izquierda tiene el oficialismo, es la izquierda antidemocrática de factura estalinista.
La grabación autentificada apunta a los autores materiales tanto de la bomba que explotó en las afueras del domicilio del cardenal Julio Terrazas, como a los miembros del grupo de elite que cometieron el asesinato extrajudicial a tres extranjeros, el 16 de abril de 2009, en un hotel de esta ciudad: el húngaro boliviano Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyarosi, también húngaro y Mike Dwyer, pertenecientes a un grupo paramilitar nacionalista en Los Balcanes.
El presidente Morales afirmó el mismo día, a su llegada a Puerto Cabello en Venezuela, de visita a su mentor el difunto Hugo Chávez, que él ordenó la ejecución pues ese grupo pretendía dividir Bolivia y cometer magnicidio, sin tener prueba alguna. A confesión de partes, relevo de pruebas, pues el único acto terrorismo practicado en Bolivia fue ese terrosismo de Estado.
Tampoco se debe obviar, como apuntó la periodista Maité Rico, en El País, de Madrid, 10 días después de aquella operación encubierta, que Rozsa fue contactado en agosto de 2008 por gente del oficialismo, en España.
¿Habrá huido Sosa, o lo han huido? Puede ser otra ‘maniobra envolvente’ para convertirlo en ‘chivo expiatorio’, mientras lo ponen a buen recaudo, pues lo dicho por él en la grabación de marras, tumbaría a cualquier gobierno: “Si el caso se cae, cae Evo” dijo Sosa en ella. Razones no le faltan, si en Bolivia hubiera independencia judicial y no una administración de justicia complaciente y subordinada al poder político.
La pantomima del juicio injusto sigue coja y poco se recuerda a otro fiscal, Henry Suaznábar, encargado del caso Terrorismo II para dar con los supuestos financiadores del caso I, a cargo de Sosa. ¿Dónde está Suaznábar y porque no se lo investiga, como a los otros fiscales presos por extorsionadores? Hora dicen que investigan a Sosa, lo convocan a declarar, pero nadie toca a los miembros de la cúpula en el poder como autores intelectuales del complot. ¿Ganan tiempo y emborrachan la perdiz sobre la pugna interna, entre al menos dos corrientes en el seno del oficialismo por este caso?
¿Se presentara a declarar Sosa, el 1 de abril, cuando el juez exponga el inventario del proceso, que aquel nunca mostró? Los imputados, sus familias, abogados y amigos piden la extinción del caso por ausencia de pruebas, amén de todas las irregularidades del montaje urdido desde el centro de poder político antes sospechadas, ahora confirmadas. Mal que les pese, con puntualidad histórica la verdad aflora y le estalla en la cara.
El complot contra la Media Luna, formada por Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija tenía un objetivo ideológico-político-económico contundente. Eran más de 2/3 del territorio, aunque menos de la mitad de la población del país, en ese entonces. El epicentro giraba en torno a la región oriental cruceña, más bien ideológicamente conservadora, pero de mayor desarrollo económico productivo capitalista, gracias a una agresiva agricultura comercial que también cubre 70% de la seguridad alimentaria del país, una agroindustria exportadora con valor agregado y polo de atracción-recepción de grandes flujos de inmigrantes expulsados de sus regiones de población por factores de pobreza. La región cruceña cuenta además con una producción gasífera discreta, frente a la enorme riqueza de Tarija pero tiene en cambio, una competitiva infraestructura de servicios y conexiones por carreteras, ferrocarril y aérea a los países vecinos, aunque no esté exenta de las sombras de todo capitalismo periférico.
Esa contundente realidad espacial, económica y política era un peligroso obstáculo al proyecto colectivista comunitario de Morales y los suyos, cuyos impulsos antidemocráticos y de naturaleza totalitaria se hacían cada vez más evidentes. La pugna se decantó a favor del gobierno central, mediante la conjura conocida como el ‘caso terrorismo-separatismo’ y antes con el ‘caso Porvenir’, en Pando, en enfrentamiento provocado por el gobierno, con un saldo de 13 muertos. Por ese hecho, el ex prefecto de ese departamento, está preso hace más de 4 años, sin juicio y sin sentencia.
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