manejan la represión, la propaganda y "la inteligencia" como lo hicieron Pinochet, Mussolini, Chávez, los Castro y todos los tiranos, en Bolivia es la dupla García Linera y Morales Ayma en ese orden. Escribe:Mauricio Aira

Algunos pocos incautos se niegan a reconocer que el Gobierno del MAS ejercido por la dupla García Linera y Morales Ayma están gobernando con los más tradicionales y desgastados métodos de acciones encubiertas y de propaganda con apoyo a los medios de comunicación.

La acción encubierta que los autócratas suelen poner en práctica en sus países y hablamos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, quizá también de Ecuador que aún no podemos afirmar, lo cierto es que la forma más extendida de la acción encubierta es la propaganda, tan en boga hoy en Bolivia que todos no la pueden ver, pero que sí toda la ciudadanía la percibe, en general conserva un perfil bajo, aunque imposible de disimular cuando llegan periodos electorales, como el actual que se vive en nuestra Patria.

Esta propaganda utiliza a los infiltrados. Recuerdo bien que tocamos el tema con el finado amigo y c. en la U Católica, Alfonso Canelas. "Imagínate que el MAS montó una operación para infiltrar a los medios entre ellos a Los Tiempos. Crearon células cuyos personeros, especialmente en áreas sensibles como la información del frente oficial, la de las fuentes directamente vinculadas con la política y la economía, no sólo reporteros, también cronistas y en su caso articulistas" cuando le pedí me ilustrara con ejemplos concretos, Alfonso confidenció "a veces tiemblo al abrir la edición del diario, puedo percibir las infiltraciones, muy bien disimuladas, o menos encubiertas, y hasta en Puntos de Vista, conceptos y consignas y temas directamente subversivos para la línea de Los Tiempos, aunque directamente favorables al Gobierno" y entonces hablamos de nombres y apellidos, que claro está no puedo escribir porque la charla era una confidencia, de ninguna manera una declaración técnica.

Le comenté entonces, porque conocía con detalle lo sucedido en Presencia el diario católico que tuvo que sufrir toda la embestida oficialista, que por momento se hizo incontrolable para sus directores. Le comenté que Pinochet instauró toda una escuela para el control de los medios, encomendó a la DINA (Dirección Nacional de Informaciones) entonces a cargo del hoy reo común General Contreras, confiriendo una "chequera en blanco" sin límite de cifras para "comprar, controlar, comprometer" no sólo a los propietarios de medios como el diario El Mercurio, el más importante de Chile, sino también de articulistas, de periodistas y hasta de fotógrafos o camarógrafos (tratándose de la TV) extremo comprobado e imitado por el régimen de Evo Morales.

En el caso de Chile del que se ocupan justamente los "medios oficiales" lo critican y hacen exactamente lo que Pinochet, a través de Contreras, con una mano les tendía los cheques por sumas astronómicas, ahí el caso de El Mercurio y por otro creándoles problemas internos, con los infiltrados o externos, exigiéndoles "pago de impuestos" o cortándoles la provisión de papel, tal cual ahora mismo Cristina Fernández ejecuta con los diarios Clarín y La Nación. En Bolivia le llamamos "los talegazos" bolsas de dinero sin límites que recién ahora se van concretando con pelos y señales por los entes fiscalizadores de Chile.

En cuanto al rol de los medios en el tema de la represión, también lo sabemos muy bien en Bolivia, es la Caja Oficial "el cheque en blanco" que funciona y da nacimiento a las redes de extorsión tan penetradas en el Gobierno, que cuesta distinguir hasta dónde controla el oficialismo esta represión que tiene diversos nombres, lo evidente es que ya lo hizo Pinochet, Mussolini, Hitler, Stalin...y ahora Morales y García Linera con un refinamiento increíble, actual y sádico.

Karen Arauz devela cómo el Régimen "trata de darle largas" al tema del informe sobre la coca, cuyo embrollo no termina, dilata su entrega con mil pretexto sin importarle la verguenza de mantener "el monopolio del Chapare" frente a otras fuentes.

Hay circunstancias que no dejan lugar a dudas: hay jugadas que se pueden hacer y otras que no son convenientes cuando se juega al monopolio.

En el legendario juego de mesa, hay zonas exclusivas para conocedores y hay que saber jugar para saber cuándo es momento de presionar al adversario para sacarlo del juego, apropiándose de las mejores negocios y edificando lo suficiente para que cuando caiga por ahí, se vea obligado a entregar sus propiedades como preámbulo a su liquidación total. Dónde comprar, depende por supuesto de la ubicación pero sobre todo, de contar con información privilegiada o ser un avezado y experimentado jugador que sepa cómo hay que hacer para que la táctica, resulte en impecable estrategia.

Si se deja entrever que los narcos colombianos se beneficiaron de la cercanía de las FARC y eso les permitió hacer una asociación provechosa de socorros mutuos por decenas de años, la cercanía del Perú añade un aditamento necesario que no se puede desperdiciar. Los peruanos dedicados a lo ilícito, extrañan sin duda al Perú pre-Fujimori, cuando Sendero Luminoso y el MRTA se repartían los ingresos necesarios a sus causas, que les eran proveídos por el narcotráfico. El Perú con Colombia y Bolivia, son los grandes productores de la materia prima para la cocaína que conlleva además de millonarios aportes, la inseguridad, la criminalidad, la violencia y la aniquilación total del sentido honroso del dinero en cada vez más amplios y dependientes estamentos de la sociedad. Y ello de por sí, desencadena muchas cosas.

El gobierno del MAS acaba de anunciar con la altanería que lo caracteriza cuando carece de razones de peso, que el estudio sobre la coca que la comunidad europea espera con una paciencia superior a la de Job, tiene "algunos errores que se deben corregir" y han postergado nuevamente la develación del gran secreto de la coca como piedra filosofal de este nuevo Estado Plurinacional. Da para sospechar que el tal estudio ha puesto en figurillas al gobierno debido a que los datos que arroja, son imposibles de disfrazar.

Lo sucedido en las últimas horas en Apolo -muy lamentable por la pérdida de vidas- es una tragedia cuyo libreto hace mucho que se estaba escribiendo. Y el que surja el momento ideal para volcar la atención, no es nada despreciable. Pese a sus sólo trescientas hectáreas de cultivos de coca permitidas, es innegable que su proximidad a la frontera peruana representa una articulación ideal para demostraciones de convencimiento que con estudio o sin él, se está luchando contra el narcotráfico. En cine creo se llama golpe efectista. Y como una clara demostración de que se llegará al fondo de la cuestión, se desplazan varios asambleístas a investigar in situ los acontecimientos Vaya casualidad, todos ellos son militantes del MAS lo que según la Presidente de Diputados, es una cuestión de dominio del tema. Claro, el Presidente de las Seis Federaciones conoce muy bien ambos lados del tablero.

Oí en un café, que si la coca ilegal confiscada iba a beneficiar a los movimientos sociales, ¿dónde va a dar la droga incautada? Hace rato que no se ven las enormes y registradas fogatas de incineración, al menos no en la cantidad de lo incautado en tantos exitosos y mediatizados operativos.

Sin pretender entrar en la discusión de cuán fabulosa puede ser la hoja de coca y qué tan rentable es su cultivo, lo de Apolo no puede ser tomado más que como una seria alerta de lo peligroso que es continuar con el discurso de cliché electoralista que proclama que la coca no es cocaína. La yema de huevo tampoco es colesterol. Es muy curioso que el gobierno, para ignorar absolutamente de qué se trataba Apolo en confesión propia del Ministro Romero, haya desplazado no sólo policía sino también ejército -ambas fuerzas desarmadas- directo a las fauces del lobo que significaba la negativa cocalera de someterse a la erradicación. Pero, no es menos curioso que inteligencia sí haya descubierto de inmediato, que existían infiltrados peruanos en el operativo. Y si preguntan el por qué un médico haciendo su año de provincia, vestía uniforme militar en medio de la refriega, las ideas empiezan a deambular autónomas por la mente. Una paradoja más en esta abundante enciclopedia de ellas que se viene escribiendo por ocho años ya.

Como en el monopolio, es claro que la zona más exclusiva es la del trópico cochabambino. Ahí no existe una frontera internacional colindante. Los vecinos más peligrosos, puede que sean solamente los indígenas del Tipnis. El Chapare sin duda, es la joya más preciada de la corona.

Ese pretender que la gran mayoría del pueblo boliviano consume ingentes cantidades de la hoja en su estado natural y que por ello debe ser defendida a sangre y fuego, es el verdadero terreno sembrado de minas que el país heredará de esta administración.

la muerte anunciada de José María Bakovic, el pesado legajo que deja tras de sí, víctima de Evo Morales como primera víctima del sistema, cuando nunca se le pudo probar un delito. Erika Brockman en cosquillante artículo

La muerte de José María Bakovic ha conmocionado a la opinión pública y a la gente que lo apreciaba y conocía como una persona de bien. Experimentamos, una vez más,  el sentimiento de impotencia  frente a un Gobierno y un sistema judicial que cierra el círculo de su manipulada y mediocre existencia con el recurso de Poncio Pilatos: lavarse las manos
¡Que paradoja!,  Bakovic nunca fue político pero terminó siendo víctima y estandarte de una  deformada cruzada anticorrupción preñada de imposturas. Recuerdo el día en que por más de 90 por ciento de los votos de la Cámara de Diputados asumía la Presidencia  el Servicio Nacional de Caminos (SNC). En ese entonces, no faltaban corrientes políticas partidarias resistentes a emprender reformas institucionales fundadas en criterios meritocráticos  y orientadas a “desmontar” prácticas que hicieron de instituciones como el SNC, referentes simbólicos de la corrupción pública. Pese a esas resistencias, ganaron las corrientes institucionalistas logrando que JMB asuma tan importante desafío y  cuyo legado se traduce hoy en una serie de proyectos que el Gobierno del MAS impulsa e inaugura en tiempos de bonanza.

Fue el Presidente EMA uno de los primeros en acusar públicamente de corrupto a Bakovic. Lo hizo con ligereza y tono de sentencia. Ese 2006, con el aura de una legitimidad inédita,  no sólo ignoró el principio de presunción de inocencia, sino que abrió la  compuerta para que los operadores de justicia comiencen a forzar procesos para validar y complacer la fiebre discursiva acusatoria.

Ayer,  además de negar la responsabilidad del Gobierno en el trágico desenlace que duele y consterna,  Su Excelencia (SE) confesó estar muy preocupado por el estado de la justicia boliviana, no sabiendo cómo encarar su reforma. Me atrevo a lanzar algunas sugerencias.

En primer lugar, EMA deberá  controlar la incontinencia verbal que le aqueja cuando  “con todo respeto”  acusa desaprensivamente a sus oponentes. Debiera también prohibir a su gabinete inmiscuirse en juicios entablados contra exautoridades, pedir se retracten públicamente de campañas de descalificación que anticipan sentencia sin juicio previo a sus detractores. La que siguió a la masacre de El Porvenir fue emblemática y condenatoria.

Urge  institucionalizar y despartidizar la Contraloría. Habrá que convencer a SE que respete los procedimientos Safco en sus millonarias inversiones. Especialmente cuando son decenas las personas judicialmente acosadas, por haber adoptado medidas aún menos discrecionales.

¿Será mucho pedir al Gobierno que cumpla  la promesa –post tragedia de Palmasola– de descongestionar las cárceles concediendo libertad a detenidos preventivos sin investigación ni procesos abiertos, luego de los seis meses? Comenzar con los dirigentes de oposición, haciendo justicia donde sobran víctimas de injusticias, ayudaría a enfriar los sentimientos de resentimiento y venganza que comienzan a anidarse en cientos de familias bolivianas.

Finalmente, replantear sus prioridades de gasto e inversión en defensa, aviones y construcciones palaciegas. Urge incrementar el presupuesto destinado a fortalecer las capacidades institucionales del sistema judicial. Son varios los que demandan vigilar y limitar el poder de una fiscalía  hoy convertida en un suprapoder, como nunca antes dócil a las prioridades del poder político, ciego e incompetente para administrar justicia. Para hacerlo no necesita convocar a cumbres ni a organizaciones sociales afines, estos retos no se improvisan ni se encaran con tanta  parafernalia.

La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria

no será raro que suceda lo que Karen Arauz presagia "los que van a morir te saludan, salve Evo, salve César" porque es tan grande el abuso de poder, las muestras de un autoritatismo creciente, el funcionamiento de los mentideros masistas que aterra. "no duden en apoderarse de las fábricas" si acaso se dan quiebras o les da simplemente la gana a los trabajadores...quisieran atraer inversiones con tal razonamiento? solo falta un DS para la vigencia de la esclavitud y el sometimiento total de sus vasallos.

A ver, parece que estamos viviendo una de las etapas más apabullantes en términos no sólo del significado de conceptos, sino de un trastocado de roles, en el que estamos perdiendo del todo la noción de quién es quién, para qué, dónde y por qué.

Cuando se escuchan los encendidos discursos de plazoleta a un año de las elecciones, pareciese estar escuchando al primitivo marido machista, que cree tener derecho de violar a su mujer, sólo porque juzga que es lo que corresponde al dueño de una propiedad con la que puede hacer lo que le venga en gana.

La CPE -cuyo nacimiento debe ser el más traumático desde la fundación de este país- ha quedado reducida a una especie de reglamento interno del partido de gobierno. Los ex-honorables miembros del Legislativo, producen leyes como si de una fábrica de chorizos se tratara, sin siquiera tener el cuidado de no propinar golpes obvios a la que se supone es la madre de todas las leyes. Sólo en estos tiempos, se observa con ojos y conciencia impávida, como se le pega a la madre sin ningún tipo de pudor.

La implicación cotidiana de personajes delincuentes que circundan pletóricamente al poder, colorean todo en un ambiente de irrealidad, de situaciones delirantes que se suceden una a otra con vertiginosa rapidez. El llamado de Evo Morales a que sus empleados públicos (no perder de vista que el Estado es él) partan sus obligaciones entre la administración del Estado y la campaña electoral del indefectible 74%, rebasa los límites de la decencia. Si esta alocución hubiese surgido de algunos de los conocidos lengua fácil, podría haber sido tomado como una demostración de lo genuflexos que pueden llegar a ser. Pero viniendo del mero Presidente, es inaceptable que encima pretenda convertir a la mediocre administración, en un drone.

Desde ya, la amañada resolución del Tribunal Constitucional al legalizar por tercera vez la postulación para las próximas elecciones del binomio del MAS, fue la bajada de bandera a un rosario interminable de violaciones a la CPE, y no sólo eso, sino al uso descarado de las formas democráticas acomodadas a conveniencia para proseguir con la vulneración de los derechos y las libertades de ciudadanos en total estado de indefensión ante las arremetidas de los que han decidido prorrogarse a cualquier costo en el ejercicio del gobierno.

En momentos en que el país está conmocionado por los asesinatos de dos jóvenes inocentes en Santa Cruz -llegando al clímax de la inseguridad ciudadana por ser ambos crímenes demenciales por sus móviles- flaco favor se hace el gobierno de hacer las demostraciones de despilfarro insultante como en la última semana en sus aquelarres de cocaleros o masistas en el Chapare. No se puede seguir tratando de negar que la fabricación y tráfico de drogas está sumiendo a este país en un profundo abismo oscuro que sólo tiende a convertirse en una gran fosa común.

No es posible que la maquinaria de propaganda del gobierno, mantenga tan alelada a gran parte de la población. Hemos hecho hincapié en varias oportunidades que los encantadores de serpientes que diseñan la propaganda gubernamental, no miden el daño que le están infligiendo a este país (y me refiero a los bolivianos, a los otros les vale obviamente) mostrando una realidad que no es, que lo distorsiona todo y coadyuva al archivo definitivo de básicos principios morales para una convivencia civilizada.

Las gravísimas consecuencias de los altisonantes mentideros, irán en aumento a medida que se acelere aún más la carrera electoral. Las ideas más estrambóticas -con su ingrediente esencial como es la demagogia- serán lanzadas con total indecencia y de modo sostenido.

Es mejor ni imaginar la cara de algunos de los recién adquiridos amigos íntimos del gobierno, por el Decreto, fresquito, relativo al derecho de prelación de los trabajadores en caso de que una determinada empresa esté pasando por problemas financieros o de otra índole y que pretenda poner sus activos al mercado en busca de mejor postor. Y si no tienen más alternativa que declararse en quiebra, sólo podrán sacar -con mucha suerte- , una cajita de cartón con las fotos de sus hijos, sus mascotas y su suegra.

Es que estamos todos locos. ¿No es obvio acaso -a estas alturas- que la estrategia del gobierno va más allá de una democrática contienda eleccionaria? El ganar o perder las elecciones, es sólo cuestión de matiz. Los constitucionalistas se deberían proveer de herramientas prácticas y útiles para su futuro comenzando con técnicas de cómo mimetizarse en los movimientos sociales sin ser descubiertos, o ser innovadores e ir pensando las nuevas reglas para esta pretendida especie de decadente imperio, por las dizque múltiples naciones que la conforman entre las cuales, nuestra Bolivia no tiene nada que ver.

El "patria o muerte" quedará rezagada por un "Ave Caesar, morituri te salutant". Lo que no sería extraño al paso que vamos y que venga en una de las resoluciones supremas lista para una próxima publicación en la Gaceta Oficial.

no podemos cruzarnos de brazos. los linchamientos provocan verguenza, causan rubor, son signo de salvajismo y carencia de principios humanistas. por ello aplauso a Roberto Navia de El Deber, que se preocupa y nos da materia para reflexionar y actuar

ROBERTO NAVIArnavia@eldeber.com.bo

El miedo se siente y deja una estela de olor agrio en el aire. El miedo está en la mirada y en las palabras de algunos fiscales y abogados, de los pocos policías y de otros administradores de justicia que debido al tamaño del problema, hablan despacio aquí, como contando un misterio. El miedo también se huele en las calles, plazas y en la orilla de algún río, convertidas en patíbulos, donde supuestos delincuentes fueron atados de pies y manos, torturados y quemados en carne viva por vecinos ebrios por la furia, que no dudaron en rociar con gasolina, prender la mecha y convertir cuerpos humanos en bocanadas de fuego.

Estoy en el trópico de Cochabamba, en el corazón de Bolivia, donde en los últimos cinco años la Policía anotó 18 ejecuciones por manos de civiles contra otros civiles acusados de robar o de cometer delitos mayores y que son sentenciados a muerte por una multitud. Los dos últimos linchamientos ocurrieron recién nomás, el 25 de septiembre, y sobre estos, como en el resto de los casos, no existen culpables pagando por haber practicado la ‘justicia por mano propia’. El miedo está aquí porque una sentencia de muerte no escrita ronda en los pueblos que están a los costados de la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba, en esos 120 kilómetros que hay desde Bulo Bulo hasta Villa Tunari, como también en aquellas comunidades que se encuentran en la panza caliente del trópico, donde viven por lo menos 300.000 personas. En este lugar, las administraciones de justicia y de seguridad del Estado cojean como un animal herido y fueron notoriamente rebasadas por grupos furiosos de civiles que imponen su ley: la ley de la muerte.
En esta historia hay varias versiones. La primera tiene origen en la gente de a pie y en algunos dirigentes como la del presidente del Comité Cívico de Ivirgarzama, Rociño Cavero, que coincide en que el trópico está progresando a 100 kilómetros por hora, pero como los avances no llegan solos, sino que son acompañados por una gama de delincuentes, la inseguridad ciudadana creció abismalmente.

Hay quienes creen que la estructura estatal para combatirlos se quedó rezagada y que los juicios ordinarios caminan a paso de anciano; por eso, aseguran que los habitantes le perdieron la fe en al sistema judicial y acuden a la justicia por su cuenta, matando a quienes sean encontrados con las manos en la masa.
El presidente cívico se declara en contra de las ejecuciones, pero lamenta que no está en sus manos ponerles un freno total, se atreve a afirmar que los linchamientos bajaron un 50% el nivel de la delincuencia, ya que tras las últimas muertes, los ladrones han cesado en su actividad por miedo a correr la misma desgracia. “Pero después de dos meses suelen regresar y los vecinos vuelven a enfurecerse”, dice Cavero, que pone un ejemplo de cómo se origina y se arma un linchamiento: “Los que sufren atracos por lo general son los del sector transporte. Cuando un ladrón es agarrado, los taxistas se pasan la voz en minutos, tocan bocina, se llaman por teléfono o hacen detonar petardos y así lo acorralan para que el pillo no escape”.
Los administradores de justicia y los operadores de la seguridad ciudadana que trabajan en esta región se quejan entre dientes porque sienten que hablar puede ser peor que caminar sobre brasa caliente.

Pocos policías y fiscalesUna fuente del Ministerio Público reveló que de los aproximadamente 120 policías acantonados en el trópico, solo 10 efectivos son de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen y que el resto está en la Unidad Operativa de Tránsito o cuidando las entidades financieras. A este puñado de autoridades se suman apenas cinco jueces y cuatro fiscales, un número que no es suficiente para descongestionar las demandas judiciales. Por citar un ejemplo, solo en la Fiscalía de Ivirgarzama hay 1.500 casos que duermen desde el 2004. Pero el Ministerio Público ya instruyó la conformación de comisiones para que se dé curso a las demandas acumuladas.
Uno de los pocos fiscales que hay en la zona es el que trabaja en Ivirgarzama. Marco Vidal es hombre que sin pretensiones de héroe, la pasada semana impidió que en Valle Sajta los vecinos linchen a tres jóvenes acusados de robar coca.  Llegó a tiempo antes de un desenlace fatal gracias a que contaba con una camioneta que le envió la Fiscalía de Cochabamba. Semanas antes, el vehículo se había arruinado y para pagar los gastos del taller él sacó Bs 4.000 de su bolsillo, porque tenía el presentimiento de que ese motorizado sería vital en cualquier momento.

En un anterior intento de linchamiento, Vidal acudió en una motocicleta que se había incautado a un delincuente, pero cuando llegó al lugar, la multitud no le creyó que era fiscal porque iba en un vehículo sin placa, lo acusó de ser un atracador de mototaxistas y casi termina quemado. 
Los policías y fiscales, a pesar del riesgo y de la falta de medios, aprendieron los trucos para salvar a esos hombres o mujeres cuyas vidas penden de un hilo, pero también para salvar sus propias vidas.

Un policía de Eterazama coincide con otro de Ivirgarzama: cuando la turba ya está descontrolada, es mejor sacarse el uniforme y vestirse con ropa de civil, caminar por el lugar de los hechos como si uno fuera uno de ellos para ver a los cabecillas y después tratar de identificarlos.
Sacar el teléfono móvil para tomar fotos o para filmar, puede ser peor que colocarse una pistola en la nuca. “Ay del pendejo que se atreva a hacerlo”, dice un policía de Entre Ríos, a 30 km de Ivirgarzama, que ya vio dos ejecuciones en pueblos ocultos del trópico.
El sargento Carlos Muñoz es uno de los pocos que se atreve a cantar algunas victorias. Él es uno de los cuatro policías de la Felcc que el martes pasado estaba de turno en Villa Tunari. Cuenta que, a pesar de las limitaciones logísticas, desde 2012 ha conseguido evitar que se consumaran 50 linchamientos, utilizando técnicas de persuasión y prometiendo que la justicia sentará la mano a los delincuentes.

Con permiso para entrar
“Penetrar en los pueblos de Chapare puede generar susceptibilidades entre los pobladores”, indica Juvenal Peredo, el oficial mayor de la Alcaldía de Villa Tunari, que recomienda siempre llevar a mano el carné de identidad porque  la gente, cuando ve a alguien que es ajeno, se pone susceptible y puede pensar que el recién llegado es un delincuente. “Los sindicatos son bien organizados para velar por su seguridad. Están pendientes de la gente nueva que los visita porque puede pensar que son rateros”, dice esta autoridad.
Sobre estas recomendaciones está enterado un fiscal que pide el anonimato y que cuenta que para ingresar en una comunidad primero tiene que pedir permiso a las autoridades de las organizaciones sociales para que no malinterpreten su presencia.

El defensor del pueblo en el trópico de Cochabamba, Boris Luis Selma, que tiene su oficina en Villa Tunari, confirma que existe una débil presencia estatal y que para luchar contra este problema es que los administradores de la justicia ordinaria han firmado un acuerdo con los de la justicia comunitaria para que se respeten los derechos humanos.
Eleuterio Inclan Espinoza, ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical, y que vive en Valle Sajta, de donde el fiscal Vidal logró evitar un triple ejecución, asegura que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria, que esas decisiones no se las toma en ningún ampliado y que obedecen a acciones incontrolables, hormonales y a rabia reprimida porque los ladrones no son sancionados por el aparato judicial.
Para Percy Ronald Cámara, juez de sentencia acantonado en Ivirgarzama, es intolerante enterarse de un linchamiento porque la justicia que atenta contra la vida no es justicia. Sin embargo, manifiesta que desconoce por qué ocurren las matanzas.
Ivón Ágreda es la nueva fiscal que ha llegado a Villa Tunari y entre los archivadores que están en su oficina, hay uno en cuya carátula la anterior autoridad le dejó escrito: “Ojo, caso de linchamiento”.

Pero de la ejecución que ahora se habla en el trópico, es sobre la última que ocurrió en septiembre. El informe del policía Willy Castillo revela que un día después, el 26, volvió al lugar de las muertes, a orillas del río Ichoa. Observó manchas negras y cenizas, un bidón amarillo con olor a gasolina, restos de prendas de vestir  y alambres de púas 

  EL INFORME POLICIAL SOBRE LOS EJECUTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE 

La mala noticiaA las 17:15 del miércoles 25, policías de Entre Ríos informaron a los de Ivirgarzama de que dos personas habían sido linchadas, amarradas y quemadas en un poste, a la altura del río Ichoa, a cinco kilómetros de la carretera

El hallazgoA las 18:15, personal de Homicidios y el médico forense nos constituimos en la zona. Encontramos a más de 10 personas  que observaban dos cuerpos totalmente calcinados, maniatados con alambre de púas.

Los golpes
Según el examen físico externo del médico forense, uno de ellos habría fallecido por traumatismo encefalocraneano, donde se evidencian múltiples facturas en la cabeza y el cuerpo quemado.

Fuego 
El segundo habría fallecido por quemaduras de cuarto grado y paro cardiorespiratorio, a consecuencia de la sofocación del fuego. Se lo encontró sin las extremidades inferiores consumidas por el fuego. No se encontró identificación personal de ambos.

  ANÁLISIS 

Hay excesiva protecciónVíctor Hugo Cárdenas | EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIALos linchamientos en Chapare ocurren por dos cosas. Por un aspecto cultural, que es el hecho de que las organizaciones sociales son enormemente verticalistas y autoritarias. La cultura autoritaria es esencial en ese lugar. Difícilmente va a respetar la vida y el derecho ajeno.
Por otra parte está la causa política. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una actitud permisiva del Estado, que permite esos abusos y que no se investiguen.
No se puede decir que Chapare sea un Estado dentro de un Estado, porque es un grupo social de represión, excesivamente protegido.
El Gobierno y el presidente son parte de este conflicto, del problema, no de la solución, porque si de verdad se quisiera respetar la ley, en Chapare, para empezar, no se debería cultivar coca 

Para el Gobierno es un crimen de crueldad extremaEL DEBER buscó una versión del Ministerio de Gobierno para que se refiera a los linchamientos en el trópico y sobre las versiones de que la ‘ley de la muerte’ gobierna por encima del Estado.
A través del Departamento de Comunicación de dicha repartición estatal, el ministro Carlos Romero se excusó señalando que el viernes estaba ocupado, pero que sí iba a hablar el viceministro Jorge Pérez. “Estamos trabajando en el tema de los linchamientos de Chapare”, dijo Pérez por teléfono y se comprometió a dar detalles posteriormente. Pero hasta el cierre de este reportaje, continuaba ocupado en una reunión.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una carta enviada a EL DEBER el 28 de septiembre, calificó las dos ejecuciones ocurridas en Entre Ríos como un crimen cruel y extremo. “El Gobierno censura enfáticamente los linchamientos ocurridos recientemente en Entre Ríos, porque, además de ser un crimen de crueldad extrema, representan una falla institucional del Estado con causas profundas y diversas

conocí a Juan en el bufete de su padre Hugo del Granado abogado de la familia a quién frecuentábamos a menudo. Delgado, muy joven, pero también muy serio, entraba y salía de la oficina, ya entonces concentrado en el Derecho, quién diría que sería el talentoso jurista que metió en la cárcel a Luis García Meza el dictador que nos encarceló y exilió de nuestra Patria. honesto, inteligente gobernó La Paz 10 años ahora aparece como el más serio rival de Evo Morales

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, ante las movilizaciones y los piquetes de huelga que se instalaron en el país en rechazo a los datos del Censo y la redistribución de escaños, pidió este viernes la apertura del proceso constituyente, con el objetivo de debatir y dar solución a esta problemática antes de que las medidas se radicalicen.

Al momento ya suman siete piquetes de huelga en cuatro departamentos, Potosí, Chuquisaca, Beni y La Paz, los cuales rechazan la fórmula de redistribución de escaños planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que espera ser debatida por la Cámara de Senadores, se anuncian más medidas de presión para la próxima semana.

"Estamos planteando la apertura del proceso constituyente o sea la reapertura del debate, la reapertura de la deliberación nacional en todos los escenarios (…). Para debatir sobre el rol de los poderes del Estado, sobre el rol de la inversión pública, sobre el rol del Estado y de la sociedad", manifestó Del Granado.

La ola de protestas se inició después de conocerse los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, a finales de julio, los cuales eran menores a los que se presentó previamente en enero, lo que causó la molestia de las regiones que se vieron afectadas en la reducción de sus habitantes.

Posteriormente las movilizaciones se agudizaron con la propuesta del TSE, el cual reduce a un escaño a los departamentos de Potosí, Beni y Chuquisaca, para otorgárselos al departamento de Santa Cruz.