la muerte anunciada de José María Bakovic, el pesado legajo que deja tras de sí, víctima de Evo Morales como primera víctima del sistema, cuando nunca se le pudo probar un delito. Erika Brockman en cosquillante artículo

La muerte de José María Bakovic ha conmocionado a la opinión pública y a la gente que lo apreciaba y conocía como una persona de bien. Experimentamos, una vez más,  el sentimiento de impotencia  frente a un Gobierno y un sistema judicial que cierra el círculo de su manipulada y mediocre existencia con el recurso de Poncio Pilatos: lavarse las manos
¡Que paradoja!,  Bakovic nunca fue político pero terminó siendo víctima y estandarte de una  deformada cruzada anticorrupción preñada de imposturas. Recuerdo el día en que por más de 90 por ciento de los votos de la Cámara de Diputados asumía la Presidencia  el Servicio Nacional de Caminos (SNC). En ese entonces, no faltaban corrientes políticas partidarias resistentes a emprender reformas institucionales fundadas en criterios meritocráticos  y orientadas a “desmontar” prácticas que hicieron de instituciones como el SNC, referentes simbólicos de la corrupción pública. Pese a esas resistencias, ganaron las corrientes institucionalistas logrando que JMB asuma tan importante desafío y  cuyo legado se traduce hoy en una serie de proyectos que el Gobierno del MAS impulsa e inaugura en tiempos de bonanza.

Fue el Presidente EMA uno de los primeros en acusar públicamente de corrupto a Bakovic. Lo hizo con ligereza y tono de sentencia. Ese 2006, con el aura de una legitimidad inédita,  no sólo ignoró el principio de presunción de inocencia, sino que abrió la  compuerta para que los operadores de justicia comiencen a forzar procesos para validar y complacer la fiebre discursiva acusatoria.

Ayer,  además de negar la responsabilidad del Gobierno en el trágico desenlace que duele y consterna,  Su Excelencia (SE) confesó estar muy preocupado por el estado de la justicia boliviana, no sabiendo cómo encarar su reforma. Me atrevo a lanzar algunas sugerencias.

En primer lugar, EMA deberá  controlar la incontinencia verbal que le aqueja cuando  “con todo respeto”  acusa desaprensivamente a sus oponentes. Debiera también prohibir a su gabinete inmiscuirse en juicios entablados contra exautoridades, pedir se retracten públicamente de campañas de descalificación que anticipan sentencia sin juicio previo a sus detractores. La que siguió a la masacre de El Porvenir fue emblemática y condenatoria.

Urge  institucionalizar y despartidizar la Contraloría. Habrá que convencer a SE que respete los procedimientos Safco en sus millonarias inversiones. Especialmente cuando son decenas las personas judicialmente acosadas, por haber adoptado medidas aún menos discrecionales.

¿Será mucho pedir al Gobierno que cumpla  la promesa –post tragedia de Palmasola– de descongestionar las cárceles concediendo libertad a detenidos preventivos sin investigación ni procesos abiertos, luego de los seis meses? Comenzar con los dirigentes de oposición, haciendo justicia donde sobran víctimas de injusticias, ayudaría a enfriar los sentimientos de resentimiento y venganza que comienzan a anidarse en cientos de familias bolivianas.

Finalmente, replantear sus prioridades de gasto e inversión en defensa, aviones y construcciones palaciegas. Urge incrementar el presupuesto destinado a fortalecer las capacidades institucionales del sistema judicial. Son varios los que demandan vigilar y limitar el poder de una fiscalía  hoy convertida en un suprapoder, como nunca antes dócil a las prioridades del poder político, ciego e incompetente para administrar justicia. Para hacerlo no necesita convocar a cumbres ni a organizaciones sociales afines, estos retos no se improvisan ni se encaran con tanta  parafernalia.

La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria