El Gobierno de Venezuela fue determinante para que el presidente Evo Morales y sus ministros desbarataran la red de corrupción que se había montado para extorsionar al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, confirmaron a EL DEBER fuentes gubernamentales y diplomáticas.
El actor Sean Penn, en primera instancia, recurrió a su amigo, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyo Gobierno gestionó ante Evo Morales la visita de Penn a La Paz, pero también a Palmasola, donde estaba detenido su otro amigo, Jacob Ostreicher, acusado de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
De hecho, el actor estuvo acompañado durante ese periplo por funcionarios de la embajada de Venezuela en La Paz. El miércoles, el presidente Evo Morales en entrevista con este medio dijo que una embajada le envió el mensaje de que había irregularidades en el caso y por eso ordenó la investigación, los operativos y las detenciones. No precisó de qué embajada llegaron los mensajes, pero ayer fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que fue la de Venezuela.
Por otro lado, ayer surgieron cuestionamientos sobre por qué el Poder Ejecutivo no detectó y desbarató mucho antes la red encabezada por abogados que trabajaban desde hace cinco años en el Ministerio de Gobierno. La bancada opositora de Convergencia recordó ayer que el senador Róger Pinto presentó el 15 de abril de 2011 un audio en el que se escuchaban las voces del abogado Dennis Rodas y “posiblemente”, de Fernando Rivera, en las que junto a un fiscal y una abogada que posteriormente le iniciaron procesos penales “tramaban de manera descarada la conducción judicial de los casos terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia”, se lee en un comunicado.
El diputado del MAS, Héctor Arce, argumentó en defensa del Gobierno que “estas organizaciones criminales se forman con extremado sigilo y reserva, es difícil detectarlas”.
El diputado oficialista Edwin Tupa reconoció que el sistema de control “no ha funcionado” en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Hay que apretar clavijas”. La oposición cuestionó que la ministra Nardi Suxo no haya informado de la red. Esta última salió al frente y defendió su gestión.
Fernando Rivera
Sigiloso, no se hacía sentir en el ministerio, pero era ostentoso cuando salía a la calle, y solamente aparecía cuando necesitaba algo. Fueron los tres conceptos que se recogió en la oficina en la que se desempeñó durante cuatro gestiones ministeriales.
Ingresó a trabajar en esa repartición de Estado el 20 de julio de 2007. Previamente, había pasado por la Contraloría y por la Caja Nacional de Salud, de donde no habría salido muy bien parado, porque se vio implicado en un caso de presunta corrupción que quedó archivado.
En poco más de dos meses pasó de abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos a director de Análisis Jurídico de esa oficina. Sorpresivamente, el 2009 fue derivado a la Dirección de Migración, como director de Extranjería.
El 2010, el ministro Sacha Llorenti lo nombró director de Asuntos Jurídicos, pero apenas días después fue nombrado asesor legal, cargo en el que se mantuvo desde entonces, pasando por las gestiones de Wilfredo Chávez y Carlos Romero, hasta que fue detenido el lunes en Tarija. Antes de ello había obtenido un poder que no le ponía freno alguno y, a criterio de personas consultadas en el mismo Gobierno, le otorgó una especie de “licencia para matar”.
Su declaración jurada de bienes, presentada el 29 de junio de 2012, reportó cero (0) en Bienes, Deudas y Patrimonio Neto; mientras que sus rentas alcanzaron a 156 mil bolivianos, lo que significa que tenía un ingreso mensual de 12 mil bolivianos.
También tenía afinidad con el fiscal Isabelino Gómez.
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