La llegada de Evo Morales al Gobierno, tras ganar las elecciones de 2005, se dio en medio de grandes expectativas sobre cambios en la calidad de vida —con el paradigma del “Vivir Bien”—, la economía, los recursos naturales, las reformas institucionales y la inclusión de los pobres e indígenas.
Siete años después, muchas de estas promesas han sido puestas a prueba. Sólo en los últimos meses, el Gobierno enfrentó diversas protestas sociales que han ido socavando la fortaleza de la mayor fuerza política del país: el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los nubarrones que comenzaron en 2011, con la represión a los indígenas del Tipnis en Chaparina durante la VIII marcha, continuaron en 2012 con la llegada de una nueva movilización indígena que se marchó de La Paz, después de 15 de días de vigilia y de haber recorrido durante dos meses por caminos hostiles, al no recibir atención a su demanda de frenar la carretera que impulsa el Gobierno en el territorio indígena a través de una consulta previa cuestionada.
“El Gobierno ha demostrado que no tiene la mínima capacidad de cumplir lo que dice en el contexto internacional: que es defensor de la Madre Tierra, de los derechos de los indígenas, cuando en su propio territorio está a punto de destruir un parque”, enfatizó el dirigente del Tipnis Fernando Vargas.
Para la analista María Teresa Zegada, el conflicto con el Tipnis es uno de los más complejos que ha afrontado la administración de Evo Morales.
Según la socióloga, la disputa con las comunidades del Tipnis “no sólo tienen que ver con una negociación corporativa, sino que ha tocado elementos estructurales del discurso del MAS y los universos simbólicos de este Gobierno, como la imagen del presidente indígena”.
A ello se añade que hay un choque de visiones: la del desarrollo versus la visión indigenista, que concibe la tierra como propiedad colectiva y al bosque como la “casa grande”. Por ello y otros factores, el nivel de conflictividad es mucho más difícil de administrar.
Desprestigio
El Gobierno de Morales desplegó una campaña de desprestigio contra los dirigentes de la IX marcha que hizo evidente la división entre los representantes y desató una lucha por la institución que los agrupa.
Ante el fracaso de un diálogo con el Gobierno, la administración de Evo Morales resolvió llevar adelante la consulta en el Tipnis; ante ello, los indígenas advirtieron con impedir el trabajo de los funcionarios que actualmente realizan el proceso de consulta bajo la sentencia de: “Lo que pase en el Tipnis, será responsabilidad de Morales”.
Protestas y motines
El presidente Evo Morales ha tenido que enfrentar, en los últimos meses, diversas protestas sociales y un motín de la Policía.
Según el análisis de Zegada, la crisis policial, revestida de una reivindicación salarial, mostró la fragilidad del Gobierno.
Crisis institucional
El enfrentamiento por el yacimiento de indio y otros minerales en Mallku Khota reveló la fuerte crisis de institucionalidad que existe en el país.
La pugna entre ayllus que movilizó a la Policía, en medio de pedidos de militarizar la zona, llegó a su cúspide con el secuestro de profesionales de la South American Silver y policías.
El conflicto contrapuso la manera tradicional de resolver conflictos y la vigencia de la justicia indígena originaria y campesina, que reconoce derechos a los pueblos sobre determinados territorios.
Según la analista María Teresa Zegada, el conflicto de Mallku Khota “revela esta fuerte crisis de institucionalidad, que se puede convertir en un factor de desestabilización, por problema de límites o recursos”.
Ante los secuestros, torturas y amenazas que han quedado en la impunidad, Zegada manifestó: “Es crítico, en el conjunto de conflictos, que haya violencia.
Pero es inadmisible que se llegue a la toma de rehenes y frente a ello no haya una respuesta institucional. No se abren procesos o restablece el orden: eso genera más debilidad para el control de estos escenarios, donde hay desborde social”.
Sobre la crisis institucional, Zegada dijo que “la Policía es una entidad que pone el orden y está al servicio del Gobierno. Y que este actor aparezca generando un proceso fuera de la institucionalidad, es una señal de desinstitucionalización”.
LAS TENSIONES
Las tensiones en un Estado en construcción parecen inevitables, y se manifiestan con mayor fuerza cuando se ponen en práctica los códigos de una nueva Constitución Política del Estado que le reconoce derechos a los pueblos indígenas.
De hecho, los conflictos más intensos que ha vivido el Gobierno de Evo Morales han estado relacionados con la disputa por recursos naturales, yacimientos de minerales, agua, tierra y madera.
En tanto que en los conflictos con sectores sociales como los médicos y la Policía, a pesar de haberse resuelto lo urgente, están pendientes varias demandas que pasan por la transformación del sistema de salud, en el primer caso, y la modernización de la institución, en el segundo.
ANÁLISIS
María Teresa Zegada, analista y socióloga
Hay acumulación de conflictos
Hay que mirar los conflictos separándolos en dos dimensiones. Un aspecto es el escenario de conflictividad, que es muy prolífero, y otro el problema del Tipnis.
Si se analizan las gestiones anteriores y se las compara con el MAS, evidentemente hay una acumulación de conflictos sociales muy grandes.
Sin embargo, este tipo de conflictos son, más o menos, manejables, dependiendo de su dimensión, en cualquier gobierno democrático; son sustanciales a la sociedad, siempre existen, y dependiendo del manejo que haga el Gobierno con los diferentes sectores, suelen ser resueltos; o dependiendo, de acuerdo al caso, se pueden postergar.
Creo que en ese escenario, el Gobierno tiene una dificultad en la administración de estos conflictos y opta más bien por la vía de la postergación; por una negociación que no se cierra y estos vuelven a reproducirse más adelante con mayor agresividad. Pero son conflictos que están en un plano, en el que pueden ser administrados.
En otro plano, más complejo está el conflicto con el Tipnis, porque no sólo tiene que ver con una negociación corporativa y económica, sino que ha tocado elementos estructurales del discurso del MAS y los universos simbólicos de este Gobierno, como son la imagen del presidente indígena. Es un Gobierno que ha propiciado una Constitución que ahora le resulta muy compleja de cumplir; por otro lado, ha tocado dos visiones: una visión de desarrollo versus una visión indigenista —por ejemplo— y también ha generado conflicto con los que fueron parte de la base del MAS.
El Tipnis ha revelado esta fuerte contradicción que hay entre la lógica de los indígenas, como la tierra como un derecho colectivo y los derechos de carácter individual de los campesinos afiliados al MAS, como son los cocaleros. Este nivel de conflictividad es mucho más difícil de administración.
Violencia por mineral
Mallku Khota
A pocos días del secuestro de dos policías en Mallku Khota (Potosí). El Gobierno tuvo que navegar en las tormentosas aguas del conflicto minero que llevó a un enfrentamiento entre comunarios que pedían la expulsión de la canadiense South American Silver (SAS) y los que apoyaban su permanencia en el yacimiento más rico de indio, plomo, zinc y oro, incluso por encima de la Minera San Cristóbal.
Aunque la mayoría de los ayllus estaba de acuerdo con las exploraciones, aquellos se movilizaron y llegaron a secuestrar a policías y trabajadores de la empresa hasta lograr la reversión de la concesión minera.
La impunidad de los secuestros y la violencia desatada en Mallku Khota ha sido la característica de este conflicto. Sin embargo, como resultado de la presión también se generó mayor incertidumbre para la inversión extrajera ante la promulgación del Decreto Supremo 1308, que revirtió la concesión y descartó una negociación por la indemnización con la SAS.
Si bien la coyuntura está atravesada por conflictos mineros entre comunarios, cooperativistas y empresas, la realidad del esquema de la minería en Bolivia continúa dominado por tres empresas con capitales extranjeros: San Cristóbal, Sinchi Wayra y Manquiri.
A decir de una publicación de la revista Petro Press, editada por el Centro de Información y Documentación Bolivia, Comibol sólo ha recuperado presencia en la minería del estaño y está lejos de ser la de 1952, cuando controlaba el 80 por ciento de la producción.
Conflicto aún pendiente
Salud
El plan para que los médicos dejen de trabajar seis horas y cumplan una jornada de ocho no sólo fue el detonante de una huelga indefinida que duró 53 días y sacó a médicos y universitarios a las calles, sino que destapó los problemas crónicos del sistema de salud, que sobrevive con un bajo presupuesto del Estado y con una seguridad social con más asegurados que recursos.
El presidente Morales calificó al paro médico como un “castigo al pueblo boliviano. No se puede entender cómo algunos sectores no quieren trabajar.
En el gabinete había planteado: quisiera que el día tenga 36 horas, falta tiempo”.
Después de 53 días, el Gobierno puso punto final al paro indefinido al dejar en suspenso el decreto que instituía las ocho horas de trabajo, modificaciones en la docencia y práctica universitaria.
Sin embargo, está pendiente el llamado a una Cumbre Nacional de Salud, en la cual se podrá interpelar al Estado y las explicaciones de los médicos.
El conflicto desentrañó la necesidad de debatir con mayor profundidad los problemas del sistema de salud.
Además de las ocho horas de trabajo de los médicos, está en la agenda la necesidad de una mayor acción estatal en el sistema de salud.
El conflicto de salud derivó en la convocatoria a la realización de una cumbre nacional con las participación de los diversores sectores involucrados en esta problemática.
Un país sin policías
Bolivia
Un conflicto que inquietó en especial a los bolivianos fue el de la crisis policial de junio, porque los protagonistas, en esta ocasión, fueron los llamados a mantener la seguridad.
Por seis días, miles de policías de base se amotinaron pidiendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.
Durante los momentos más tensos, los policías llegaron a quemar documentación de cientos de procesos disciplinarios que fueron abiertos según la Ley 101, que endureció el régimen de sanciones para los policías.
La protesta derivó en un cierre de la banca y otras instituciones. En tanto que la seguridad de Palacio de Gobierno se vio en riesgo.
A pesar de ello, el Gobierno decidió no sacar al Ejército y alertó sobre el intento de un golpe de Estado, promovido por opositores a Morales y la IX marcha indígena del Tipnis.
El presidente Morales y sus ministros aseguraron, a través de cadenas radiales y televisivas, que detrás de la protesta había afanes golpistas, pero las pruebas se dejaron esperar. Entre tanto, los Policías reiteraron que su movilización era por una reivindicación, no por política.
El reclamo de los policías de bajo rango no solamente tenía que ver con el pedido de aumento de salarios, sino por el cambio de leyes que según los dirigentes de este sector son demasiado duras.
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