EL MNR hacia el Siglo
XXI
(Tesis Política)
Por: Alberto de la Reza
Antecedentes
El Estado y la ideología del MNR han
sufrido un proceso largo de maduración extraordinario desde su fecundación en
la Guerra del Chaco. Desde ahí emergió una renovada conciencia nacional
promotora de un impulso de igualación de oportunidad, que en ciertos momentos,
este impulso, se desvirtuó por el clientelismo y prebendalismo que todavía
impera en el país, premiando lo que no debe premiarse y postergando o
castigando lo que merece ser recompensado.
El núcleo fundador del MNR, en su mayoría, provenía
de las ideas nacionalistas y fue influenciado, con mayor o menor énfasis, por
el populismo de izquierda. Paz Estenssoro, Carlos Montenegro y Augusto Céspedes
eran más afines al populismo de izquierda, mientras que Walter Guevara Arze se
suscribía más hacia un marxismo científico. Sin embargo, al final del día el
pensamiento ideológico de Carlos Montenegro expresado en su obra publicada en
1943, “Nacionalismo y Coloniaje” rescató el pensamiento del nacionalismo
boliviano, que plasmó como eje central del pensamiento movimientista la
consigna del mestizaje a la boliviana, definida luego bajo el concepto de la
Alianza de Clases.
Para el MNR, lo diverso es incluyente, no es
excluyente ni es disolvente; las aspiraciones de todos los individuos son
iguales, las oportunidades deben ser las mismas, los logros pueden ser
diferentes. Hemos sido indigenistas, también populistas y también medio
clasistas; esto no nos hace ni de izquierda irreconciliable ni de derecha
intolerante, ni indefinidos como un centro neutro, nos hace más bien como un
restaurador de equilibrio. Eso sí, aprendimos a trabajar de abajo hacia arriba
y donde la sociedad progresó, acompañamos ese proceso, antes y ahora; vimos a
la ciudadanía pasar de rural a urbano de campesino a obrero, de agricultor a
trabajador de clase media, de empleado a empresario y apreciamos a todos como
dignos ciudadanos bolivianos. Aprendimos a generar principios y valores y
buscamos el mestizaje nacional como elemento representativo de lo nacional.
Buscamos lograr una conciencia más amplia: el sentirse nación antes que
sentirse clase.
Por eso el MNR concibió un entramado
nacional que comprendió los siguientes elementos: 1) la independencia nacional
soberana como el eje que acompañe e interprete nuestra historia, condición básica
para un buen relacionamiento internacional, 2) una modernización política, que
en la independencia y desarrollo de sus poderes institucionales logre una
consolidación democrática en la administración del Estado, 3) que las
iniciativas populares debían dar contenido a los conceptos, principios y
valores de la revolución nacional, 4) que los gobernantes deberían actuar con
ecuanimidad, equilibrio y constancia, 5) que en la sociedad debía generarse una
disposición, para que en gestión de gobierno, se actúe con equidad en el
cumplimiento del deber.
Las contraposiciones nacionalista –marco
conservador- y revolucionaria – marco innovador -, que en concepciones
ciudadanas crearon un contrasentido en la apreciación de diversos sectores, encontraron
respuesta en la alternabilidad política que se generó, aunque con un costo
interpretativo, porque dichos actores de alternabilidad devaluaron el sentido
de la conformación integracionista del movimiento. El paraguas ideológico
persistió aunque incomprendido, lo que lo debilitó.
Las dificultades económicas encontradas en
los primeros años de gobierno fueron adecuadamente encaradas. En el periodo
1952-1956 se elaboró el “Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno” con
la participación del Dr. Paz Estenssoro, Walter Guevara, Alfonso Gumucio Reyes,
José Paz Estenssoro y asesores de Naciones Unidas, entre otros, dado que la
economía del país dependía en un 90% de la minería lo que hacía que la
totalidad de los productos básicos de consumo de la ciudadanía se importaban y
a ese tema estaba dedicada la primera parte del Plan. La segunda parta hablaba
de desarrollo y diversificación económica en petróleo, hidroeléctrica,
agropecuaria y proyectos ganaderos en el Beni. En realidad se inició la
integración del país con una apertura hacia el Oriente sustentada por la
construcción de infraestructura básica que integre al país, tanto en oleoductos
como en carreteras como con apoyo a iniciativas productivas.
El MNR siempre fue un partido donde
convivieron diferentes actores con diferentes tendencias. En los años sesenta,
dos nuevos actores dieron impulso al Nacionalismo Revolucionario, Sergio
Almaraz Paz como defensor de los recursos naturales y René Zabaleta Mercado que
reconoció que las ideologías envejecen y
observó la necesidad de adoptar una posición liberal democrática que tenga en
su centro “el contrato de la constitución del poder”, que fuera acogida por
todas las tiendas, como alternativa para superar la crisis política que se
generó. Zabaleta concibió el espacio de la política, como la manera cómo deberían
organizarse las relaciones del poder para llegar a las decisiones de Estado que
atañen a la colectividad, la justificación de la obediencia o desobediencia a
la autoridad y la vinculación del Estado con la sociedad civil mediante los
partidos políticos como intermediarios de dicho relacionamiento. Minorías y
mayorías debían ser representadas.
Reconciliación
ideológica
En realidad, el MNR ha sido la
reconciliación de dos ideologías: el nacionalismo – necesidad histórica de
reestructuración- y lo revolucionario-
derribo de estructuras anacrónicas y centralizadoras de privilegio- a fin de
lograr un nivel evolucionario en institución y en gestión, dado que los impactos
en la sociedad debieran ser reducidos puesto que generan trauma y postergan el
desarrollo. Por ello y más se plantearon planes y programas incluyentes y
racionales, que impulsaron a Bolivia hacia la modernidad.
En la alternabilidad mencionada
anteriormente, el modelo autoritario impuesto por los gobiernos militares
evidenció la ruptura interna de la matriz ideológica del MNR, ante una crisis
fundamentalmente de modelo económico y que genera el inicio de una
recomposición de los partidos políticos. Ante esto, el proceso político
iniciado en 1952 con las presidencias sucesivas del Dr. Paz Estenssoro y de
Siles Zuazo es cerrado por los mismos: con Siles Zuazo mediante la crisis de su
gobierno evidenciando que el modelo estatal estaba agotado. Paz Estenssoro
articuló un discurso liberal y configuró un nuevo modelo a partir de la Nueva
Política Económica que fundamentalmente sustituyó los núcleos originales del
nacionalismo revolucionario.
La crisis económica del periodo de la UDP
derivó en una crisis política donde las diferentes tiendas no pudieron alcanzar
un consenso de unanimidad que permitiera la gobernabilidad democrática del
país. Finalmente, se logró el Pacto Democrático de octubre de 1985 con el
ascenso al poder de Víctor Paz Estenssoro y del MNR. Con la promulgación del
Decreto Supremo 21060 de agosto de 1985 se inauguró un modelo de reordenamiento
de la sociedad, de modificación de las relaciones de fuerza y poder entre los
grupos sociales y gremiales, de la reconstitución de las dimensiones
económicas, políticas, sociales y fundamentalmente ideológicas.
El nuevo modelo ya no sería de
confrontación entre fuerzas sociales y clases como en el 52, fue y es un modelo
evolutivo. El adversario a derrotar en la conducción del país fue la crisis
económica en la cual se encontraba sumido el país. Se controló el agudo proceso
inflacionario del país, se estabilizó la economía colapsada iniciando un punto
de partida productor. Se establecieron relaciones internacionales que
celebraron el proceso iniciado. Se consiguió domésticamente un amplio
reconocimiento colectivo de que las medidas, aunque duras, frenaban la pérdida
de valor adquisitivo de las familias y permitían su estabilidad. Un sector de
intermediación financiera, que por la hiperinflación acabó con un nivel patrimonial
paupérrimo, que vedaba toda iniciativa de intermediación y de apoyo productivo,
fue reconstituido hasta alcanzar en los tiempos actuales niveles patrimoniales
arriba de los mil millones de dólares.
Legitimización
política
Esto se convirtió en un proceso de
legitimación y de victoria política derivada de la gestión pública emprendida.
El MNR, más allá de la ideología, ante los desafíos de la patria, supo
interpretar el momento histórico, la necesidad de Estado, la angustia ciudadana
y supo dar la solución a un problema y a una crisis de dimensiones que no se
habían vislumbrado en el pasado. El bienestar de la ciudadanía en general fue
prioritario. Contrariamente a lo que algunos detractores manifiestan, tomamos
las medidas necesarias para estabilizar el país, abrir mercados para nuestras
materias primas, para generar en un futuro inmediato ingresos impulsores de
mayor desarrollo y bienestar.
Modernización
del Estado
Desde el Pacto por la Democracia, se inició
la construcción de un Estado de Derecho moderno, asentado en base a una lógica
renovada de pacto y que marcaría a gobiernos sucesivos. Esto significó que la
arena política concebida anteriormente como el campo de guerra y confrontación
donde se buscaba la desaparición del adversario, convertido en enemigo, cedió
su lugar a un escenario de composición y de tolerancia y donde se exaltaron los
valores de la democracia. Lo notable en esta construcción unificadora, es que estableció
el respeto a las opiniones diferentes y donde el campo a vencer se encontró en
la presentación de las mejores ideas y de los mejores programas de gobierno.
En su origen, la ideología del nacionalismo
revolucionario, nació como una respuesta a una necesidad de iniciar una modernización
del Estado boliviano, siempre en un contexto de justica social, que salió de
una herencia de una sociedad feudal hacia una nación con aspiración de
conformar una clase media pujante. Hacia adelante, en este proceso de
modernización, se inició una consolidación de identidad del ciudadano mestizo
boliviano, amante de su territorio, orgulloso de su origen, responsable hacia
sus coterráneo, flexible en su conducta en la sociedad y deseoso en satisfacer
sus aspiraciones humanas; así se encaró y complementó el desafío ideológico.
Se concibió de esta manera el Modernismo
Democrático, aplicado a partir de 1993 con la gestión de Sánchez de Lozada,
donde los conceptos técnicos acompañaron a los principios políticos. La
transformación ideológica fue una respuesta a la demanda de los tiempos y de
interpretación del momento histórico, dado que el ambiente material condiciona
el pensamiento y no a la inversa. La racionalidad moderna se engarzó en la
representación de identidad articuladora de la conciencia colectiva, sin
homogeneización, pero respetando el surgimiento de las minorías nacionales que lucharon
y luchan por el respeto a sus
identidades, derecho reconocido en la Constitución Política de 1994 que declaró
a Bolivia como multiétnico y pluricultural y en una reforma educativa que
reconoció la enseñanza de los primeros cursos en el idioma nativo. Sin embargo,
imperceptiblemente surgió el enfrentamiento de lo arcaico con las demandas de
la modernidad y de la integración en civilización.
Conocimiento
económico moderno
El nacionalismo exacerbado, resultado del
periodo histórico de post segunda guerra mundial, coincidente con el periodo
inicial del MNR, se flexibilizó ante el conocimiento económico moderno, donde
la influencia e ingreso del capital extranjero ya no era considerado como
violatorio de la soberanía nacional, sino más bien como la fuente de inversión
en ausencia de un nivel adecuado de ahorro interno que debería promover el
crecimiento, el intercambio, la transferencia de tecnología, e integración a un
mundo moderno, por lo que la propuesta de una Ley de Capitalización constituyó
la apertura de fronteras empresariales y el ingreso de capitales y de
tecnología. Además, las medidas económicas siempre fueron acompañadas por las
de carácter social, como el BONOSOL y el SUMI, que brindaron soporte a los
sectores menos privilegiados de la sociedad. Estos programas de asistencia
social fueron creación del MNR, el MAS
solamente les cambio el nombre.
Integración
y desafíos positivos creados. Alternabilidad destructiva
El concepto de los años 50 del siglo pasado,
practicado por varias naciones en desarrollo, como ser el orientar sus economías
a “autoabastecerse a sí mismas o a lograr sincronías entre ciertas naciones”
como ser el caso de la Comunidad Andina de Naciones, dio lugar, en la nueva
realidad económica de actividad comercial global, a un proceso de
mundialización de las relaciones en todo orden. Las ventajas competitivas
relativas debían ser maximizadas; de ahí surge la noción de Bolivia, país
integrador del Cono Sur Suramericano, aportando con sus recursos energéticos en
una consolidación de plataforma de anillo energético que promueva integración y
desarrollo y un gran beneficio doméstico tecnológico y de empleo.
Esta iniciativa desafortunadamente, por mal
manejo del gobierno del MAS ha sido postergada y posiblemente inhabilitada, por
su afán subsirviente a intereses venezolanos, que cedieron la primacía de
nuestra Nación a un actor lejano al área de influencia del MERCOSUR. Pretensiones
extemporáneas de acercamiento a MERCOSUR, luego de enemistarse con nuestros
vecinos y después de desacreditar a la Comunidad Andina de Naciones, nuestro
principal mercado de productos no tradicionales, en momentos en que el Pacífico
cobra importancia, refleja la falta de conocimiento geopolítico y comercial de
los gobernantes actuales.
En este sentido el nacionalismo del MNR no
implicó una práctica de lucha contra enemigos externos; en sí
fue y es un renovado proyecto nacional que tiene que ver con la construcción de
un cambio que sustente la pluralidad de identidades culturales, la solución de nuestras
necesidades económicas y el aprovechamiento de oportunidades comerciales; todo
esto en un marco democrático y de respeto a la Ley.
De trauma de revolución a evolución de Estado
Lo
revolucionario dio paso a lo evolucionario sin abandonar la idea de seguir
transformando a la sociedad en beneficio de las mayorías y minorías; la
violencia fue sustituida por el ejercicio y práctica dentro de los márgenes
establecidos por un sistema democrático. Esta práctica resultó en una
Constitución que refleja las aspiraciones ciudadanas y no un marco de justificación
de política partidista e ideología sectaria y donde el Estado de Derecho
prevalece. Por lo tanto, las formas políticas tradicionales debieron
necesariamente revisarse, cuestionarse, transformarse y adaptarse.
La
incorporación de conceptos técnicos en la administración del Estado, acompañó a
la acción política, y delimitó los campos de lo posible políticamente ante una
realidad técnica que señalaba las limitaciones de cualquier oferta electoral
para no caer en lo demagógico. Por tanto, se crearon las superintendencias sectoriales
para regular, fiscalizar y orientar el desarrollo y explotación de los
monopolios naturales; instituciones estas que debían permanecer ajenas a la
intrusión política y que desafortunadamente en la alternabilidad política
fueron desarmadas.
Modernización y fortalecimiento de estructura de
Estado
En cuanto
a la administración doméstica, el nuevo orden significó la modernización de las
estructuras del Estado. El MNR procedió al fortalecimiento de los Poderes del
Estado, y se concibió la modernización del sistema de aplicación de justicia e
interpretación jurídica creándose, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la
Judicatura, el Tribunal Constitucional y la aplicación de los juicios orales.
Integración,
base democrática, consenso político
La integración estructural del Estado, en
el pensamiento del MNR, tanto en el pasado como en el presente y hacia el
futuro, está fundamentada en la ampliación de la base demográfica del consenso político. En cambio en el
pensamiento del MAS, su concepto de descolonización se base en el reemplazo de
la base demográfica del consenso político. Esto no es aceptable para el MNR
porque destruye el concepto de la alianza de clases en la creación de una
identidad boliviana, propia e incluyente, y porque segrega y discrimina a los
ciudadanos.
La profundización democrática, sin embargo,
únicamente puede darse cuando los actores regionales y locales son participes
en el designio de su destino, sin prebendalismo ni clientelismo y sin
cuestionamiento a su afiliación política, tal como lo hace el MAS el día de hoy.
Así se implementó la descentralización administrativa y la participación
popular que llevaron recursos directos y participativos a los rincones más
recónditos del territorio nacional y donde cada localidad y municipio tuvo que
asumir tanto el beneficio como la responsabilidad de planear, labrar, coordinar
e implementar sus iniciativas de desarrollo. El centralismo secante que existió
hasta ese entonces, cede ante las aspiraciones locales y regionales
autonómicas. Los efectos de esta innovación evolutiva disminuyeron el nivel de
autoritarismo vertical ejercido por un poder central que asfixiaba o era muy
distante y lejano para comprender, asimilar y responder a las inquietudes
regionales. Como efecto corolario de esta acción existente hasta el momento,
fue la aparición de líderes regionales y locales que expresan las inquietudes
de sus coterráneos, quienes negocian los intereses locales con el poder
central, en el marco de descentralización y participación otorgada por las
reformas de la Participación Popular y de la Descentralización Administrativa.
La representación democrática resultó ser más ágil y accesible. De igual
manera, la implementación de los TCOs (Territorios Comunitarios de Origen)
fueron un reconocimiento verdadero al derecho sobre las tierras de los pueblos
indígenas y que en realidad es la única autonomía territorial real, por los
recursos provenientes de la Participación Popular, y que fue la de las Alcaldías Municipales.
En la concepción del MNR y en la
implementación de la Participación Popular, un conjunto poblacional nacional,
sea cercano o distante, que parece tan ajeno, nunca deja de ser nuestro, ni
mejor ni peor solo distinto; para el MAS lo distinto es ajeno, es despreciable,
es colonial, es desterrable.
Apropiación
y plagio desvirtúan el progreso y desarrollo
Es el llamado proceso de cambio del MAS el
que desvirtúa todas las medidas de progreso y desarrollo y de democracia
sembradas por el MNR. En primer lugar pretende y difunde una apropiación de las
reformas establecidas desde 1985 desvirtuando el espíritu y esencia de
valoración que otorga el MNR al individuo, al mestizaje, a la incorporación
social, al relacionamiento internacional moderno, al desarrollo de una clase
media empresarial productiva, a la construcción y acumulación de capital y
finalmente al manejo responsable, sin dilapidación, de la economía nacional.
El anacronismo y la apropiación indebida es
la característica del MAS. Las mal llamadas nacionalizaciones son sólo
confiscaciones a ciudadanos bolivianos de sus beneficios individuales y de sus
recursos; tal es el caso de la apropiación indebida de los fondos de
capitalización individual en las AFPs. Sus medidas solo sirvieron para alejar
las inversiones extranjeras y crear nuevamente un endeudamiento internacional
innecesario, puesto que dicho endeudamiento no es productivo y no ha dado
ningún resultado. Las sustanciales condonaciones del HPIC y MDRI debían haber
liberado al país de una carga de deuda para acometer inversión y generar
empleo. El superávit en las reservas internacionales, solo refleja el
desequilibrio entre ahorro interno e inversión; la gran monetización planteada
por el gobierno del MAS en realidad ha
producido una gran des-industrialización. Es un gobierno incoherente, derrochador
de los recursos financieros, totalitario y absolutista.
Actores de esa tienda política han
pretendido, en la ligereza y sencillez de su lenguaje, confundir al ciudadano
con argumentos de sumatoria de opuestos; es decir, lo anacrónico y lo moderno
se complementan, sin entender que la sumatoria de opuestos ya sea en
matemáticas, lógica, biología o política siempre suma cero. Estamos
confrontados para elegir entre anacronismo y modernidad; éste es el gran
desafío que la sociedad boliviana enfrenta hoy en día. Lenguaje ligero,
conceptos erróneos, definiciones falsas no pueden ni deben nublar el buen
sentido de la ciudadanía.
Para el MNR, el anacronismo es postergación
y ya en el siglo pasado asumimos la responsabilidad de conducción del Estado
para salir de un sistema feudal, de crear una clase media productiva, de
avanzar en la sociedad, de otorgar derechos universales, de alcanzar modernidad
y competitividad internacional. Ese es el rol de un liderazgo nacional
verdadero y lo asumimos. Nuestras medidas jalan hacia adelante a la ciudadanía,
el empuje proviene del núcleo elemental: del individuo, de la familia, es
decir, de sus asociaciones y relacionamientos básicos. No abandonamos a
ciudadanos de menores logros; sin embargo, establecemos una responsabilidad
compartida y respetuosa en promover su desarrollo.
El MNR hacia adelante
Aprendimos en el 52 la complejidad de reforma del agro cuando realizamos
la revolución social del campo. Hoy en día necesitamos una verdadera
revolución, pero una revolución tecnológica y productiva. Necesitamos seguridad
alimentaria tanto hoy como en el futuro. Observamos que los campos se
convierten en sitios super parcelados e improductivos, para luego ser vendidos
para actividades comerciales a precios elevados, actuando así como terrenos de
engorde. Esa no fue la intención de una reforma agraria y menos es hoy en día. El
tema tierra debe dejar de ser una herramienta de maniobra política.
La acción política del
MAS es equivocada pues no aprendieron nada de nuestras experiencias. Reparten y expropian la tierra demagógicamente y
sumen a los campesinos en una pobreza miserable. Distribuir la riqueza o el
ingreso no siempre reduce la pobreza; a veces genera más pobreza. Para salir de
la pobreza se necesita un flujo de ingresos, no solamente posesión de un bien. Esto
implica cerrar de manera sostenible el círculo: Cantidad y calidad de tierra,
insumo, tecnología, producción, distribución, acumulación. Debe tomarse en
cuenta que ser campesino es una condición económica y no así una condición
social. Ser campesino es el compromiso, individual o corporativo, de dedicar
los años productivos a dicha labor.
La riqueza es un stock,
es decir algo que existe acumulado y presente, mientras que el ingreso es un
flujo que representa lo que se va generando en el transcurso del tiempo. Quién
recibe una parcela de tierra aumenta su riqueza – stock – pero puede ser que su
ingreso no mejore y peor aún puede que empeore. Eventualmente puede ser que la
posición del stock - la riqueza - se deteriore y acabe improductivo. La
distribución del ingreso debe originarse y resultar de actividad productiva,
según se vaya generando. Un sistema tributario progresivo es una representación
de ello; los que más ganan más pagan. Dada la informalidad que existe en el
país, existen sectores que acumulan mucha riqueza, no pagan impuestos y aumenta
mucho su ingreso. La carga y responsabilidad tributaria no está bien
distribuida. El gobierno actual no ha corregido esto, solo ha perseguido a
evasores, asfixiado a contribuyentes, pero no ha ampliado la base tributaria.
La reforma agraria en
si fue una distribución de riqueza; había suficiente tierra cultivable para ser
distribuida. Lo paradójico es que esta distribución generalmente no mejoró los
ingresos de los poseedores de la tierra. Los actores del MAS, arcaicos ellos,
siguen enfrascados en una discusión marxista sobre la propiedad de los medios
de producción, cuando en la modernidad se discute la distribución de los
ingresos que genera una buena producción. El tema no es de quien posee la
tierra, es de quien la produce. Lo importante es cómo, cuanto y cuando se
produce para ser distribuido y que en esta distribución de lo producido,
nuevamente se vuelva a producir lo mismo y más.
Si distribuir
aumentara la riqueza, entonces esto sería deseable, pero la expropiación,
acompañada de distribución realizada por el MAS simplemente ha disminuido el
ingreso de los expropiados, pero no ha generado ingreso mayor a los nuevos
poseedores; por ello, el MNR aprendió de economía y de que la distribución del
ingreso para compensar la inequidad debe provenir de otros mecanismos.
El agro es un negocio
de economías de escala, de tecnología, de capitales, de extensiones de terreno
productivo, de ganancias marginales en la unidad, por lo que se necesitan asociaciones
grandes y corporaciones para asegurar a la Nación la seguridad alimentaria que
buscamos y necesitamos. Los
desafíos de seguridad alimentaria a enfrentarse son grandes y esta es nuestra
responsabilidad como gobernantes; acometer responsablemente los desafíos para
esta y las futuras generaciones. Damos al recurso tierra la valoración e
importancia real que se merece.
En el siglo XXI, tanto
por presión poblacional y agotamiento de recursos no renovables como ser
extensiones territoriales cultivables, el otorgamiento de parcelas de tierra
con una justificación agrícola basado solamente como herramienta política hacia
un campesinado sin recursos no es una solución económica ni para el que recibe
la dotación y menos para el país. En este afán distributivo, netamente
político, debemos estar conscientes de que disponemos de un territorio limitado
y que no todas las parcelas son adecuadas para la agricultura. No fabricamos
terrenos; es un recurso agotable y las generaciones futuras de bolivianos nos
pedirán cuentas por dicha disposición. Debe primar el principio económico sobre
proporcionalidad de recursos para postergar y evitar rendimientos decrecientes;
debemos evitar el agotamiento de las buenas tierras para la agricultura. Debemos
implementar un patrón de desarrollo espacial para enfrentar los diferentes
enfoques productivos del agro. Revisaremos las tarifas y barreras que inhiben
la competitividad en este sector y las implicancias de nuestro relacionamiento
comercial con los países vecinos. No subsidiaremos la producción extranjera.
Incentivaremos la producción nacional. Necesitamos
y proponemos un gran pacto productivo-agrícola.
Una visión
internacional de principios de siglo XXI, presenta una serie de desafíos a las
naciones del mundo; desafíos que van desde sobrepoblación, seguridad
alimentaria, educación, fuerza laboral capacitada, empleo, utilización y
distribución de recursos naturales; además de consideraciones de ventajas competitivas
en dotación de recursos como de mercado, y temas ambientales entre otros. Todo
esto desemboca en el acomodo y ejercicio de las fuerzas y ventajas naturales
del poder político-económico y su potencial gravitación hacia poderes
regionales.
Una comprensión del
cambio y de la distribución del poder político y económico en este siglo es
esencial para concebir una política de Estado Nacional, que en su formulación
asimile las condiciones y realidades del nuevo orden mundial y el cambio
consecuente en el centro de gravedad del poder. Este cambio que ya se empieza a
percibir, ilustra la dispersión del poder global y donde el surgimiento de
desafíos a un poder monopolar pudiera alimentar una jerarquía de poder mundial
potencialmente inestable.
La incertidumbre
resultante de esta nueva jerarquía pudiera incrementar las tensiones
regionales; por lo tanto, la cooperación internacional para la solución de
conflictos, mediante la acción de organizaciones mundiales creadas y
reconocidas para tal efecto, pudieran encontrarse debilitadas; donde las
regiones o países más fuertes promoverían sus intereses y arreglos regionales
para incrementar sus intereses propios. Nuevos realineamientos de poder
surgirían como respuesta a los cambios geopolíticos en la distribución global
del poder. Por ello y más, la seguridad y estabilidad del Estado Nacional es
imperativo.
Nuestro planteamiento
pasa por una acción tanto doméstica como internacional. En lo doméstico debemos
capitalizar la posición de corazón continental y convertirnos en el centro
productor, más que consumidor de lo ajeno, de un conjunto de productos y
servicios que promoverán nuestra capacidad productiva y de empleo, a la vez que
generarán capacidad exportadora. Señalaremos nuestras ventajas competitivas
relativas en el continente y más allá de la responsabilidad pública,
promoveremos la actividad privada en su desarrollo y fortalecimiento
industrial. Solamente logrando una coherencia en acción política, capacidad
económica y desarrollo cultural fortaleceremos nuestra seguridad y nuestra
capacidad de negociación.
En lo internacional,
la creación de un sistema de relaciones económicas y comerciales con nuestros
vecinos que sean incluyentes, requiere de un realineamiento en la
responsabilidad de no privar a nuestra nación de lo que en derecho nos
corresponde. Identificar y reconocer la correlación de fuerzas con los vecinos
es primordial para no cometer errores y sumir al país en una posición de
desventaja. Hallamos preocupante la ligereza del gobierno actual con respecto a
nuestra aspiración de salida soberana al océano Pacifico.
Tenemos también una
responsabilidad en el cuidado del medio ambiente dado que es la condición en la
cual establecemos el ámbito donde desarrollamos nuestra actividad humana y
acción política. Cómo lo cuidamos y transformamos para bien o cómo la
depredamos, es nuestra responsabilidad y finalmente como lo dejaremos a las
generaciones futuras es nuestro deber. Los atributos múltiples de
los recursos como ser: dimensiones de cantidad, de calidad, de tiempo y
espacio, de ubicación hacen que la condición en la que se encuentran, su
localidad y en el tiempo de su requerimiento connotan diferentes marcos de
valuación, de posibilidad de almacenamiento o de consumo inmediato una vez
producido, siendo que todo esto afecta tanto la oferta como la demanda del
recurso. Por ello, nuestro desarrollo sostenible deberá cumplir con 3
condiciones en la utilización de los recursos naturales: 1) Ningún recurso renovable
deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 2) Ningún
contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado,
neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 3) Ningún recurso no renovable
deberá aprovecharse a mayor velocidad de la capacidad de extracción y
producción en el tiempo deseable a futuro, velando siempre por la
posibilidad para sustituirlo por un
recurso renovable utilizado de manera sostenible.
Estas reglas anteriores están supeditadas a un
crecimiento demográfico razonable y en la constitución de una pirámide
poblacional que asegure la sostenibilidad del sistema y que sea capaz de
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones.
Cómo se
dispondrá el uso, la administración, la extracción y la conservación de los
recursos deberán ser resueltas en un contexto que considere los atributos de
esta complejidad.
Su
sostenibilidad refleja la dificultad y contradicción que puede darse entre
desarrollo, entendido como crecimiento económico y mejoramiento del nivel
material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese
desarrollo pueda perdurar en el tiempo. A esto debemos añadir la existencia de
una precondición muy difícil de modificar, la existencia de una división
política y de administración que, en sus límites no concuerda necesariamente
con una administración adecuada de las cuencas, ya sea por falta de
coordinación, por negligencia o por otras razones valederas.
Este reconocimiento de la existencia de costos humanos, naturales y
medioambientales, de administración y división política, requieren de un
análisis y modificación de políticas de administración pública. La idea de una
actividad económica, de un crecimiento poblacional desmedido y en pos del cual
todo puede sacrificarse tiene que ser considerada con una conciencia de la
existencia de límites propios de cada actividad y condición. Es importante
crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para la
generación actual y que no se haga al precio de una amenaza o deterioro de las
condiciones de vida de generaciones futuras.
Dado que las cuencas tienen un impacto nacional e
internacional, los programas de gobierno, en busca del desarrollo sostenible, debieran
considerar el territorio de una cuenca como la base más adecuada para crear
capacidades de gobernabilidad sobre espacios naturales con fines de aplicar las
medidas de gestión del ambiente. Tratamiento de recursos específicos, como ser
la gestión del agua, gestión forestal o de la fauna, como también de
asentamientos humanos, sin excluir otros recursos, se convierten así en una
unidad de dicho territorio para la gestión ambiental integrada de cuencas.
Otro gran desafío que
debemos encarar es el de infraestructura en todos sus campos. No es posible
considerar desarrollo, mejorar la comunicación entre comunidades y regiones y
mucho menos avanzar en relaciones con otras naciones y culturas al carecer de
infraestructura adecuada. Tampoco infraestructura es un término absoluto;
siempre debe medírselo en relación a algo, sea ésta una necesidad que demanda
solución, sea comunicación, o sea movilización que implica transporte y
presencia humana. También debe medírselo comparativamente respecto a la
infraestructura que otras regiones y países pudieran contar. Infraestructura es
un término y condición que refleja actividad constante y cambiante en respuesta
a necesidades y demandas. En la medida que se entienda ello, entonces podemos
dimensionar lo que debemos hacer y a que debemos responder. No es algo de
acción impulsiva y de parche a una emergencia; es un compromiso y
responsabilidad constante tanto en su concepción, en su implementación, en su
mantenimiento y reparación a lo largo de su vida económica útil.
La dimensión y variedad
de lo que debe acometerse es grande. Es la infraestructura mayor que requiere prioritariamente
identificación de necesidades, planeación, diseño, tecnología, complementación,
diversidad, financiamiento, impacto, sostenimiento, modernización, entrenamiento
de los recursos humanos a encargarse. En sí infraestructura es el todo que
facilita la actividad humana, económica y social, por lo que está dividido de
inicio en sectores de transporte, sean marítimos, fluviales, camineros,
ferrocarriles, aeropuertos, energéticos y de servicios básicos en dotación de
recursos, infraestructura educacional, recreacional y de salud. Incorpora
también el sector de comunicaciones, fundamentalmente referente a
telecomunicaciones.
La dirección que este
gran desafío, que debió haber continuado, ha sido desvirtuado; estos son temas
que requieren una dirección técnica de muy alto nivel, antes que política. Más
bien el rol otorgado a instituciones como ser el Servicio Nacional de Caminos,
re titulado como ABC como si el cambio de nombre implicará transformación y
modernización, no ha mejorado la calidad de carreteras, existe mala
construcción, sobreprecios, y diseños y acometidas arbitrarias como en el caso
del TIPNIS. Tampoco tenemos claridad en la actividad de YPFB Corporativo y las
mini empresas que han constituido, lo cierto es que no existe la inversión
necesaria en exploración, pero si en explotación pues están agotando los pozos
hidrocarburiferos y dejarán a la sociedad postrada nuevamente sin capacidad de
inversión y por ende de generación de recursos. En las telecomunicaciones hemos
quedado tecnológicamente postergados; igualmente en aeropuertos y
ferrocarriles, como en el transporte fluvial.
De inmediato surge la
pregunta sobre la naturaleza de las instituciones y la institución madre que
deberían aglutinar, dirigir, promover y formar recursos humanos y luego sobre
cual institución debería fiscalizar las labores a realizarse. En síntesis, debemos
entender que aspiración no es lo mismo que planeación y tampoco se forman
recursos humanos como para tener éxito con aventuras desorganizadas. Proponemos, tal como lo
hicimos en el siglo pasado, partiendo con el Plan Camiri de 1953, durante el gobierno
de Víctor Paz Estenssoro, una revolución
tecnológica, de integración y de generación de fuentes de trabajo en todos los
campos de infraestructura para dotar de empleo a nuestra juventud formada y
actualmente desempleada. Crearemos un programa de reentrenamiento de nuestra
fuerza laboral.
El progreso de la
humanidad, su aporte a la civilización, condición básica para considerar el
desarrollo humano como la medida tanto de progreso como de bienestar es uno de
los desafíos más grandes que el ser humano y las naciones deben encarar. En la
conceptualización de dicho progreso, los países avanzados, en el siglo XXI,
consideran las posibilidades de vida y de conquista del espacio sideral como
una responsabilidad más de la humanidad. En lo nuestro, desafío menor pero
necesario y que requiere persistencia para asegurar la preservación cultural y
nuestro aporte al progreso de la humanidad, nos obligamos a revisar nuestros
comportamientos humanos individuales y sociales para no caer en un Darwinismo
cultural que selle nuestra desaparición. Debemos mirar hacia adelante para
desarrollarnos y progresar; lo haremos despojándonos de atavíos que nos postran
y que pretenden mantenernos en el pasado. Es nuestra responsabilidad hacia las
generaciones futuras de bolivianos.
Como desarrollo existe
un punto base de partida. Como progreso existe una dimensión y un destino
conmensurable que acompasa diversos aspectos de interacción humana. Esto
también requiere, por la dimensión del desafío, compromiso de largo plazo e
inversión en concepción, en gestación, en educación y en desarrollo.
Debemos gestar de
inicio la inversión en la concepción del desarrollo de nuestro capital humano.
Tenemos una pirámide poblacional amplia en la base, en la cual debemos invertir
en su educación y formación para que sean productivos y que aporten, a la vez
que disminuimos las asimetrías y desigualdades en desarrollo humano; debemos
generar fuentes de trabajo reales y asalariadas para proporcionar una vida
productiva, justa que garantice su progreso e ingreso en jubilación; empleo sostenido
es el reciproco de jubilación sostenida. Debemos fomentar las iniciativas
científicas y empresariales; debemos proporcionar la red básica de seguridad a
nuestra ciudadanía en alimentación, educación, en trabajo, en salud y en
jubilación, pero sin recompensar los viajes gratis de ciudadanos que no aportan
y que esquivan sus responsabilidades ante la sociedad.
La existente política
nacional de educación actual no es efectiva. Su mayor impedimento es su visión
anacrónica. A esto debemos añadir la falta de recursos de inversión efectiva en
este sector, la falta de un compromiso serio del gobierno y de la nación que
refleje una comprensión sobre la importancia de la formación y educación de
nuestros recursos humanos. Los hogares nacionales lo toman como una faena más a
cumplirse en el rol de crianza pero no comprenden y valoran cuan mejor pueden
labrar el futuro de sus hijos; por ello debemos recompensar la valoración con
resultados efectivo y reprimir la falta de logro educacional.
Crearemos mecanismos
de colaboración permanentes entre expertos en educación, poderes públicos,
entidades financieras, organismos educacionales y de desarrollo internacional.
Lograremos una reorientación del personal docente, considerando sus propias
experiencias y contribuyendo con nuevos criterios educativos. Esto, en su
formación, facilitará las pruebas de competencia para poder ejercer, resultados
que serán incorporados en el proceso de reforma. Mejoraremos la educación tanto
en cobertura como en calidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
El desarrollo sostenible que planteamos establece que
los recursos físicos acompañen el desarrollo humano y no a la inversa, tal como
se lo tiene conceptualizado en la actualidad. Promoveremos toda inversión en
educación y estas estarán incorporadas en todas las estrategias nacionales de
desarrollo sostenible y estas tienen que ver con valores, conductas y estilos
de vida. La inversión no puede ser esporádica, casual y errática. La educación
se tiene que entender como un reflejo de la sociedad. Planteamos los siguientes
retos a mediano plazo y de ejecución inmediata pues el envejecimiento de la
población no otorga tregua ni tampoco los desafíos internos y externos: 1) Un
incremento substancial de la calidad del maestro y de los educadores. 2) Una
rigorosa educación primaria y secundaria con evaluaciones precisas que nos
destaque al mejor nivel internacional. 3) Una malla curricular con enseñanza en
materias y lenguajes que determinan la competitividad internacional y el
rendimiento en educación superior. 4) Universidades de alta calidad abiertas a
todos en oportunidad, con pruebas de rendimiento para lograr ser mejores, para
eliminar el desgaste de recursos, de plazas y de tiempo pues los que no
alcancen estos niveles de inicio tampoco será los profesionales deseables en el
ejercicio de sus profesiones respectivas. 5) El establecimiento de una malla
curricular, la institucionalización y asimilación de conductas éticas y de
comportamiento privado y público para eliminar el fraude, el plagio y otros
delitos.
Las mentes preparadas
y con códigos de conducta éticos representan un pasaporte hacia la prosperidad
de ellos y por ende aportan a la construcción de la deseada sociedad.
Lograremos una amplia población, con gran educación; la actividad intelectual e
innovadora será promovida y recompensada. Incentivaremos la creatividad.
Igualmente, el desarrollo, la sostenibilidad y
cobertura en el campo de la salud establecerá que los recursos físicos y de
infraestructura acompañen a las necesidades humanas en cuanto a tratamiento de
la salud y no a la inversa. Para ello, por una parte, incorporará factores
extra sectoriales para lograr un Estado
de Bienestar donde el rol conductor del Estado en los programas de salud
considere la contención de la escalada de los incrementos de costos en los
sistemas de salud. Eficacia, eficiencia, tratamiento, oportunidad en el tiempo
y equidad serán la motivación y el objetivo en la entrega de los servicios de
salud. El envejecimiento de la población no debe ser utilizada como la
justificación para no proporcionar un seguro de salud en vejez que sea digno y
completo.
Entre los factores sectoriales aprovecharemos la
revolución tecnológica para la renovación en la obsolescencia del equipamiento
y de la base material técnica de los servicios. Dotaremos de mayores opciones
en los servicios de salud para satisfacer las expectativas de la población en
cuanto a opciones de solución a sus problemas de salud. El sistema de salud
crecerá al ritmo necesario para asumir el crecimiento vegetativo de la
población, las necesidades de salud emergentes y re emergentes y la contención
de plagas y enfermedades que siguen afectando la salud de la población. Así
mismo, se desarrollará la capacidad del rol de conducción, atención y
prevención en los hospitales y centros de tratamiento de salud.
Necesidad de recuperar la democracia
Sin
embargo, para lograr todo ello es necesario recuperar y continuar con la
profundización de la democracia iniciada en 1985 e interrumpida en el 2003. La
ciudadanía plantea y aspira a una reforma del sistema político. Debemos contar
con un Estado que en su conducción política proporcione transparencia; que
ofrezca una inclusión ciudadana real, sin confundir con tomas de poder; que respete
la separación de poderes.
La fábrica de leyes que el MAS ha implementado en el país
desde que asumió el poder ha servido de instrumento en la persecución política
y no ofrece de manera real la presunción de inocencia antes de proceder con
acusaciones y sentencias elaboradas. Son leyes sin consenso ni discusión adecuada.
En
Bolivia se han adoptado posiciones críticas frente a la democracia convencional
o democracia representativa y
sugiere el ejercicio del poder a través de la “democracia directa” o a través
de las llamadas organizaciones sociales que actúan como fuerza sindical de
presión social.
Cuando así conviene a su interés desestabilizador o ansia de poder, se trata de
rechazar la representación política, de consenso amplio, por medio de la
llamada “asociación voluntaria” supeditada a la fuerza
sindical y gremial, pero sin respeto a la voluntad individual, ni a las leyes,
ni a autoridad legalmente constituida.
De
igual manera, aparecen nuevas definiciones sobre democracia que en sí violan la
esencia de lo que es una democracia y la privan de ciertas características y
principios que le otorgan el valor a esta institución, tales como: propugnar
una democracia directa y que en los hechos es presión colectiva a traducirse en
las urnas en un voto colectivo desconociendo la individualidad del ejercicio
democrático.
Al ser la democracia una forma de
convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones
sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales; dado que optamos por una democracia
representativa y participativa, los ciudadanos bolivianos podemos ejercer una
influencia sobre las decisiones públicas mediante mecanismos plebiscitarios y
electorales, advirtiendo que la simple concurrencia a las urnas no es lo que
define una democracia, sino que es el respeto a los derechos de los demás, al
conocimiento, a la aceptación y defensa de la separación de poderes del Estado,
a la existencia del sistema de controles y balances que aseguran y garantizan
la independencia de dichos poderes, a la protección de los derechos ciudadanos,
a la existencia de una fuerza coercitiva de Estado que vela por el cumplimiento
de los deberes y obligaciones de los ciudadanos. En el MNR creemos que todo
esto y más deben protegerse con la voluntad y la fuerza necesaria otorgada por un
Estado Nacional Democrático, en favor del bienestar social.
Este comportamiento anárquico existente, de convenir a
sus intereses, se traduce en leyes mal concebidas, en marchas, en bloqueos y
otros abusos que violan los derechos de los ciudadanos y desestabilizan el
orden público, confundiendo así la aplicación de una democracia directa, la
cual los anarquistas no siempre la consideran efectiva, pero la usan, en sus
propósitos destructivos. Esta acción, que enreda principios, niega las virtudes
de una democracia verdadera e invalida por lo tanto la aplicación de una
democracia directa.
En realidad, lo que está en juego es la
existencia del propio tejido de una sociedad democrática donde la acción
anarquista que actualmente existe en el país, que apuntala iniciativas seudo
democráticas y la presencia de actividades ilícitas, asolan y fomentan
conductas individuales e institucionales que inciden y deciden el éxito o el
fracaso de carreras políticas y de la existencia de partidos políticos como los
intermediarios valederos entre el Estado y la sociedad civil.
Entendemos que las
instituciones democráticas y el comportamiento ciudadano en democracia deben
crecer y desarrollarse, ambos, constituyéndose en la base del mejoramiento en
la convivencia humana: solidaria y altruista.
Entendemos también que
democracia se traduce en todo un proceso acumulativo de deberes y derechos que
marcan un comportamiento cultural y ciudadano, desde el interior de la sociedad
y partiendo desde lo más profundo del comportamiento social, familiar e individual;
dicho comportamiento acompaña la evolución de la sociedad. Trabajaremos para
que esta evolución sea real y efectiva, donde conducta y comportamiento no sea
dictaminado desde un sector ciudadano directamente involucrado en actividades
ilícitas. Se ha creado con el gobierno actual un
Estado asimétrico y las distancias entre Estado y pueblo han aumentado. Para el
gobierno actual la subsistencia del Estado excluyente creado se convierte en
aspiración electoral. El Estado actual no representa ni a los indígenas ni a
mayorías ni minorías nacionales; es racista y sectario; carece de visión
nacional y las aspiraciones ciudadanas van más allá de aceptar el discurso que
presentan. Hay necesidad de solución de problemas, de generación de empleo, de
logro real en el desafío del milenio, el cual no ha avanzado desde su
concepción.
Cuidaremos de que la
regla de la mayoría, en la que se basa la democracia, no se traduzca en la
tiranía de la mayoría para que no perjudiquen ni opriman a una minoría en
particular. Las opiniones minoritarias deben tomarse en
consideración, a diferencia de una o cualquier circunstancia, donde la mayoría
puede tomar la acción y obligar o forzar la decisión sin ninguna consulta
adicional con los votantes minoritarios.
La organización
resultante de este Estado será democrática, donde prevalecerá el imperio de la
ley, la separación de poderes y otras funciones de balance, control y sutiles
propias del Estado, siendo este Estado
la representación material, cultural y espiritual del pueblo boliviano
organizado en una potestad superior de acción y cumplimiento con leyes
concebidas para el bien colectivo.
Como gobernantes, llevaremos a cabo las funciones del
Estado, dando cumplimiento a las políticas nacionales, de unidad, y soberanas,
establecidas para este efecto y donde las diferentes naciones o nacionalidades
en el territorio nacional se agruparán en torno a este Estado; pudiendo estas
ejercer competencias que le sean propias y que no sean contrapuestas al interés
mayor que es el Estado Nacional; más bien formando parte de un único Estado.
Las fronteras del territorio nacional coincidirán con los límites del Estado
Nacional y la presencia de este Estado Nacional será beneficiosa para todos los
habitantes. Los espacios del Estado Nacional contarán con una autoridad
gobernante responsable y no existirán espacios libres donde fuerzas
corporativas nocivas al Estado prevalezcan y ofrezcan alternabilidad de poder
que desafíen directamente al Estado Nacional. En este sentido, todos los
territorios, naciones y nacionalidades atravesarán y participarán de este
proceso hasta alcanzar y consolidar la condición de Estado pleno y bajo la cual
todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional serán tratados de la
misma manera y en igualdad de condiciones ante los ojos de la Ley.
Entiéndase que a la esencia del Estado no le corresponde
algún fin específico; el Estado es un medio para la realización de cualquier
fin social, siempre que se enmarque y respete las libertades y garantías
expresadas en la Constitución Política del Estado, que haga cumplir los deberes
y obligaciones y que en su accionar persiga el bien común. Tampoco le
corresponde a un Estado democrático el permitir, tolerar e ignorar la
impunidad; precisamente, la participación democrática demanda frenar la
impunidad. El Estado Nacional será fuerte y rendirá cuentas sobre sus acciones.
Nuestra legitimidad en el gobierno la tendremos
alcanzando una coincidencia en:
a) los fines que la sociedad considera como buenos
y deseables,
b) la certeza de que la promulgación de una norma
sea debidamente debatida por el órgano competente,
c) de que en el debate, consideraciones de
eficiencia, eficacia, responsabilidad, equidad, ética, seguridad nacional y de
cualquier otro valor pertinente sean debida y técnicamente considerados,
d) cuando en el ejercicio del poder se actúe con
responsabilidad, transparencia y cuando se promueva la mejora en la
administración del Estado Nacional, a través de una burocracia pública
profesional, competente, ética y estable.
Finalmente, la responsabilidad de conducción del Estado
Nacional conlleva el logro de la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones, en sus gobernantes y autoridades, quienes en su conjunto daremos
cumplimiento a la Ley, siendo ésta el gran marco expresada en la Constitución
Política del Estado, la cual a su vez es la expresión de la protección de los
ciudadanos en democracia ante cualquier exceso del Estado.
EN EL MNR NO NOS PREGUNTAMOS
DONDE ESTUVIMOS,
NOS PREGUNTAMOS DONDE VAMOS,
SABEMOS COMO LLEGAR.
Alberto de la Reza Méndez, actualmente es el
Secretario Nacional de Capacitación Política del MNR. Es economista de
profesión con estudios de postgrado en economía energética y en banca; fue
Gerente de Asuntos Internacionales del Banco Central de Bolivia;
Director de Desarrollo del Funcionario Público en el Servicio Nacional de Administración
de Personal, (SNAP). Fue candidato a la Asamblea Departamental de Cochabamba.
En su carrera profesional privada, se distinguió como ejecutivo en el sector
financiero y administrativo, tanto nacional como internacionalmente.
