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martes, 20 de agosto de 2013

Alberto de la Reza ofrece su tesis política "El MNR hacia el Siglo XXI" que fue presentada en junio pasado y que está teniendo notable repercusión por cuanto ofrece ideas concretas para recuperar la Democracia y un método práctico para enderezar la economía y el derecho en nuestra Patria Bolivia.

EL MNR hacia el Siglo XXI
(Tesis Política)
Por: Alberto de la Reza
Antecedentes
El Estado y la ideología del MNR han sufrido un proceso largo de maduración extraordinario desde su fecundación en la Guerra del Chaco. Desde ahí emergió una renovada conciencia nacional promotora de un impulso de igualación de oportunidad, que en ciertos momentos, este impulso, se desvirtuó por el clientelismo y prebendalismo que todavía impera en el país, premiando lo que no debe premiarse y postergando o castigando lo que merece ser recompensado.
El núcleo fundador del MNR, en su mayoría, provenía de las ideas nacionalistas y fue influenciado, con mayor o menor énfasis, por el populismo de izquierda. Paz Estenssoro, Carlos Montenegro y Augusto Céspedes eran más afines al populismo de izquierda, mientras que Walter Guevara Arze se suscribía más hacia un marxismo científico. Sin embargo, al final del día el pensamiento ideológico de Carlos Montenegro expresado en su obra publicada en 1943, “Nacionalismo y Coloniaje” rescató el pensamiento del nacionalismo boliviano, que plasmó como eje central del pensamiento movimientista la consigna del mestizaje a la boliviana, definida luego bajo el concepto de la Alianza de Clases.
Para el MNR, lo diverso es incluyente, no es excluyente ni es disolvente; las aspiraciones de todos los individuos son iguales, las oportunidades deben ser las mismas, los logros pueden ser diferentes. Hemos sido indigenistas, también populistas y también medio clasistas; esto no nos hace ni de izquierda irreconciliable ni de derecha intolerante, ni indefinidos como un centro neutro, nos hace más bien como un restaurador de equilibrio. Eso sí, aprendimos a trabajar de abajo hacia arriba y donde la sociedad progresó, acompañamos ese proceso, antes y ahora; vimos a la ciudadanía pasar de rural a urbano de campesino a obrero, de agricultor a trabajador de clase media, de empleado a empresario y apreciamos a todos como dignos ciudadanos bolivianos. Aprendimos a generar principios y valores y buscamos el mestizaje nacional como elemento representativo de lo nacional. Buscamos lograr una conciencia más amplia: el sentirse nación antes que sentirse clase.
Por eso el MNR concibió un entramado nacional que comprendió los siguientes elementos: 1) la independencia nacional soberana como el eje que acompañe e interprete nuestra historia, condición básica para un buen relacionamiento internacional, 2) una modernización política, que en la independencia y desarrollo de sus poderes institucionales logre una consolidación democrática en la administración del Estado, 3) que las iniciativas populares debían dar contenido a los conceptos, principios y valores de la revolución nacional, 4) que los gobernantes deberían actuar con ecuanimidad, equilibrio y constancia, 5) que en la sociedad debía generarse una disposición, para que en gestión de gobierno, se actúe con equidad en el cumplimiento del deber.  
Las contraposiciones nacionalista –marco conservador- y revolucionaria – marco innovador -, que en concepciones ciudadanas crearon un contrasentido en la apreciación de diversos sectores, encontraron respuesta en la alternabilidad política que se generó, aunque con un costo interpretativo, porque dichos actores de alternabilidad devaluaron el sentido de la conformación integracionista del movimiento. El paraguas ideológico persistió aunque incomprendido, lo que lo debilitó.
Las dificultades económicas encontradas en los primeros años de gobierno fueron adecuadamente encaradas. En el periodo 1952-1956 se elaboró el “Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno” con la participación del Dr. Paz Estenssoro, Walter Guevara, Alfonso Gumucio Reyes, José Paz Estenssoro y asesores de Naciones Unidas, entre otros, dado que la economía del país dependía en un 90% de la minería lo que hacía que la totalidad de los productos básicos de consumo de la ciudadanía se importaban y a ese tema estaba dedicada la primera parte del Plan. La segunda parta hablaba de desarrollo y diversificación económica en petróleo, hidroeléctrica, agropecuaria y proyectos ganaderos en el Beni. En realidad se inició la integración del país con una apertura hacia el Oriente sustentada por la construcción de infraestructura básica que integre al país, tanto en oleoductos como en carreteras como con apoyo a iniciativas productivas.
El MNR siempre fue un partido donde convivieron diferentes actores con diferentes tendencias. En los años sesenta, dos nuevos actores dieron impulso al Nacionalismo Revolucionario, Sergio Almaraz Paz como defensor de los recursos naturales y René Zabaleta Mercado que reconoció que las ideologías envejecen  y observó la necesidad de adoptar una posición liberal democrática que tenga en su centro “el contrato de la constitución del poder”, que fuera acogida por todas las tiendas, como alternativa para superar la crisis política que se generó. Zabaleta concibió el espacio de la política, como la manera cómo deberían organizarse las relaciones del poder para llegar a las decisiones de Estado que atañen a la colectividad, la justificación de la obediencia o desobediencia a la autoridad y la vinculación del Estado con la sociedad civil mediante los partidos políticos como intermediarios de dicho relacionamiento. Minorías y mayorías debían ser representadas.
Reconciliación ideológica
En realidad, el MNR ha sido la reconciliación de dos ideologías: el nacionalismo – necesidad histórica de reestructuración-  y lo revolucionario- derribo de estructuras anacrónicas y centralizadoras de privilegio- a fin de lograr un nivel evolucionario en institución y en gestión, dado que los impactos en la sociedad debieran ser reducidos puesto que generan trauma y postergan el desarrollo. Por ello y más se plantearon planes y programas incluyentes y racionales, que impulsaron a Bolivia hacia la modernidad.
En la alternabilidad mencionada anteriormente, el modelo autoritario impuesto por los gobiernos militares evidenció la ruptura interna de la matriz ideológica del MNR, ante una crisis fundamentalmente de modelo económico y que genera el inicio de una recomposición de los partidos políticos. Ante esto, el proceso político iniciado en 1952 con las presidencias sucesivas del Dr. Paz Estenssoro y de Siles Zuazo es cerrado por los mismos: con Siles Zuazo mediante la crisis de su gobierno evidenciando que el modelo estatal estaba agotado. Paz Estenssoro articuló un discurso liberal y configuró un nuevo modelo a partir de la Nueva Política Económica que fundamentalmente sustituyó los núcleos originales del nacionalismo revolucionario.
La crisis económica del periodo de la UDP derivó en una crisis política donde las diferentes tiendas no pudieron alcanzar un consenso de unanimidad que permitiera la gobernabilidad democrática del país. Finalmente, se logró el Pacto Democrático de octubre de 1985 con el ascenso al poder de Víctor Paz Estenssoro y del MNR. Con la promulgación del Decreto Supremo 21060 de agosto de 1985 se inauguró un modelo de reordenamiento de la sociedad, de modificación de las relaciones de fuerza y poder entre los grupos sociales y gremiales, de la reconstitución de las dimensiones económicas, políticas, sociales y fundamentalmente ideológicas.
El nuevo modelo ya no sería de confrontación entre fuerzas sociales y clases como en el 52, fue y es un modelo evolutivo. El adversario a derrotar en la conducción del país fue la crisis económica en la cual se encontraba sumido el país. Se controló el agudo proceso inflacionario del país, se estabilizó la economía colapsada iniciando un punto de partida productor. Se establecieron relaciones internacionales que celebraron el proceso iniciado. Se consiguió domésticamente un amplio reconocimiento colectivo de que las medidas, aunque duras, frenaban la pérdida de valor adquisitivo de las familias y permitían su estabilidad. Un sector de intermediación financiera, que por la hiperinflación acabó con un nivel patrimonial paupérrimo, que vedaba toda iniciativa de intermediación y de apoyo productivo, fue reconstituido hasta alcanzar en los tiempos actuales niveles patrimoniales arriba de los mil millones de dólares.
Legitimización política
Esto se convirtió en un proceso de legitimación y de victoria política derivada de la gestión pública emprendida. El MNR, más allá de la ideología, ante los desafíos de la patria, supo interpretar el momento histórico, la necesidad de Estado, la angustia ciudadana y supo dar la solución a un problema y a una crisis de dimensiones que no se habían vislumbrado en el pasado. El bienestar de la ciudadanía en general fue prioritario. Contrariamente a lo que algunos detractores manifiestan, tomamos las medidas necesarias para estabilizar el país, abrir mercados para nuestras materias primas, para generar en un futuro inmediato ingresos impulsores de mayor desarrollo y bienestar.
Modernización del Estado
Desde el Pacto por la Democracia, se inició la construcción de un Estado de Derecho moderno, asentado en base a una lógica renovada de pacto y que marcaría a gobiernos sucesivos. Esto significó que la arena política concebida anteriormente como el campo de guerra y confrontación donde se buscaba la desaparición del adversario, convertido en enemigo, cedió su lugar a un escenario de composición y de tolerancia y donde se exaltaron los valores de la democracia. Lo notable en esta construcción unificadora, es que estableció el respeto a las opiniones diferentes y donde el campo a vencer se encontró en la presentación de las mejores ideas y de los mejores programas de gobierno.
En su origen, la ideología del nacionalismo revolucionario, nació como una respuesta a una necesidad de iniciar una modernización del Estado boliviano, siempre en un contexto de justica social, que salió de una herencia de una sociedad feudal hacia una nación con aspiración de conformar una clase media pujante. Hacia adelante, en este proceso de modernización, se inició una consolidación de identidad del ciudadano mestizo boliviano, amante de su territorio, orgulloso de su origen, responsable hacia sus coterráneo, flexible en su conducta en la sociedad y deseoso en satisfacer sus aspiraciones humanas; así se encaró y complementó el desafío ideológico.
Se concibió de esta manera el Modernismo Democrático, aplicado a partir de 1993 con la gestión de Sánchez de Lozada, donde los conceptos técnicos acompañaron a los principios políticos. La transformación ideológica fue una respuesta a la demanda de los tiempos y de interpretación del momento histórico, dado que el ambiente material condiciona el pensamiento y no a la inversa. La racionalidad moderna se engarzó en la representación de identidad articuladora de la conciencia colectiva, sin homogeneización, pero respetando el surgimiento de las minorías nacionales que lucharon y  luchan por el respeto a sus identidades, derecho reconocido en la Constitución Política de 1994 que declaró a Bolivia como multiétnico y pluricultural y en una reforma educativa que reconoció la enseñanza de los primeros cursos en el idioma nativo. Sin embargo, imperceptiblemente surgió el enfrentamiento de lo arcaico con las demandas de la modernidad y de la integración en civilización.
Conocimiento económico moderno
El nacionalismo exacerbado, resultado del periodo histórico de post segunda guerra mundial, coincidente con el periodo inicial del MNR, se flexibilizó ante el conocimiento económico moderno, donde la influencia e ingreso del capital extranjero ya no era considerado como violatorio de la soberanía nacional, sino más bien como la fuente de inversión en ausencia de un nivel adecuado de ahorro interno que debería promover el crecimiento, el intercambio, la transferencia de tecnología, e integración a un mundo moderno, por lo que la propuesta de una Ley de Capitalización constituyó la apertura de fronteras empresariales y el ingreso de capitales y de tecnología. Además, las medidas económicas siempre fueron acompañadas por las de carácter social, como el BONOSOL y el SUMI, que brindaron soporte a los sectores menos privilegiados de la sociedad. Estos programas de asistencia social fueron creación  del MNR, el MAS solamente les cambio el nombre.
Integración y desafíos positivos creados. Alternabilidad destructiva
El concepto de los años 50 del siglo pasado, practicado por varias naciones en desarrollo, como ser el orientar sus economías a “autoabastecerse a sí mismas o a lograr sincronías entre ciertas naciones” como ser el caso de la Comunidad Andina de Naciones, dio lugar, en la nueva realidad económica de actividad comercial global, a un proceso de mundialización de las relaciones en todo orden. Las ventajas competitivas relativas debían ser maximizadas; de ahí surge la noción de Bolivia, país integrador del Cono Sur Suramericano, aportando con sus recursos energéticos en una consolidación de plataforma de anillo energético que promueva integración y desarrollo y un gran beneficio doméstico tecnológico y de empleo.
Esta iniciativa desafortunadamente, por mal manejo del gobierno del MAS ha sido postergada y posiblemente inhabilitada, por su afán subsirviente a intereses venezolanos, que cedieron la primacía de nuestra Nación a un actor lejano al área de influencia del MERCOSUR. Pretensiones extemporáneas de acercamiento a MERCOSUR, luego de enemistarse con nuestros vecinos y después de desacreditar a la Comunidad Andina de Naciones, nuestro principal mercado de productos no tradicionales, en momentos en que el Pacífico cobra importancia, refleja la falta de conocimiento geopolítico y comercial de los gobernantes actuales.  
En este sentido el nacionalismo del MNR no implicó una práctica de lucha contra enemigos externos; en sí fue y es un renovado proyecto nacional que tiene que ver con la construcción de un cambio que sustente la pluralidad de identidades culturales, la solución de nuestras necesidades económicas y el aprovechamiento de oportunidades comerciales; todo esto en un marco democrático y de respeto a la Ley.
De trauma de revolución a evolución de Estado
Lo revolucionario dio paso a lo evolucionario sin abandonar la idea de seguir transformando a la sociedad en beneficio de las mayorías y minorías; la violencia fue sustituida por el ejercicio y práctica dentro de los márgenes establecidos por un sistema democrático. Esta práctica resultó en una Constitución que refleja las aspiraciones ciudadanas y no un marco de justificación de política partidista e ideología sectaria y donde el Estado de Derecho prevalece. Por lo tanto, las formas políticas tradicionales debieron necesariamente revisarse, cuestionarse, transformarse y adaptarse.
La incorporación de conceptos técnicos en la administración del Estado, acompañó a la acción política, y delimitó los campos de lo posible políticamente ante una realidad técnica que señalaba las limitaciones de cualquier oferta electoral para no caer en lo demagógico. Por tanto, se crearon las superintendencias sectoriales para regular, fiscalizar y orientar el desarrollo y explotación de los monopolios naturales; instituciones estas que debían permanecer ajenas a la intrusión política y que desafortunadamente en la alternabilidad política fueron desarmadas.

Modernización y fortalecimiento de estructura de Estado
En cuanto a la administración doméstica, el nuevo orden significó la modernización de las estructuras del Estado. El MNR procedió al fortalecimiento de los Poderes del Estado, y se concibió la modernización del sistema de aplicación de justicia e interpretación jurídica creándose, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y la aplicación de los juicios orales.
Integración, base democrática, consenso político
La integración estructural del Estado, en el pensamiento del MNR, tanto en el pasado como en el presente y hacia el futuro, está fundamentada en la ampliación de la base demográfica  del consenso político. En cambio en el pensamiento del MAS, su concepto de descolonización se base en el reemplazo de la base demográfica del consenso político. Esto no es aceptable para el MNR porque destruye el concepto de la alianza de clases en la creación de una identidad boliviana, propia e incluyente, y porque segrega y discrimina a los ciudadanos.
La profundización democrática, sin embargo, únicamente puede darse cuando los actores regionales y locales son participes en el designio de su destino, sin prebendalismo ni clientelismo y sin cuestionamiento a su afiliación política, tal como lo hace el MAS el día de hoy. Así se implementó la descentralización administrativa y la participación popular que llevaron recursos directos y participativos a los rincones más recónditos del territorio nacional y donde cada localidad y municipio tuvo que asumir tanto el beneficio como la responsabilidad de planear, labrar, coordinar e implementar sus iniciativas de desarrollo. El centralismo secante que existió hasta ese entonces, cede ante las aspiraciones locales y regionales autonómicas. Los efectos de esta innovación evolutiva disminuyeron el nivel de autoritarismo vertical ejercido por un poder central que asfixiaba o era muy distante y lejano para comprender, asimilar y responder a las inquietudes regionales. Como efecto corolario de esta acción existente hasta el momento, fue la aparición de líderes regionales y locales que expresan las inquietudes de sus coterráneos, quienes negocian los intereses locales con el poder central, en el marco de descentralización y participación otorgada por las reformas de la Participación Popular y de la Descentralización Administrativa. La representación democrática resultó ser más ágil y accesible. De igual manera, la implementación de los TCOs (Territorios Comunitarios de Origen) fueron un reconocimiento verdadero al derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas y que en realidad es la única autonomía territorial real, por los recursos provenientes de la Participación Popular,  y que fue la de las Alcaldías Municipales.
En la concepción del MNR y en la implementación de la Participación Popular, un conjunto poblacional nacional, sea cercano o distante, que parece tan ajeno, nunca deja de ser nuestro, ni mejor ni peor solo distinto; para el MAS lo distinto es ajeno, es despreciable, es colonial, es desterrable.
Apropiación y plagio desvirtúan el progreso y desarrollo
Es el llamado proceso de cambio del MAS el que desvirtúa todas las medidas de progreso y desarrollo y de democracia sembradas por el MNR. En primer lugar pretende y difunde una apropiación de las reformas establecidas desde 1985 desvirtuando el espíritu y esencia de valoración que otorga el MNR al individuo, al mestizaje, a la incorporación social, al relacionamiento internacional moderno, al desarrollo de una clase media empresarial productiva, a la construcción y acumulación de capital y finalmente al manejo responsable, sin dilapidación, de la economía nacional.
El anacronismo y la apropiación indebida es la característica del MAS. Las mal llamadas nacionalizaciones son sólo confiscaciones a ciudadanos bolivianos de sus beneficios individuales y de sus recursos; tal es el caso de la apropiación indebida de los fondos de capitalización individual en las AFPs. Sus medidas solo sirvieron para alejar las inversiones extranjeras y crear nuevamente un endeudamiento internacional innecesario, puesto que dicho endeudamiento no es productivo y no ha dado ningún resultado. Las sustanciales condonaciones del HPIC y MDRI debían haber liberado al país de una carga de deuda para acometer inversión y generar empleo. El superávit en las reservas internacionales, solo refleja el desequilibrio entre ahorro interno e inversión; la gran monetización planteada por el gobierno del MAS en realidad  ha producido una gran des-industrialización. Es un gobierno incoherente, derrochador de los recursos financieros, totalitario y absolutista.
Actores de esa tienda política han pretendido, en la ligereza y sencillez de su lenguaje, confundir al ciudadano con argumentos de sumatoria de opuestos; es decir, lo anacrónico y lo moderno se complementan, sin entender que la sumatoria de opuestos ya sea en matemáticas, lógica, biología o política siempre suma cero. Estamos confrontados para elegir entre anacronismo y modernidad; éste es el gran desafío que la sociedad boliviana enfrenta hoy en día. Lenguaje ligero, conceptos erróneos, definiciones falsas no pueden ni deben nublar el buen sentido de la ciudadanía.
Para el MNR, el anacronismo es postergación y ya en el siglo pasado asumimos la responsabilidad de conducción del Estado para salir de un sistema feudal, de crear una clase media productiva, de avanzar en la sociedad, de otorgar derechos universales, de alcanzar modernidad y competitividad internacional. Ese es el rol de un liderazgo nacional verdadero y lo asumimos. Nuestras medidas jalan hacia adelante a la ciudadanía, el empuje proviene del núcleo elemental: del individuo, de la familia, es decir, de sus asociaciones y relacionamientos básicos. No abandonamos a ciudadanos de menores logros; sin embargo, establecemos una responsabilidad compartida y respetuosa en promover su desarrollo.
El MNR hacia adelante
Aprendimos en el 52 la complejidad de reforma del agro cuando realizamos la revolución social del campo. Hoy en día necesitamos una verdadera revolución, pero una revolución tecnológica y productiva. Necesitamos seguridad alimentaria tanto hoy como en el futuro. Observamos que los campos se convierten en sitios super parcelados e improductivos, para luego ser vendidos para actividades comerciales a precios elevados, actuando así como terrenos de engorde. Esa no fue la intención de una reforma agraria y menos es hoy en día. El tema tierra debe dejar de ser una herramienta de maniobra política.
La acción política del MAS es equivocada pues no aprendieron nada de nuestras experiencias. Reparten y expropian la tierra demagógicamente y sumen a los campesinos en una pobreza miserable. Distribuir la riqueza o el ingreso no siempre reduce la pobreza; a veces genera más pobreza. Para salir de la pobreza se necesita un flujo de ingresos, no solamente posesión de un bien. Esto implica cerrar de manera sostenible el círculo: Cantidad y calidad de tierra, insumo, tecnología, producción, distribución, acumulación. Debe tomarse en cuenta que ser campesino es una condición económica y no así una condición social. Ser campesino es el compromiso, individual o corporativo, de dedicar los años productivos a dicha labor.
La riqueza es un stock, es decir algo que existe acumulado y presente, mientras que el ingreso es un flujo que representa lo que se va generando en el transcurso del tiempo. Quién recibe una parcela de tierra aumenta su riqueza – stock – pero puede ser que su ingreso no mejore y peor aún puede que empeore. Eventualmente puede ser que la posición del stock - la riqueza - se deteriore y acabe improductivo. La distribución del ingreso debe originarse y resultar de actividad productiva, según se vaya generando. Un sistema tributario progresivo es una representación de ello; los que más ganan más pagan. Dada la informalidad que existe en el país, existen sectores que acumulan mucha riqueza, no pagan impuestos y aumenta mucho su ingreso. La carga y responsabilidad tributaria no está bien distribuida. El gobierno actual no ha corregido esto, solo ha perseguido a evasores, asfixiado a contribuyentes, pero no ha ampliado la base tributaria.
La reforma agraria en si fue una distribución de riqueza; había suficiente tierra cultivable para ser distribuida. Lo paradójico es que esta distribución generalmente no mejoró los ingresos de los poseedores de la tierra. Los actores del MAS, arcaicos ellos, siguen enfrascados en una discusión marxista sobre la propiedad de los medios de producción, cuando en la modernidad se discute la distribución de los ingresos que genera una buena producción. El tema no es de quien posee la tierra, es de quien la produce. Lo importante es cómo, cuanto y cuando se produce para ser distribuido y que en esta distribución de lo producido, nuevamente se vuelva a producir lo mismo y más.
Si distribuir aumentara la riqueza, entonces esto sería deseable, pero la expropiación, acompañada de distribución realizada por el MAS simplemente ha disminuido el ingreso de los expropiados, pero no ha generado ingreso mayor a los nuevos poseedores; por ello, el MNR aprendió de economía y de que la distribución del ingreso para compensar la inequidad debe provenir de otros mecanismos.
El agro es un negocio de economías de escala, de tecnología, de capitales, de extensiones de terreno productivo, de ganancias marginales en la unidad, por lo que se necesitan asociaciones grandes y corporaciones para asegurar a la Nación la seguridad alimentaria que buscamos y necesitamos. Los desafíos de seguridad alimentaria a enfrentarse son grandes y esta es nuestra responsabilidad como gobernantes; acometer responsablemente los desafíos para esta y las futuras generaciones. Damos al recurso tierra la valoración e importancia real que se merece.
En el siglo XXI, tanto por presión poblacional y agotamiento de recursos no renovables como ser extensiones territoriales cultivables, el otorgamiento de parcelas de tierra con una justificación agrícola basado solamente como herramienta política hacia un campesinado sin recursos no es una solución económica ni para el que recibe la dotación y menos para el país. En este afán distributivo, netamente político, debemos estar conscientes de que disponemos de un territorio limitado y que no todas las parcelas son adecuadas para la agricultura. No fabricamos terrenos; es un recurso agotable y las generaciones futuras de bolivianos nos pedirán cuentas por dicha disposición. Debe primar el principio económico sobre proporcionalidad de recursos para postergar y evitar rendimientos decrecientes; debemos evitar el agotamiento de las buenas tierras para la agricultura. Debemos implementar un patrón de desarrollo espacial para enfrentar los diferentes enfoques productivos del agro. Revisaremos las tarifas y barreras que inhiben la competitividad en este sector y las implicancias de nuestro relacionamiento comercial con los países vecinos. No subsidiaremos la producción extranjera. Incentivaremos la producción nacional. Necesitamos y proponemos un gran pacto productivo-agrícola.
Una visión internacional de principios de siglo XXI, presenta una serie de desafíos a las naciones del mundo; desafíos que van desde sobrepoblación, seguridad alimentaria, educación, fuerza laboral capacitada, empleo, utilización y distribución de recursos naturales; además de consideraciones de ventajas competitivas en dotación de recursos como de mercado, y temas ambientales entre otros. Todo esto desemboca en el acomodo y ejercicio de las fuerzas y ventajas naturales del poder político-económico y su potencial gravitación hacia poderes regionales.
Una comprensión del cambio y de la distribución del poder político y económico en este siglo es esencial para concebir una política de Estado Nacional, que en su formulación asimile las condiciones y realidades del nuevo orden mundial y el cambio consecuente en el centro de gravedad del poder. Este cambio que ya se empieza a percibir, ilustra la dispersión del poder global y donde el surgimiento de desafíos a un poder monopolar pudiera alimentar una jerarquía de poder mundial potencialmente inestable.
La incertidumbre resultante de esta nueva jerarquía pudiera incrementar las tensiones regionales; por lo tanto, la cooperación internacional para la solución de conflictos, mediante la acción de organizaciones mundiales creadas y reconocidas para tal efecto, pudieran encontrarse debilitadas; donde las regiones o países más fuertes promoverían sus intereses y arreglos regionales para incrementar sus intereses propios. Nuevos realineamientos de poder surgirían como respuesta a los cambios geopolíticos en la distribución global del poder. Por ello y más, la seguridad y estabilidad del Estado Nacional es imperativo.
Nuestro planteamiento pasa por una acción tanto doméstica como internacional. En lo doméstico debemos capitalizar la posición de corazón continental y convertirnos en el centro productor, más que consumidor de lo ajeno, de un conjunto de productos y servicios que promoverán nuestra capacidad productiva y de empleo, a la vez que generarán capacidad exportadora. Señalaremos nuestras ventajas competitivas relativas en el continente y más allá de la responsabilidad pública, promoveremos la actividad privada en su desarrollo y fortalecimiento industrial. Solamente logrando una coherencia en acción política, capacidad económica y desarrollo cultural fortaleceremos nuestra seguridad y nuestra capacidad de negociación.
En lo internacional, la creación de un sistema de relaciones económicas y comerciales con nuestros vecinos que sean incluyentes, requiere de un realineamiento en la responsabilidad de no privar a nuestra nación de lo que en derecho nos corresponde. Identificar y reconocer la correlación de fuerzas con los vecinos es primordial para no cometer errores y sumir al país en una posición de desventaja. Hallamos preocupante la ligereza del gobierno actual con respecto a nuestra aspiración de salida soberana al océano Pacifico.  
Tenemos también una responsabilidad en el cuidado del medio ambiente dado que es la condición en la cual establecemos el ámbito donde desarrollamos nuestra actividad humana y acción política. Cómo lo cuidamos y transformamos para bien o cómo la depredamos, es nuestra responsabilidad y finalmente como lo dejaremos a las generaciones futuras es nuestro deber. Los atributos múltiples de los recursos como ser: dimensiones de cantidad, de calidad, de tiempo y espacio, de ubicación hacen que la condición en la que se encuentran, su localidad y en el tiempo de su requerimiento connotan diferentes marcos de valuación, de posibilidad de almacenamiento o de consumo inmediato una vez producido, siendo que todo esto afecta tanto la oferta como la demanda del recurso. Por ello, nuestro desarrollo sostenible deberá cumplir con 3 condiciones en la utilización de los recursos naturales: 1) Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 2) Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 3) Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la capacidad de extracción y producción en el tiempo deseable a futuro, velando siempre por la posibilidad  para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.
Estas reglas anteriores están supeditadas a un crecimiento demográfico razonable y en la constitución de una pirámide poblacional que asegure la sostenibilidad del sistema y que sea capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.
Cómo se dispondrá el uso, la administración, la extracción y la conservación de los recursos deberán ser resueltas en un contexto que considere los atributos de esta complejidad.
Su sostenibilidad refleja la dificultad y contradicción que puede darse entre desarrollo, entendido como crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. A esto debemos añadir la existencia de una precondición muy difícil de modificar, la existencia de una división política y de administración que, en sus límites no concuerda necesariamente con una administración adecuada de las cuencas, ya sea por falta de coordinación, por negligencia o por otras razones valederas.
Este reconocimiento de la existencia  de costos humanos, naturales y medioambientales, de administración y división política, requieren de un análisis y modificación de políticas de administración pública. La idea de una actividad económica, de un crecimiento poblacional desmedido y en pos del cual todo puede sacrificarse tiene que ser considerada con una conciencia de la existencia de límites propios de cada actividad y condición. Es importante crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para la generación actual y que no se haga al precio de una amenaza o deterioro de las condiciones de vida de generaciones futuras.
Dado que las cuencas tienen un impacto nacional e internacional, los programas de gobierno, en busca del desarrollo sostenible, debieran considerar el territorio de una cuenca como la base más adecuada para crear capacidades de gobernabilidad sobre espacios naturales con fines de aplicar las medidas de gestión del ambiente. Tratamiento de recursos específicos, como ser la gestión del agua, gestión forestal o de la fauna, como también de asentamientos humanos, sin excluir otros recursos, se convierten así en una unidad de dicho territorio para la gestión ambiental integrada de cuencas.
Otro gran desafío que debemos encarar es el de infraestructura en todos sus campos. No es posible considerar desarrollo, mejorar la comunicación entre comunidades y regiones y mucho menos avanzar en relaciones con otras naciones y culturas al carecer de infraestructura adecuada. Tampoco infraestructura es un término absoluto; siempre debe medírselo en relación a algo, sea ésta una necesidad que demanda solución, sea comunicación, o sea movilización que implica transporte y presencia humana. También debe medírselo comparativamente respecto a la infraestructura que otras regiones y países pudieran contar. Infraestructura es un término y condición que refleja actividad constante y cambiante en respuesta a necesidades y demandas. En la medida que se entienda ello, entonces podemos dimensionar lo que debemos hacer y a que debemos responder. No es algo de acción impulsiva y de parche a una emergencia; es un compromiso y responsabilidad constante tanto en su concepción, en su implementación, en su mantenimiento y reparación a lo largo de su vida económica útil.
La dimensión y variedad de lo que debe acometerse es grande. Es la infraestructura mayor que requiere prioritariamente identificación de necesidades, planeación, diseño, tecnología, complementación, diversidad, financiamiento, impacto, sostenimiento, modernización, entrenamiento de los recursos humanos a encargarse. En sí infraestructura es el todo que facilita la actividad humana, económica y social, por lo que está dividido de inicio en sectores de transporte, sean marítimos, fluviales, camineros, ferrocarriles, aeropuertos, energéticos y de servicios básicos en dotación de recursos, infraestructura educacional, recreacional y de salud. Incorpora también el sector de comunicaciones, fundamentalmente referente a telecomunicaciones.
La dirección que este gran desafío, que debió haber continuado, ha sido desvirtuado; estos son temas que requieren una dirección técnica de muy alto nivel, antes que política. Más bien el rol otorgado a instituciones como ser el Servicio Nacional de Caminos, re titulado como ABC como si el cambio de nombre implicará transformación y modernización, no ha mejorado la calidad de carreteras, existe mala construcción, sobreprecios, y diseños y acometidas arbitrarias como en el caso del TIPNIS. Tampoco tenemos claridad en la actividad de YPFB Corporativo y las mini empresas que han constituido, lo cierto es que no existe la inversión necesaria en exploración, pero si en explotación pues están agotando los pozos hidrocarburiferos y dejarán a la sociedad postrada nuevamente sin capacidad de inversión y por ende de generación de recursos. En las telecomunicaciones hemos quedado tecnológicamente postergados; igualmente en aeropuertos y ferrocarriles, como en el transporte fluvial.
De inmediato surge la pregunta sobre la naturaleza de las instituciones y la institución madre que deberían aglutinar, dirigir, promover y formar recursos humanos y luego sobre cual institución debería fiscalizar las labores a realizarse. En síntesis, debemos entender que aspiración no es lo mismo que planeación y tampoco se forman recursos humanos como para tener éxito con aventuras desorganizadas.  Proponemos, tal como lo hicimos en el siglo pasado, partiendo con el Plan Camiri de 1953, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro,  una revolución tecnológica, de integración y de generación de fuentes de trabajo en todos los campos de infraestructura para dotar de empleo a nuestra juventud formada y actualmente desempleada. Crearemos un programa de reentrenamiento de nuestra fuerza laboral.
El progreso de la humanidad, su aporte a la civilización, condición básica para considerar el desarrollo humano como la medida tanto de progreso como de bienestar es uno de los desafíos más grandes que el ser humano y las naciones deben encarar. En la conceptualización de dicho progreso, los países avanzados, en el siglo XXI, consideran las posibilidades de vida y de conquista del espacio sideral como una responsabilidad más de la humanidad. En lo nuestro, desafío menor pero necesario y que requiere persistencia para asegurar la preservación cultural y nuestro aporte al progreso de la humanidad, nos obligamos a revisar nuestros comportamientos humanos individuales y sociales para no caer en un Darwinismo cultural que selle nuestra desaparición. Debemos mirar hacia adelante para desarrollarnos y progresar; lo haremos despojándonos de atavíos que nos postran y que pretenden mantenernos en el pasado. Es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras de bolivianos.
Como desarrollo existe un punto base de partida. Como progreso existe una dimensión y un destino conmensurable que acompasa diversos aspectos de interacción humana. Esto también requiere, por la dimensión del desafío, compromiso de largo plazo e inversión en concepción, en gestación, en educación y en desarrollo.
Debemos gestar de inicio la inversión en la concepción del desarrollo de nuestro capital humano. Tenemos una pirámide poblacional amplia en la base, en la cual debemos invertir en su educación y formación para que sean productivos y que aporten, a la vez que disminuimos las asimetrías y desigualdades en desarrollo humano; debemos generar fuentes de trabajo reales y asalariadas para proporcionar una vida productiva, justa que garantice su progreso e ingreso en jubilación; empleo sostenido es el reciproco de jubilación sostenida. Debemos fomentar las iniciativas científicas y empresariales; debemos proporcionar la red básica de seguridad a nuestra ciudadanía en alimentación, educación, en trabajo, en salud y en jubilación, pero sin recompensar los viajes gratis de ciudadanos que no aportan y que esquivan sus responsabilidades ante la sociedad.
La existente política nacional de educación actual no es efectiva. Su mayor impedimento es su visión anacrónica. A esto debemos añadir la falta de recursos de inversión efectiva en este sector, la falta de un compromiso serio del gobierno y de la nación que refleje una comprensión sobre la importancia de la formación y educación de nuestros recursos humanos. Los hogares nacionales lo toman como una faena más a cumplirse en el rol de crianza pero no comprenden y valoran cuan mejor pueden labrar el futuro de sus hijos; por ello debemos recompensar la valoración con resultados efectivo y reprimir la falta de logro educacional.
Crearemos mecanismos de colaboración permanentes entre expertos en educación, poderes públicos, entidades financieras, organismos educacionales y de desarrollo internacional. Lograremos una reorientación del personal docente, considerando sus propias experiencias y contribuyendo con nuevos criterios educativos. Esto, en su formación, facilitará las pruebas de competencia para poder ejercer, resultados que serán incorporados en el proceso de reforma. Mejoraremos la educación tanto en cobertura como en calidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
El desarrollo sostenible que planteamos establece que los recursos físicos acompañen el desarrollo humano y no a la inversa, tal como se lo tiene conceptualizado en la actualidad. Promoveremos toda inversión en educación y estas estarán incorporadas en todas las estrategias nacionales de desarrollo sostenible y estas tienen que ver con valores, conductas y estilos de vida. La inversión no puede ser esporádica, casual y errática. La educación se tiene que entender como un reflejo de la sociedad. Planteamos los siguientes retos a mediano plazo y de ejecución inmediata pues el envejecimiento de la población no otorga tregua ni tampoco los desafíos internos y externos: 1) Un incremento substancial de la calidad del maestro y de los educadores. 2) Una rigorosa educación primaria y secundaria con evaluaciones precisas que nos destaque al mejor nivel internacional. 3) Una malla curricular con enseñanza en materias y lenguajes que determinan la competitividad internacional y el rendimiento en educación superior. 4) Universidades de alta calidad abiertas a todos en oportunidad, con pruebas de rendimiento para lograr ser mejores, para eliminar el desgaste de recursos, de plazas y de tiempo pues los que no alcancen estos niveles de inicio tampoco será los profesionales deseables en el ejercicio de sus profesiones respectivas. 5) El establecimiento de una malla curricular, la institucionalización y asimilación de conductas éticas y de comportamiento privado y público para eliminar el fraude, el plagio y otros delitos.
Las mentes preparadas y con códigos de conducta éticos representan un pasaporte hacia la prosperidad de ellos y por ende aportan a la construcción de la deseada sociedad. Lograremos una amplia población, con gran educación; la actividad intelectual e innovadora será promovida y recompensada. Incentivaremos la creatividad.
Igualmente, el desarrollo, la sostenibilidad y cobertura en el campo de la salud establecerá que los recursos físicos y de infraestructura acompañen a las necesidades humanas en cuanto a tratamiento de la salud y no a la inversa. Para ello, por una parte, incorporará factores extra sectoriales  para lograr un Estado de Bienestar donde el rol conductor del Estado en los programas de salud considere la contención de la escalada de los incrementos de costos en los sistemas de salud. Eficacia, eficiencia, tratamiento, oportunidad en el tiempo y equidad serán la motivación y el objetivo en la entrega de los servicios de salud. El envejecimiento de la población no debe ser utilizada como la justificación para no proporcionar un seguro de salud en vejez que sea digno y completo.

Entre los factores sectoriales aprovecharemos la revolución tecnológica para la renovación en la obsolescencia del equipamiento y de la base material técnica de los servicios. Dotaremos de mayores opciones en los servicios de salud para satisfacer las expectativas de la población en cuanto a opciones de solución a sus problemas de salud. El sistema de salud crecerá al ritmo necesario para asumir el crecimiento vegetativo de la población, las necesidades de salud emergentes y re emergentes y la contención de plagas y enfermedades que siguen afectando la salud de la población. Así mismo, se desarrollará la capacidad del rol de conducción, atención y prevención en los hospitales y centros de tratamiento de salud.
Necesidad de recuperar la democracia
Sin embargo, para lograr todo ello es necesario recuperar y continuar con la profundización de la democracia iniciada en 1985 e interrumpida en el 2003. La ciudadanía plantea y aspira a una reforma del sistema político. Debemos contar con un Estado que en su conducción política proporcione transparencia; que ofrezca una inclusión ciudadana real, sin confundir con tomas de poder; que respete la separación de poderes.
La fábrica de leyes que el MAS ha implementado en el país desde que asumió el poder ha servido de instrumento en la persecución política y no ofrece de manera real la presunción de inocencia antes de proceder con acusaciones y sentencias elaboradas. Son leyes sin consenso ni discusión adecuada.
En Bolivia se han adoptado posiciones críticas frente a la democracia convencional o democracia representativa y sugiere el ejercicio del poder a través de la “democracia directa” o a través de las llamadas organizaciones sociales que actúan como fuerza sindical de presión social.[] Cuando así conviene a su interés desestabilizador o ansia de poder, se trata de rechazar la representación política, de consenso amplio, por medio de la llamada “asociación voluntaria supeditada a la fuerza sindical y gremial, pero sin respeto a la voluntad individual, ni a las leyes, ni a autoridad legalmente constituida.
De igual manera, aparecen nuevas definiciones sobre democracia que en sí violan la esencia de lo que es una democracia y la privan de ciertas características y principios que le otorgan el valor a esta institución, tales como: propugnar una democracia directa y que en los hechos es presión colectiva a traducirse en las urnas en un voto colectivo desconociendo la individualidad del ejercicio democrático.
Al ser la democracia una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales; dado que optamos por una democracia representativa y participativa, los ciudadanos bolivianos podemos ejercer una influencia sobre las decisiones públicas mediante mecanismos plebiscitarios y electorales, advirtiendo que la simple concurrencia a las urnas no es lo que define una democracia, sino que es el respeto a los derechos de los demás, al conocimiento, a la aceptación y defensa de la separación de poderes del Estado, a la existencia del sistema de controles y balances que aseguran y garantizan la independencia de dichos poderes, a la protección de los derechos ciudadanos, a la existencia de una fuerza coercitiva de Estado que vela por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los ciudadanos. En el MNR creemos que todo esto y más deben protegerse con la voluntad y la fuerza necesaria otorgada por un Estado Nacional Democrático, en favor del bienestar social.
Este comportamiento anárquico existente, de convenir a sus intereses, se traduce en leyes mal concebidas, en marchas, en bloqueos y otros abusos que violan los derechos de los ciudadanos y desestabilizan el orden público, confundiendo así la aplicación de una democracia directa, la cual los anarquistas no siempre la consideran efectiva, pero la usan, en sus propósitos destructivos. Esta acción, que enreda principios, niega las virtudes de una democracia verdadera e invalida por lo tanto la aplicación de una democracia directa.
En realidad, lo que está en juego es la existencia del propio tejido de una sociedad democrática donde la acción anarquista que actualmente existe en el país, que apuntala iniciativas seudo democráticas y la presencia de actividades ilícitas, asolan y fomentan conductas individuales e institucionales que inciden y deciden el éxito o el fracaso de carreras políticas y de la existencia de partidos políticos como los intermediarios valederos entre el Estado y la sociedad civil.  
Entendemos que las instituciones democráticas y el comportamiento ciudadano en democracia deben crecer y desarrollarse, ambos, constituyéndose en la base del mejoramiento en la convivencia humana: solidaria y altruista.
Entendemos también que democracia se traduce en todo un proceso acumulativo de deberes y derechos que marcan un comportamiento cultural y ciudadano, desde el interior de la sociedad y partiendo desde lo más profundo del comportamiento social, familiar e individual; dicho comportamiento acompaña la evolución de la sociedad. Trabajaremos para que esta evolución sea real y efectiva, donde conducta y comportamiento no sea dictaminado desde un sector ciudadano directamente involucrado en actividades ilícitas. Se ha creado con el gobierno actual un Estado asimétrico y las distancias entre Estado y pueblo han aumentado. Para el gobierno actual la subsistencia del Estado excluyente creado se convierte en aspiración electoral. El Estado actual no representa ni a los indígenas ni a mayorías ni minorías nacionales; es racista y sectario; carece de visión nacional y las aspiraciones ciudadanas van más allá de aceptar el discurso que presentan. Hay necesidad de solución de problemas, de generación de empleo, de logro real en el desafío del milenio, el cual no ha avanzado desde su concepción.
Cuidaremos de que la regla de la mayoría, en la que se basa la democracia, no se traduzca en la tiranía de la mayoría para que no perjudiquen ni opriman a una minoría en particular. Las opiniones minoritarias deben tomarse en consideración, a diferencia de una o cualquier circunstancia, donde la mayoría puede tomar la acción y obligar o forzar la decisión sin ninguna consulta adicional con los votantes minoritarios.
La organización resultante de este Estado será democrática, donde prevalecerá el imperio de la ley, la separación de poderes y otras funciones de balance, control y sutiles propias del Estado, siendo este Estado la representación material, cultural y espiritual del pueblo boliviano organizado en una potestad superior de acción y cumplimiento con leyes concebidas para el bien colectivo.  
Como gobernantes, llevaremos a cabo las funciones del Estado, dando cumplimiento a las políticas nacionales, de unidad, y soberanas, establecidas para este efecto y donde las diferentes naciones o nacionalidades en el territorio nacional se agruparán en torno a este Estado; pudiendo estas ejercer competencias que le sean propias y que no sean contrapuestas al interés mayor que es el Estado Nacional; más bien formando parte de un único Estado. Las fronteras del territorio nacional coincidirán con los límites del Estado Nacional y la presencia de este Estado Nacional será beneficiosa para todos los habitantes. Los espacios del Estado Nacional contarán con una autoridad gobernante responsable y no existirán espacios libres donde fuerzas corporativas nocivas al Estado prevalezcan y ofrezcan alternabilidad de poder que desafíen directamente al Estado Nacional. En este sentido, todos los territorios, naciones y nacionalidades atravesarán y participarán de este proceso hasta alcanzar y consolidar la condición de Estado pleno y bajo la cual todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional serán tratados de la misma manera y en igualdad de condiciones ante los ojos de la Ley. 
Entiéndase que a la esencia del Estado no le corresponde algún fin específico; el Estado es un medio para la realización de cualquier fin social, siempre que se enmarque y respete las libertades y garantías expresadas en la Constitución Política del Estado, que haga cumplir los deberes y obligaciones y que en su accionar persiga el bien común. Tampoco le corresponde a un Estado democrático el permitir, tolerar e ignorar la impunidad; precisamente, la participación democrática demanda frenar la impunidad. El Estado Nacional será fuerte y rendirá cuentas sobre sus acciones.
Nuestra legitimidad en el gobierno la tendremos alcanzando una coincidencia en:
a) los fines que la sociedad considera como buenos y deseables,
b) la certeza de que la promulgación de una norma sea debidamente debatida por el órgano competente,
c) de que en el debate, consideraciones de eficiencia, eficacia, responsabilidad, equidad, ética, seguridad nacional y de cualquier otro valor pertinente sean debida y técnicamente considerados,
d) cuando en el ejercicio del poder se actúe con responsabilidad, transparencia y cuando se promueva la mejora en la administración del Estado Nacional, a través de una burocracia pública profesional, competente, ética y estable.
Finalmente, la responsabilidad de conducción del Estado Nacional conlleva el logro de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, en sus gobernantes y autoridades, quienes en su conjunto daremos cumplimiento a la Ley, siendo ésta el gran marco expresada en la Constitución Política del Estado, la cual a su vez es la expresión de la protección de los ciudadanos en democracia ante cualquier exceso del Estado.

EN EL MNR NO NOS PREGUNTAMOS DONDE ESTUVIMOS,
NOS PREGUNTAMOS DONDE VAMOS,
SABEMOS COMO LLEGAR.



Alberto de la Reza Méndez, actualmente es el Secretario Nacional de Capacitación Política del MNR. Es economista de profesión con estudios de postgrado en economía energética y en banca; fue Gerente de Asuntos Internacionales del Banco Central de Bolivia; Director de Desarrollo del Funcionario Público en el Servicio Nacional de Administración de Personal, (SNAP). Fue candidato a la Asamblea Departamental de Cochabamba. En su carrera profesional privada, se distinguió como ejecutivo en el sector financiero y administrativo, tanto nacional como internacionalmente.


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