sobre Derechos Humanos se pronuncia LTD. se refiere al informe del Defensor del Pueblo, tan importante y básico, del que pocos se ocupan. el Ministerio Público, la Justicia y la Policía son los organismos que mayores denuncias tienen y poco o nada se hace para encontrar soluciones.

Entre tanto ruido electoral, no se ha prestado la atención necesaria al último informe presentado por el Defensor del Pueblo, en el que se establece que son la Policía Nacional, el Órgano Judicial y el Ministerio Público –en ese orden– las instituciones más denunciadas por la vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía.

Adicionalmente, y muy a pesar de la puesta en vigencia de varias normas para la protección de los derechos de las personas, el documento en cuestión –correspondiente al 2013– devela un incremento del 18 por ciento de denuncias en relación con las presentadas el 2012, con lo que se confirmaría la hipótesis referida a la poca eficacia de la aprobación de nuevas leyes y endurecimiento de penas, en ausencia de políticas serias orientadas a la concienciación y el cambio de mentalidad de los bolivianos –sean estos funcionarios o no– con miras a la construcción de una sociedad más respetuosa de la libertad y el derecho ajeno.

Debe llamarse la atención, además, sobre la correspondencia que existe entre el informe del Defensor con la realidad cotidiana, que efectivamente muestra a la institución policial haciendo noticia por varios casos de violación de los derechos humanos, y a la judicatura como una entidad que, lejos de haber mejorado su desempeño en su labor de administrar justicia, ostenta cada vez más signos de deterioro y empeoramiento en la provisión de tan importante derecho.

Otro dato que cabe destacar es que la mayoría de las denuncias presentadas corresponden a personas del género femenino, justamente en momentos en que se evidencia que erradicar o aminorar las agresiones practicadas contra las mujeres no sólo es cuestión de más leyes o endurecimiento de penas sino del funcionamiento adecuado y dentro la legalidad de las entidades llamadas a que esas normas se apliquen.

En ese sentido, lo que corresponde es que las autoridades e instituciones reflexionen seriamente en torno a una estrategia integral orientada a revertir las mentalidades y limitaciones institucionales que pudieran conducir al abuso de autoridad y la ineficiencia burocrática, así como a la ausencia de conciencia ciudadana en torno al respeto de la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos, valores de los cuales somos merecedores la totalidad de las personas, sin discriminación de ningún tipo.

Adicionalmente, sería prudente que se dejara de acudir a soluciones superficiales y esencialmente mediáticas como lo es la aprobación de nuevas leyes; a la banalización de los estereotipos machistas a través de declaraciones y manifestaciones impertinentes; o a la electoralización de todos estos problemas a través del anuncio de propuestas frívolas o la realización de discursos vacíos e improvisados, que no hacen otra cosa que tornar políticamente utilitarios problemas que son profundamente serios.

El ejemplo debería comenzar, como no podría ser de otra manera, con la eliminación de las destructivas y delictivas solidaridades entre funcionarios o miembros de la misma institución u organización política, dando paso a una dinámica de facilitación y colaboración en las labores de investigación y sanción de cuanto funcionario hubiere cometido algún delito que vulnere los derechos humanos.