durante la jornada, los más importantes medios se han referido al suceso terrorista de Radio Popular, a la comparencia de periodistas en una Fiscalía bajo acusación de racismo y el exilio de otro comunicador a Brasil. "señales negativas" en el ejercicio periodístico. El Deber

Al comenzar esta semana, el periodismo independiente de Bolivia recibió dos mensajes preocupantes: un violento asalto causó heridos y estragos en una emisora de Yacuiba, mientras tres medios de comunicación fueron convocados por la justicia ordinaria sobre un caso exclusivo de la Ley de Imprenta.
Un grupo de forajidos asaltó la emisora Popular de Yacuiba y le prendió fuego, dejando heridos a Fernando Vidal, director de la emisora, y a Karen Delgado, operadora, ambos ahora hospitalizados con graves quemaduras.

El sacerdote José Gramunt de Moragas, director de Agencia de Noticias Fides (ANF) y el periodista Raúl Peñaranda, del matutino Página Siete de La Paz, se presentaron ante la fiscal Claudia Pastén para declarar acerca de un caso en que la fiscalía no tiene autoridad.

El atentado en Yacuiba se produce a cuatro años de otro, en el cual un oficial del ejército boliviano lanzó una bomba contra un canal de Tv de esa ciudad fronteriza, sin que el caso hubiera merecido ni las investigaciones ni las sanciones correspondientes. Es más, el oficial en cuestión fue premiado con una buena ‘pega’ en Venezuela.
El caso de los dos periodistas convocados por la justicia ordinaria tiene que ver con las noticias que se difundieron al respecto de una desafortunada opinión del presidente Evo Morales acerca de que los habitantes del oriente boliviano “si sufren hambre es por flojos”.

Este comentario discriminador podía haber dado lugar a protestas regionales, pero la bulla que hizo el Gobierno sobre los titulares con que los medios informaron del hecho ha conseguido, hasta ahora, que no se produzcan esas protestas.
Desde el 15 de agosto pasado, el discurso ofensivo del presidente Morales pronunciado en Tiwanacu no ha merecido otro tratamiento que las amenazas del Gobierno de llevar el tema a la justicia ordinaria.

No se ha escuchado, en cambio, ninguna disculpa del jefe de Estado hacia los habitantes del oriente boliviano que habían sido tratados de esa manera. El ruido hecho con motivo de la cobertura periodística fue considerado suficiente.

Gramunt de Moragas y Peñaranda repitieron ante la fiscal Pastén lo que todo periodista boliviano repetiría: que el caso corresponde a la jurisdicción exclusiva de la Ley de Imprenta, ley que está vigente en el país y que ha sido creada para este tipo de casos.
Aunque otras leyes creadas por el actual Gobierno han pretendido disminuir los alcances de la Ley de Imprenta, no la han abrogado. Por lo tanto, sigue siendo el instrumento para tratar este tipo de diferendos.

Sólo las dictaduras militares dejaron en suspenso la  vigencia de la Ley de Imprenta en el país, cuando detuvieron a periodistas, los mandaron al exilio, o los golpearon por decir lo que esos gobiernos no querían.

En este momento, la situación de la libertad de prensa en el país está muy dañada. El periodista Wilson García Mérida, director de El Sol de Pando, ha debido emigrar a Brasil para poder hacer su trabajo, en vista de las amenazas que recibe en Cobija.
Pero el caso de la radio Popular de Yacuiba es algo que excede todo parámetro. Los tribunales internacionales están enterados de los atropellos que sufre el periodismo libre boliviano.