A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas, el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.
En las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.
Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión Europea, dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.
Hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.
La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo, 90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.
El ex prefecto ha dicho que los extorsionados son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.
Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez. El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.
Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.
El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo Valverde, no han sido contradichos. Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.
Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidiese traer el juicio a Santa Cruz.
La jurisdicción y competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó el caso nunca dictó un decreto asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso. El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.
Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.
Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal, José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.
La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril. El 14 del mismo mes, abogados del gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.
Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel. Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.
Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.
Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.
Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.
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