Hubo un tiempo en el que el nombre de Marcelo Soza causaba terror entre los políticos cruceños. Era mediados de 2009 y sus allanamientos, citaciones e interrogatorios implicaban un futuro incierto. Hubo otro tiempo en el que el nombre de Marcelo Soza no significaba nada. Era un abogado gris, un fiscal de materia olvidado en La Paz y dueño de una carrera mediocre en el Ministerio Público. Hoy, el nombre del que fuera el superfiscal del Gobierno de Evo Morales implica esperanza para los que persiguió antes y desconcierto para los que sirvió.
Marcelo Soza es recordado por sus colegas casi como un perdedor que se sacó la lotería con el caso terrorismo. Lo describen como un desconocido, de pocas ideas, de escasa trayectoria y con militancia política.
Según sus colegas, Soza, potosino de nacimiento, estuvo vinculado desde temprana edad al MNR. Lo ubican en 2001, cuando fue secretario de Cámara de la Corte Superior de Justicia de Potosí. Cuando el MNR inició su última gestión, Soza ingresó al Ministerio Público designado por el entonces fiscal general, Óscar Crespo, merced a los ‘contactos’ que tenía con el partido gobernante.
En 2003 no había carrera fiscal y por tanto fue designado por contrato desde la Fiscalía General. Ese año Soza, junto a otros cinco abogados, fue destinado a Santa Cruz, pero el fiscal de Distrito de entonces, Francisco Borenstein, se negó a posesionarlos como fiscales de materia. La Fiscalía General no pudo imponerlos y Soza terminó en La Paz. Su destino fue la Fiscalía Antidrogas desde ese año. Luego vino la ‘guerra del gas’ y Soza se mantuvo en el cargo sin hacer ruido. Recuerdan que atendía casos irrelevantes y sin trascendencia.
Dos años después, en 2005, hubo una convocatoria para exámenes de competencia, en cumplimiento de la nueva Ley del Ministerio Público, norma que creó a los denominados ‘fiscales de carrera’.
Puede ser que Soza hubiera dado el examen, pero ninguno de los entrevistados que los rindieron no lo recuerdan. No estaba obligado a darlo. Tampoco recuerdan que hubiese participado de las capacitaciones que vinieron luego. “Él (Soza), no fue capacitado ni capacitador”, dicen.
Los contactos
Pasó de narcóticos a delitos económicos y después recaló como fiscal de Diprove. Pero en 2009 llegó su oportunidad. Al descubrirse restos óseos en el Ministerio de Gobierno, se creyó que estaban ante un hallazgo de desaparecidos de la dictadura. Soza fue asignado al caso por Jorge Gutiérrez, compañero, amigo y fiscal de Distrito de La Paz, que luego fue investigado por traficar con casos y cargos fiscales y pasó tres años detenido. Allí se comienzan a barajar las cartas que serían determinantes en el caso terrorismo. Los restos resultaron ser de animales, pero existen fotos de esa época de Soza junto a Evo Morales, Alfredo Rada y Carlos Núñez del Prado dentro de esos recintos. Aseguran que lo presentaron como ‘el fiscal de confianza’ de Gutiérrez.
Seis semanas después, Soza fue designado fiscal del caso terrorismo. Dicen que fue descrito como ‘el hombre ideal: no tenía procesos en su contra, no tenía pasado. Sus colegas aseguran que eso luego le jugó en contra, que hizo un trabajo deficiente en la investigación y preparación del juicio por el caso más bullado del país. Ni Soza ni su abogado quieren dar su versión sobre esto.
Sus colegas creen que hay un botón que sirve de muestra de su falta de pericia: la acusación formal contra los hoy enjuiciados por el caso Rózsa fue formulada tan mal que el juez que atendió el caso en la audiencia conclusiva, Rolando Sarmiento, juez Noveno de Instrucción en lo Penal, devolvió el documento y realizó muchas observaciones que obligaron a reformularlo por completo.
Hasta ese momento, Soza era un hombre discreto, que pasaba desapercibido. Pronto probó el poder. Le entregaron como oficina tres ambientes del edificio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en la calle Indaburo de La Paz. Pronto cambió un Mitsubishi pequeño y cacharro por un coche grande y más nuevo de la misma marca. Contaba con un guardaespaldas asignado por el Ministerio de Gobierno y andaba armado.
Pese a que la Fiscalía General nombró a otros dos fiscales para que lo ayuden con el caso, Soza nunca quiso compartirlo.
Pero luego todo comenzó a cambiar. Su voz apareció en unas grabaciones que hablaban sobre extorsiones, manipulación de pruebas y montaje. Luego, su hijo mayor chocó una vagoneta nueva, fingió un asalto y salió huyendo. Soza se tomó vacaciones, luego renunció al caso y a la Fiscalía, pero ya tenía dos procesos en su contra.
El hombre que se había mantenido bajo las sombras ya no se podía esconder. Las citaciones en su contra se fueron acumulando y su detención por los indicios de extorsión era inminente. Iba a ser un preso preventivo en la cárcel de Palmasola, gracias a las denuncias en su contra presentadas en Santa Cruz por la senadora Carmen Eva Gonzales. Tal vez eso fue lo que lo hizo sentir que Potosí no le daría el refugio suficiente. Tal vez sintió que nunca volvería a su casa de Cota Cota, que ya no podría ser un fiscal anónimo y que nunca volvería a obstentar el poder que hizo alguna vez temblar a la dirigencia cruceña, que enjuició a 39 dirigentes y operadores políticos y buscó el refugio en Brasil
DESTAQUE
Fue descrito como el hombre ideal no tenía procesos en su contra, no tenía pasado
EN MEDIO DEL CASO DE SU VIDA
Los investigadores que trabajaron para Soza en el caso terrorismo fueron relegados cuando se ‘desprecintaron’ las computadoras del grupo. Eso, según los responsables, equivalía al diario del Che, porque contenía todos los datos del grupo; la mayoría de los detenidos son resultado de esa pericia. La Fiscalía contrató a la empresa Yanapti para el trabajo, pero el ingeniero encargado de todo fue Julcar Zeballos, quien desveló todos los discos duros de las computadoras y los celulares del grupo de Rózsa. Hoy Zeballos trabaja para el Ministerio de Gobierno en la dirección de Inteligencia.
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