Los gobernantes brasileños, el presidente Lula incluido, estaban molestos por la nacionalización de Petrobras en Bolivia, con ocupación militar incluida. Sus colegas bolivianos estaban ocupados en negarle la visa al senador Roger Pinto, encerrado en la embajada brasileña en La Paz, y en obligar a la revista Veja a rectificar sus denuncias sobre narcotráfico en Bolivia.
Mientras tanto, los empresarios que se adjudicaron la construcción de las represas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio estaban ya haciendo las primeras pruebas para poner en marcha el proyecto cuya primera fase demostró ya el tremendo desastre ecológico que se avecina, gracias a que obtuvieron la licencia ambiental de manera irregular, según se confirma ahora. O Estado de Sao Paolo reveló que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales “fue engañado” al emitir una licencia sin previa verificación del impacto ambiental en la zona. La denuncia no es nueva. El proyecto fue cuestionado desde el 2006, antes de que comiencen los trabajos de construcción. El propio presidente del consorcio que construye la represa de Jirau, Víctor Paranhos, dijo que el Instituto fue “inducido al error”. El embalse permitido era de 70,5 metros “sin evaluar y cuantificar adecuadamente” el impacto ambiental
El 2012, la Agencia Nacional de Aguas ordenó que la represa de San Antonio reduzca el embalse a un tope de 68,5 metros cuando el río Madera alcance los 34.000 metros cúbicos por segundo. A principios de febrero el embalse estaba a una altura de 70,4 metros y el caudal del río era de 38,315 metros. Y sin embargo, la empresa contratista del consorcio, cuyo mayor accionista es la franco-belga GDF Suez, pretendía elevar la cuota de embalse a 71,3 metros. Si eso sucede, las poblaciones afectadas, entre ellas Jaci Paraná “quedarían prácticamente bajo el agua”, reconoció Paranhos
En territorio boliviano, además de los desastres materiales que ya provocó el desborde de los ríos en el Beni, los daños a futuro son aún difíciles de cuantificar. Se denunció ya la disminución de la pesca en Riberalta y Guayaramerín. Y disminuyó no solo porque las represas cortan el circuito de vida de las variedades de peces migratorios sino porque cambian la calidad de las aguas. Los árboles y plantas que quedan largo tiempo bajo el agua se pudren y generan anhídrido carbónico. Y eso daña la fauna fluvial que no se limita solo a los peces. De la fauna terrestre ya se conoce las consecuencias, porque se ahogó. Y no solo fueron vacas y animales de granja. Y todavía se desconoce los daños a la flora en general.
El año 92, durante la campaña electoral en Estados Unidos, Bill Clinton le dijo a George Bush “es la economía, estúpido”, en referencia al foco central de los problemas que afligían entonces a los norteamericanos. Parodiando la frase, habría que decirles a las autoridades de nuestro país que el problema que crean las represas brasileñas en Bolivia “es el daño al medio ambiente…”, no solo las inundaciones.
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