el golpe de los cocadólares se denominó a la toma del poder por los militares encabezados por García Meza, prevalido de su condición de primo hermano de la Presidente Gueiller y comandante del Ejército, se alió a los pichicateros y se tomó el poder (Segmento II de narcotráfico y política del FACEBOOK)

El Golpe de los «Cocadolares»
El golpe militar de García Meza-Arce Gómez, motejado por la prensa internacional como «El Golpe de los Coca-dólares», comenzó en la mañana del 17 de julio de 1980, con el levantamiento del Regimiento de Trinidad, capital de Departamento del Beni. Cuando se conoció la noticia, a través de los medios de comunicación social, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) llamó a una reunión urgente con el fin de evitar por todos los medios que se quebrase el proceso constitucional, en esos momentos representado por el gobierno legítimo presidido por la señora Lidia Gueiler. La reunión se realizó esa misma mañana en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), y en ella participaban casi todos los partidos, así como representantes de la Iglesia, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, de la Universidad y los propios dirigentes de la COB.
Al principio de la reunión, Marcelo Quiroga Santa Cruz propuso el que la COB decretase una huelga general, sugerencia que fue aprobada. Cuando, poco después se leían las resoluciones adoptadas delante de las cámaras de la televisión, comenzaron a oírse algunos disparos. Inicialmente se pensó que se trataba de un tiroteo de intimidación, pero pronto todos pudieron convencerse de que los vidrios del edificio saltaban con los disparos y que el ataque iba dirigido, de un modo bien planificado, en contra de la Central Obrera Boliviana.
Los paramilitares, dirigidos por el famosos asesino Fernando «Mosca» Monroy, habían rodeado el edificio y unos 20 de ellos, manejando armamento moderno, entraban a su interior. Todos habían llegado en ambulancias que, por orden del Coronel Arce Gómez, habían sido requisadas de la Caja de Seguridad Social. Cuatro jeep acompañaban a esas ambulancias.
Marcelo Quiroga fue identificado cuando bajaba por las escaleras, junto con los demás detenidos y con las manos en la nuca. Le quisieron separar del grupo, sin duda para asesinarle sin la presencia de testigos. El resistió a separarse del grupo y en ese momento uno de los paramilitares le disparó una ráfaga, quedando gravemente herido. Fue llevado al Estado Mayor del Ejército, en la zona de Miraflores, donde, después de torturarle, le asesinaron. En el edificio de la COB cayeron muertos el dirigente Gualberto Vega y el dirigente político Carlos Flores. Algunos de los que asistían a la reunión de CONADE lograron esconderse o escapar; los demás fueron llevados presos al Cuartel del Estado Mayor del Ejército.
Los grupos paramilitares, en un operativo perfectamente coordinado, tomaron las emisoras de La Paz, de tal modo que la opinión pública quedase desinformada de lo que realmente estaba sucediendo en esos instantes. A las 13,30 invadieron el Palacio de Gobierno, tomando presos a la Presidenta de la República y a sus Ministros. Todo pudo hacerse con tal rapidez que ni el Gobierno, ni los partidos pudieron presentar un esquema válido de resistencia.
Los comentarios y las denuncias en el sentido de que numerosos «asesores» argentinos eran quienes planificaban los objetivos y quienes hacían los interrogatorios y torturaban a los presos se fueron haciendo cada vez más insistentes, hasta que se llegó a su verificación total (ver apéndice 2).
De nada servía que el pueblo en general, y especialmente los mineros, estuvieran dispuestos a no ceder de ningún modo ante los golpistas y a presentarles batalla. Algunos centros mineros resistieron una semana; otros, como Viloco y Caracoles, lucharon durante 18 días frente a un ejército regular que los rodeaba con tanques y los bombardeaba desde sus aviones. Siles Suazo declaraba que se había organizado un «gobierno clandestino». Lo cierto era que el golpe había triunfado.
Pero en ese mismo instante comienza también a tenderse el cerco político y económico en contra del nuevo régimen de Bolivia. La razón principal de este hecho no está en que se haya roto el proceso democrático, ni tampoco en la ideología fascista de los golpistas, ni aun siquiera en la falta total de libertad o en la represión generalizada o en las crueles torturas a que son sometidos todos los presos... La razón del cerco está en la cocaína.
El «Washington Post» afirmó que el principal motivo del golpe fue el miedo de los generales a perder millones de dólares procedentes del narcotráfico. La prensa de los Estados Unidos, informada, sin duda, por los responsables de DEA y por el propio Departamento de Estado, comienza a denunciar abiertamente, con nombres y datos precisos, la relación directa entre el nuevo gobierno boliviano y el narcotráfico. Se dan fechas y lugares exactos donde se realizaron las reuniones en las que los narcotraficantes, a través de Abraham Baptista, de José «Pepe» Paz, de Edwin Gasser, de Pedro Bleyer o de Sonia Atalá aportaban gran cantidad de dólares para «comprar» la conciencia de los generales indecisos para participar en el golpe. También denuncian que las armas usadas por los paramilitares habían sido compradas con el dinero de la droga.
Desde el propio Senado de los Estados Unidos es desde donde surgen las acusaciones más graves y más documentadas. El Senador De Concinni llega a afirmar que los narcotraficantes se han hecho con el poder en Bolivia. Van saliendo a luz pública los nombres de los principales militares implicados en el narcotráfico o que reciben de él fuertes sumas de dinero: General García Meza, Coronel Arce Gómez, General Waldo Bernal, General Hugo Echeverría, Coronel Ariel Coca, Mayor Rudy Landivar, Coronel Rolando Canido, Coronel Faustino Rico Toro, Coronel Norberto Salomón, Coronel Doria Medina, Coronel Jorge Lara... También aparecen numerosos nombres de civiles, casi todos ellos pertenecientes a la alta burguesía boliviana. Esas personas tienen también relaciones extrechas con los militares y muchas de ellas han colaborado políticamente en el gobierno del General Bánzer. Tanto el gobierno como la opinión pública de los Estados Unidos tomaron posiciones contrarias al régimen militar boliviano, ya que el 70 % de la cocaína que ingresa ilegalmente a ese país procede de fuentes bolivianas.