La
Paz, 1 de abril de 2012
Señora
Dra. Nardy Suxo
Iturry
Ministra de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
Presente
De mi
consideración:
En respuesta a
su CARTA/MTILCC/DESP/2012-0127 de 19 de marzo del año en curso firmada a su
nombre por persona no identificada, con firma ilegible, en la que me solicita
haga llegar pruebas que sustenten las declaraciones que mi persona “habría realizado a Plus TV, la misma que
fue publicada el día de hoy en el periódico “El Páis” de Tarija, en la cual
acusa a la Empresa Brasileña OAS de haber financiado las campañas electorales
de Evo Morales y del ex Presidente del Brasil Lula de (sic) Da Silva”, presento las siguientes consideraciones.
 |
| Ministra Suxo destinataria de misiva de JMB |
Llama la
atención que su despacho reaccione a estas declaraciones ahora que, ante la
amenaza de destrucción del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro – Securé
(TIPNIS), se cuestiona la irregular contratación de OAS para la obra Villa
Tunari – San Ignacio de Moxos pues desde
agosto de 2008 hice otras en el mismo sentido.
Entre ellas resalto las siguientes:
·
Entrevista en “El Nacional” de Tarija de 15 de
agosto de 2008 bajo el título “José María Bakovic: ´Hay una llamativa
preferencia del MAS por OAS que le habría financiado su campaña¨”.
·
La misma entrevista anterior publicada en “La Razón”
de La Paz de 15 de agosto de 2008.
·
Entrevista en la Revista “OH” de “Los Tiempos” de
Cochabamba de 21 de diciembre de 2008 bajo el título “Se debe eliminar la
injerencia político partidista”.
·
Entrevista en “La Razón” de La Paz de 11 de marzo de
2009 en la que se detalla la participación del Dr. Santos Ramírez en el
relacionamiento con la empresa OAS.
·
Entrevista en “Página Siete” de La Paz de 29 de
octubre de 2011 bajo el título “Las constructoras brasileñas parecen haberse
loteado el país”.
En la primera
entrevista ya se cita como fuente a la revista semanal Siglo XXI debiendo
añadir también la columna de Sergio M.
Alemán Avila de 21 de agosto de 2007 en
“El País” y “El Nacional” de Tarija, “La Prensa” de La Paz de 15 de septiembre
de 2007 y “El País” de 22 de septiembre de 2007.
Todas mis declaraciones son en MODO CONDICIONAL,
su común denominador. Las del día 19 de
marzo en “El País” de Tarija a que se refiere su carta dicen: “ …
Esta entrega (del proyecto Potosí – Tarija de Queiroz Galvao a OAS) sería parte de un paquete a
nivel plurinacional con la inclusión de Potosí – Uyuni y Villa Tunari – San
Ignacio de Moxos que se habría
comprometido el MAS con OAS en pago por el aporte que habría hecho esta empresa a las campañas políticas de Lula y
Evo”.
Alarma que su
despacho se concentre en la sospecha
sobre el posible financiamiento de las campañas políticas, pero ignore las evidencias de las
múltiples denuncias que hice sobre corrupción en la ABC de Patricia Ballivián,
incluyendo la cesión irregular de contratos a OAS. La siguiente es una lista de acciones
realizadas por mi persona ante su autoridad y que merecieron una actitud
displicente, de rechazo y amenaza ante mis denuncias:
·
Recibirme por única vez en abril del 2007 para
escuchar, no atender, mis denuncias, únicamente en atención a la solicitud de
la Dra. Lorena Araníbar quien me acompañó.
·
No atender la
solicitud de doña Ana María Romero de Campero en junio del 2008.
·
No responder a mi carta de 19 de septiembre de 2008
en que le hago notar la irregular contratación de OAS para el proyecto Villa Tunari
– San Ignacio de Moxos.
·
No atender lo denunciado en dicha carta acerca de
los e-mails de la corrupción en ABC
develados en agosto del 2008 donde se confirmó que los agentes de la corrupción
que actuaron con los partidos tradicionales antes de mi gestión habían vuelto a
Caminos con Patricia Ballivián. Quedaron
sin ser identificados ni procesados: “Chicho”, “los Chavucos”, “R. Saavedra”, “Cotapati”, “Alvarín”, “M.
Estenssoro”, “Ernesto”.
·
No aceptar mi oferta de apoyo en carta de 23 de
marzo de 2009 en el caso “Las Piedras” en
que Katia Valverde de Matkovic reclamaba $us 10 millones por la explotación de
un yacimiento del Estado, concesión obtenida ilegalmente por su esposo Goran
Matkovic. Nuestra oferta de apoyo habría
evitado el pago y permitido recuperar el yacimiento.
·
Responder a la oferta anterior con amenazas de nuevos procesos a través de interpósita
persona, Carlos Jemio Bacarreza, Liquidador
a.i. del SNC Residual y encargado del acoso judicial contra mi persona, en
carta SNC-R/LIQ/2009-0265 del 3 de abril del 2009.
Ante la amenaza
de iniciarme más procesos en respuesta a mi oferta de apoyo, el 17 de abril de
2009 me vi obligado a responderle que “ …
debo comunicar a su autoridad que en el futuro me inhibiré de hacer ofertas
similares de colaboración a su despacho”.
No cabía otra respuesta de mi parte pues, además de desechar mis
denuncias y oferta de apoyo, se cumplía el principio de su gobierno en la
persecución de enemigos: “procesar al denunciante”.
Su despacho
debiera recurrir a los archivos institucionales en búsqueda de todas las
referencias enviadas a su persona, pero contrario a ello, lo único que hacer
es:
·
Dirigir y promover el acoso judicial contra mi
persona que ya lleva 42 causas abiertas y al que se anuncia añadir unas 30 más,
todas con clara violación de mis derechos fundamentales, incluyendo dos
prisiones ilegales: la primera de este régimen en San Pedro y otra en Tarija,
ambas ordenadas por el Ministerio de la Presidencia en clara violación de la
independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial (como entonces se
denominaba) coincidente con proyectos a ser entregados a la empresa OAS.
·
Permitir que por seis años se mantenga a costa del
Estado el Servicio Nacional de Caminos Residual cuya principal función es
fabricar procesos sin fundamento contra mi persona.
Su despacho cumpliría
mejor sus objetivos si, en vez de
concentrarse en la sospecha del
financiamiento de la campaña de Evo Morales, abocara su atención a las evidencias de delitos en
los contratos de la ABC de Ballivián con la empresa OAS, para lo cual
cito un acápite de la carta que el 26 de septiembre de 2011 dirigí al señor Dr.
Luis Sánchez-Gómez Cuquerella, Presidente Ejecutivo a.i., de la ABC pidiendo “Expulsión de OAS por actitud bandeirante”:
·
Cesión sin licitación del contrato para la
carretera Potosí – Tarija incrementando
su costo al doble del original y liberando a la empresa Queiroz Galvao de sus
obligaciones, cancelando a ésta la suma de $us 23 millones y devolviendo
garantías sin exigir la conclusión de la obra ni reparación de los daños,
incluyendo la reconstrucción del Túnel Alarache.
·
Adjudicación ilegal de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos
al doble de lo que sería un costo razonable a través de la manipulación de
cifras para obtener un precio de
referencia inflado, violando además las normas nacionales al no tener antes de
la licitación:
o
estudio de factibilidad que defina
alternativas y costos financieros, económicos y medio ambientales de cada una
de ellas,
o
diseño básico con el trazo
correspondiente,
o
licencia ambiental y consulta con los
originarios, particularmente del TIPNIS, y
o
precio de referencia fundamentado en los
parámetros anteriores.
·
Pésimo desempeño en la ejecución de los
proyectos Potosí – Uyuni y Potosí –
Tarija.
Ha sido el
mismo Presidente Evo Morales Ayma quien ha criticado en diversas oportunidades
el pésimo desempeño de la empresa OAS en los proyectos que tiene en actual
ejecución. Hoy día, tardíamente, lo hace
también el Presidente Ejecutivo a.i. de la ABC, Luis Sánchez-Gómez Cuquerella. ¿Por qué no se la sancionó oportunamente? ¿De qué privilegios goza OAS? Convendrá que su
despacho analice el por qué OAS ha quedado como única empresa brasileña en
nuestro país con un paquete de contratos que ya se acerca al anunciado monto de
$us 1 mil millones. Lo he dicho antes: “entregarse
a transnacionales es dependencia, a una es servilismo”.
Las irregularidades en los contratos de OAS hacen que la sospecha del financiamiento de OAS a
la campaña de Evo Morales se vaya acercando a esta hipótesis, conclusión
a la que podría llegar su despacho si realiza un análisis profesional e
independiente.
Las pruebas,
Sra. Ministra, deben ser obtenidas por autoridad competente en un proceso de
investigación que su despacho debió promover hace más de cuatros años, para de
ese modo garantizar la legal obtención de la misma y no pedirme éstas, cuando
lo único a lo que me he abocado en estos últimos seis años es a defenderme de
la persecución juidicial, expresión de una sañuda purga política a la que jamás
debieron someterme ya que no soy político ni candidato a cargo público alguno.
Al igual que lo
hice en mi gestión como único Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de
Caminos Institucionalizado, desde el llano seguiré luchando en defensa del
Estado a la espera de un régimen verdaderamente democrático con independencia
del Ministerio Público y del Órgano Judicial cuando la lucha contra la corrupción
no sea instrumento de control político.
La
saluda,
Lic. José María Francisco Bakovic Turigas
Ex Presidente Ejecutivo
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