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martes, 10 de julio de 2012
es bueno. es saludable y podemos aprender de la historia. segmento de otros que reproduciremos relacionado con la historia de la cocaína en Bolivia (Seg. I)
Pero en ese mismo instante comienza también a tenderse el cerco político y económico en contra del nuevo régimen de Bolivia. La razón principal de este hecho no está en que se haya roto el proceso democrático, ni tampoco en la ideología fascista de los golpistas, ni aun siquiera en la falta total de libertad o en la represión generalizada o en las crueles torturas a que son sometidos todos los presos... La razón del cerco está en la cocaína.
El «Washington Post» afirmó que el principal motivo del golpe fue el miedo de los generales a perder millones de dólares procedentes del narcotráfico. La prensa de los Estados Unidos, informada, sin duda, por los responsables de DEA y por el propio Departamento de Estado, comienza a denunciar abiertamente, con nombres y datos precisos, la relación directa entre el nuevo gobierno boliviano y el narcotráfico. Se dan fechas y lugares exactos donde se realizaron las reuniones en las que los narcotraficantes, a través de Abraham Baptista, de José «Pepe» Paz, de Edwin Gasser, de Pedro Bleyer o de Sonia Atalá aportaban gran cantidad de dólares para «comprar» la conciencia de los generales indecisos para participar en el golpe. También denuncian que las armas usadas por los paramilitares habían sido compradas con el dinero de la droga.
Desde el propio Senado de los Estados Unidos es desde donde surgen las acusaciones más graves y más documentadas. El Senador De Concinni llega a afirmar que los narcotraficantes se han hecho con el poder en Bolivia. Van saliendo a luz pública los nombres de los principales militares implicados en el narcotráfico o que reciben de él fuertes sumas de dinero: General García Meza, Coronel Arce Gómez, General Waldo Bernal, General Hugo Echeverría, Coronel Ariel Coca, Mayor Rudy Landivar, Coronel Rolando Canido, Coronel Faustino Rico Toro, Coronel Norberto Salomón, Coronel Doria Medina, Coronel Jorge Lara... También aparecen numerosos nombres de civiles, casi todos ellos pertenecientes a la alta burguesía boliviana. Esas personas tienen también relaciones extrechas con los militares y muchas de ellas han colaborado políticamente en el gobierno del General Bánzer. Tanto el gobierno como la opinión pública de los Estados Unidos tomaron posiciones contrarias al régimen militar boliviano, ya que el 70 % de la cocaína que ingresa ilegalmente a ese país procede de fuentes bolivianas.
Para probar, con la máxima objetividad, hasta qué punto están implicados gran parte de los Jefes y Oficiales de la institución castrense boliviana en el narcotráfico vamos a optar por reproducir sus propios testimonios. Serán los mismos Jefes militares los que nos digan quiénes de ellos son los implicados y hasta qué extremos llega la corrupción en su institución. Añadiremos a ello sólo los testimonios de personas, que por su alta investidura o por su especial autoridad en la materia, sus opiniones merezcan total credibilidad.
Saliendo del hermetismo general que ha rodeado siempre a las noticias referentes a Jefes militares implicados en el narcotráfico, el 15 de enero de 1982, el Ministro de Defensa, General Armando Reyes Villa, declaraba: «Los Oficiales que están implicados en el narcotráfico están siendo procesados» («Presencia», 15-I-82).
El 10 de noviembre de ese mismo año aparece una Circular del Comando General del Ejército en la que se insta a los Oficiales que tengan conocimiento de delitos de narcotráfico para que se presenten al Tribunal Supremo de Justicia Militar a declarar.
El General Humberto Cayoja, al abandonar el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, denunció ante la opinión pública que había dejado en el escritorio del que fue su despacho un archivo de 300 páginas que contenía la nómina de los militares implicados en el narcotráfico. Esa documentación, afirma el General Cayoja, desapareció misteriosamente sin que nadie, hasta la fecha, sepa su paradero.
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