se refiere El Dia al "desprecio por la vida" como ha calificado el Defensor del Pueblo, lo sucedido en Tambo Quemado cuando un chófer perdió la vida en manos de dos oficiales de las FFAA, después de "someterlo a una brutal golpiza".

Como un total “irrespeto por la vida” ha sido calificado por el Defensor del Pueblo, el dramático incidente ocurrido el pasado lunes en la localidad fronteriza de Tambo Quemado, donde un transportista murió a manos de dos oficiales de las Fuerzas Armadas que aparentemente se encontraban borrachos. Los dos uniformados aprehendieron al conductor del camión Juan José Mamani y lo sometieron a una brutal golpiza dentro de un cuartel hasta acabar con su vida.

Ha causado estupor esta forma de proceder de los militares, que actuaron con saña y sangre fría en un momento en el que debían proceder con prudencia, pues se encontraban en medio de un conflicto con bloqueos y dirigentes exaltados. Lo más llamativo es la presencia del alcohol en este episodio, un elemento que merece una explicación no solo de los dos sujetos involucrados, sino quienes estaban al mando de los operativos de disuasión.

Es destacable la reacción del Ministerio de Defensa que inmediatamente de producido el caso, ha ordenado el retiro y la puesta a disposición de la justicia ordinaria. Sin embargo, reiteramos la necesidad de realizar una investigación exhaustiva que involucre los procedimientos usados por los militares y el accionar de quienes en ese momento debían estar supervisando las acciones. De otra manera, la opinión pública tiene el derecho a pensar que ese tipo de conducta es habitual dentro de los recintos castrenses, donde siguen sumando los sucesos violentos contra los conscriptos, con decenas de casos que no han sido esclarecidos ni atendidos con la misma celeridad que han demostrado esta vez.

Precisamente el Defensor del Pueblo ha reiterado un pedido que viene haciendo hace mucho y que consiste en terminar con la impunidad dentro de los cuarteles, donde según él considera, está instaurada una cultura de la violencia, del abuso y de los malos tratos hacia seres humanos que acuden para presentar un servicio, obligación que muchos evaden precisamente por evitar los golpes y los vejámenes. Es triste que en pleno siglo XXI y precisamente cuando tanto se habla de lucha contra la discriminación, funcione este embudo social en las Fuerzas Armadas, donde las víctimas siguen siendo en su mayoría jóvenes de origen campesino e indígena que todavía creen en esa forma de “rendirle honor a la patria”.

Lo que necesitamos todos los bolivianos, incluidos los servidores públicos y con mayor razón los militares, es inclinarse ante la ley, los derechos humanos y la transparencia, pues un regimiento no debe ser garantía de privilegios ni de carta blanca para abusar y pisotear las garantías constitucionales. Nadie quiere pensar que las autoridades civiles toleran estas conductas que no hacen más que avivar las sospechas de que está en marcha un proceso de degradación militarista de un régimen que prometió un periodo democrático “sin muertos”.