José Gramunt utiliza el Diccionario Jurídico más preciso cuando usa los adjetivos más duros en contra de los corrupción extorsionadores del Gobierno que van cayendo en Palmasola uno a uno.

El gran escándalo que salió a luz la semana pasada ha conmocionado a gran parte de la opinión pública nacional, especialmente en quienes todavía creían en las manos limpias de este gobierno del cambio. Además, ha suscitado más sospechas sobre la honradez y probidad de gran parte de los que hoy nos gobiernan. El primero que rompió ese escandaloso silencio fue el ministro de Gobierno. Guardar silencio sobre hechos delictivos por varios meses, es mucho Y podría ser juzgado como encubrimiento.

La red delictiva es una telaraña gangrenosa en la que cada vez se descubren nuevos funcionarios prendidos como moscas. Hasta ahora se ha dicho que se trataría de funcionario de nivel medio, algunos incluso, asesores del Gobierno. Sin embargo, a medida que unos van cayendo, y si no se practica una limpieza rápida y a fondo, crece la sospecha de que caigan  también algunos funcionarios de alto rango.

Así vamos comprobando algo que se sabía: Personas que creíamos ciudadanos probos,  se encharcan en  la codicia que suele ser el atractivo más poderoso del ejercicio político. Pero, como reza el refrán la codicia rompe el saco. Y el saco se está rompiendo.

Así las cosas, no sería la primera vez en la que alguna autoridad oficial utiliza la intimidación, la fuerza o la coacción moral sobre otra persona, (términos precisos del Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio cuando define el delito de extorsión) con el fin de obtener de ella alguna ventaja. Esto es lo que han venido practicando los implicados en la ola de corruptos que van entrando en Palmasola. Y todavía quedan otros que aún caminan libres por las calles, aunque están en la mira del Ministerio de Gobierno, como reveló el propio ministro.

Todavía más graves son los casos en que un potencial denunciante, se guarde en lo más profundo de su conciencia la denuncia que podría presentar a la justicia plurinacional, por temor a que se lo juzgue también a él por el delito de cohecho. Cohecho activo cuando se entrega dinero al funcionario público con el fin de obtener alguna ventaja ilícita o evitar alguna sanción; cohecho pasivo cuando el funcionario acepta  ese dinero. Así lo dejó entender la ministra de Transparencia, Nardi Suxo cuando instó a la Fiscalía General del Estado Plurinacional, procesar a cualquier sospechoso de extorsión. Con lo cual, parecería que  la señora ministra trata de blindarse contra cualquier acusación en su contra. Tarde piaste, porque el expresidente de YPFB, Santos Ramírez, encarcelado por graves delitos, formuló esta amenazadora petición: “denme 45 minutos para desenmascarar a la ministra de Transparencia”. Pero dejó que flote en el aire la insidia que el genio popular formula de esta manera: denuncia, que algo queda. Con lo cual, la madeja se va enredando más y más.

Y el propio mandatario, Evo Morales ya dijo haber recibido unos mensajitos de una embajada, aunque no dijo cual. Así que, algo sabía y tampoco dijo nada. ¿Secreto de Estado? Y sin embargo, pasaron 18 meses desde que el judío-norteamericano Jacob Ostreicher fue detenido y permanece enfermo, supuestamente por alguna relación con la banda de extorsionadores, de acuerdo con declaraciones -siempre imprecisas- del ministro de Gobierno.

Aquí no termina el escándalo. Entre los muchos cabos que quedan por atar, está la incógnita sobre un supuesto cerebro de la banda delictiva, o si ésta no era otra cosa que el fruto podrido del sistema político  reinante.